El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ofreció una cerrada defensa a la tramitación realizada por el Ayuntamiento de la macrofiesta egipcia de Sa Pedrera del 13 de agosto y rechazó todos los puntos planteados por el PSOE, después de que el portavoz socialista, Raúl Díaz, exigiera su dimisión al final de una moción de control que calificó el expediente de «un absoluto desastre».
Así, la polémica por el uso del agua y los permisos para la celebración privada en la cantera abandonada dominó la mañana del debate en el pleno de Sant Antoni y levantó la temperatura entre los populares y los socialistas.
Tras la moción de control socialista y la réplica de la concejala de Urbanismo y Actividades, Eva María Prats, el alcalde tomó la palabra para cerrar el debate con una defensa extensa sobre las actuaciones municipales, que resumió en varias ideas centrales.
«No hubo secretismo»
Serra rechazó de entrada que el evento se hubiera organizado con opacidad. «¿Hubo secretismo u opacidad? No, se sabía quién organizaba el evento, dónde se celebraba, cuál era la temática, cuál era el aforo previsto y existía un expediente administrativo con documentación, informes y una autorización», sostuvo.
El alcalde utilizó como argumento la propia extensión de la moción socialista: «Tan secreto debía ser todo que hoy ustedes han podido presentar una moción de varias páginas desgranando documento por documento este expediente».
La tasa de 199 euros «no es el alquiler»
Uno de los puntos en los que más insistió Serra fue en corregir lo que considera una lectura errónea del importe cobrado por el uso de Sa Pedrera.
«¿El Ayuntamiento alquiló Sa Pedrera por 199 euros? No, y creo que esto hay que dejarlo definitivamente claro. Los 199 euros no son el precio de alquiler de Sa Pedrera, son la tasa administrativa correspondiente a la tramitación de la actividad», afirmó, remitiéndose al propio texto de la moción socialista para respaldar su argumento.
El interés general: la donación de 50.000 euros
El alcalde defendió que la autorización se sustentó en el carácter benéfico del evento, con un compromiso de donación de 50.000 euros —40.000 a Cáritas Sant Antoni y 10.000 al Motoclub de Ibiza y Formentera—.
Matizó, no obstante, los límites de ese argumento: «Una aportación benéfica no compra una autorización y no permite a nadie saltarse ninguna norma. Pero tampoco podemos irnos al extremo contrario y pretender ahora que una aportación de 50.000 euros a entidades sociales y deportivas de nuestra isla no supone ningún interés para la comunidad».
Serra insistió también en relativizar la magnitud del evento y el entorno donde se celebró: «Estamos hablando de una actividad privada, de aforo limitado a 350 personas, tramitada administrativamente como actividad no permanente inocua», y rechazó que se hubiera autorizado una fiesta «en medio de un bosque, un espacio natural virgen», recordando que Sa Pedrera es «una antigua cantera, un espacio profundamente transformado por la actividad desarrollada hace ya décadas».
«No sabíamos que iba a ser un lago real»
El tramo más extenso de la intervención del alcalde se dedicó a defender su versión sobre el lago artificial, el elemento que más polémica ha generado.
Serra reconoció que la palabra water aparecía en los planos de la memoria técnica, pero defendió que no equivalía a una información clara sobre el uso real de agua. «Es cierto que en algunos planos aparecía la palabra water, pero nunca hemos negado la existencia de estos planos […] estamos hablando de los planos de una escenografía en la que también aparecían pirámides, templos, obeliscos y numerosos elementos decorativos, y ninguno eran de piedras de veinte, treinta o cincuenta toneladas de peso», argumentó, sosteniendo que la memoria descriptiva «no detalla que se fuera a crear un lago con agua real, ni especifica sus dimensiones ni indicaba la cantidad de agua que se pretendía utilizar».
El alcalde cuestionó también la cifra de 170 toneladas de agua que ha circulado durante semanas, señalando que ni siquiera la propia moción del PSOE la presenta como un dato acreditado por el Ayuntamiento: «Dice expresamente que procede de informaciones aparecidas en prensa. Y una cosa son las estimaciones publicadas y otra los datos acreditados».
Pese a defender que no se autorizó a sabiendas del uso real de agua, Serra quiso dejar constancia del rechazo municipal al hecho consumado: «El Ayuntamiento no le pareció correcto el uso del agua, no lo comparte y lo criticamos desde el momento en que tuvimos conocimiento de él».
«Un relato construido a partir de titulares»
El alcalde concluyó su intervención resumiendo su versión de los hechos en una enumeración de negaciones: no se alquiló Sa Pedrera por 199 euros, no fue una fiesta secreta, no se celebró en un bosque o paraje natural virgen sino en una antigua cantera, y no se autorizó sabiendo que se iba a crear un lago con agua real de esas dimensiones.
«El principal elemento de interés general que motivó la autorización fue el carácter benéfico del evento y una aportación de 50.000 euros destinada a entidades de nuestra isla», reiteró.
Serra reconoció el derecho de la oposición a fiscalizar y de la prensa a informar, pero pidió distinguir eso de lo que consideró la construcción de un relato: «Un expediente administrativo exige rigor, contexto y explicar todos los hechos, no únicamente aquellos que encajan mejor en un determinado relato».
La defensa del alcalde llegó después de que el portavoz del PSOE, Raúl Díaz, cerrara su propia intervención acusando a Serra de haber mentido sobre el conocimiento previo del lago y exigiendo su dimisión «de forma irrevocable» por, en sus palabras, falta de verdad, incapacidad y haberse saltado la legalidad vigente para favorecer a un pequeño grupo.
El alcalde no respondió directamente a la petición de dimisión en su turno de cierre.
