El proyecto de nueva Ley Agraria de Baleares ha provocado un enfrentamiento entre el PP y el PSOE del Consell de Ibiza por sus posibles consecuencias sobre el suelo rústico. Durante la Comisión General de Consells Insulars celebrada este miércoles en el Parlament balear, el vicepresidente insular, Mariano Juan, defendió la reforma impulsada por el Govern de Marga Prohens como una herramienta para mejorar la rentabilidad del campo. Por el contrario, la portavoz socialista Elena López cuestionó que la propuesta priorice la actividad agraria frente a otros usos del territorio.
Juan sostuvo que la nueva normativa sigue la línea de las políticas desarrolladas por el Consell durante los últimos años. El vicepresidente resumió los objetivos de la institución en «menos burocracia, más oportunidades para nuestros agricultores», una orientación que considera compartida por el proyecto autonómico.
Para respaldar su posición, el representante del gobierno insular destacó el aumento de las explotaciones agrarias y ganaderas registradas en Ibiza. Entre 2019 y 2025, las primeras pasaron de 1.527 a 1.773, lo que representa un incremento del 16 %. En el mismo periodo, las ganaderas aumentaron de 734 a 968, un 32 % más, según las cifras expuestas por Juan.
El vicepresidente también señaló que la superficie dedicada a la agricultura ecológica se duplicó entre 2020 y 2025, al pasar de 792 a 1.590 hectáreas. A su juicio, estos datos muestran una evolución que la futura ley debería contribuir a consolidar, aunque reconoció que el sector continúa afrontando dificultades estructurales.
Entre las medidas que el Consell considera favorables figuran las facilidades para transformar y comercializar productos locales, recuperar tierras sin cultivar y desarrollar actividades complementarias. Juan también destacó las oportunidades para las empresas de servicios agrícolas y la posibilidad de aprovechar antiguas construcciones vinculadas a explotaciones agrarias.
La institución insular relaciona estos cambios con actuaciones anteriores, como el Reglamento de simplificación administrativa de 2022 y la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) culminada en 2025. Según Juan, la reducción de trámites y la mejora de la viabilidad económica de las explotaciones son necesarias para favorecer el relevo generacional.
«Proteger el campo no es solo preservar el suelo rústico sino facilitar que quienes lo trabajan puedan ganarse la vida. Esta es la filosofía que hemos defendido en Ibiza y que ahora recoge la nueva Ley agraria», planteó.
PSOE cuestiona nuevos usos del suelo rústico
La interpretación del PSOE de Ibiza es diferente. La portavoz socialista, Elena López, criticó que el proyecto del Govern conceda un peso excesivo a las actividades ajenas a la producción agrícola y ganadera.
Durante su intervención en el Parlament, López sostuvo que la reforma «prioriza la ampliación de los usos residenciales, turísticos y de actividades complementarias en el campo», en lugar de concentrarse en resolver las dificultades económicas del sector primario.
La representante socialista defendió la necesidad de actualizar la legislación agraria, pero cuestionó las prioridades del texto presentado por el Ejecutivo autonómico. En su opinión, la reforma debería centrarse en mejorar la rentabilidad de las explotaciones, incrementar la producción alimentaria y garantizar la continuidad de la actividad agrícola.
López advirtió, además, de que el proyecto presta «una atención mucho más importante a regular los usos no agrarios del suelo rústico». Su crítica se dirige, por tanto, al alcance de las actividades que podrían desarrollarse en terrenos cuya función principal debería seguir siendo agrícola o ganadera.
Cuatro alternativas para vincular las viviendas a la actividad agraria
El debate político se produce mientras el proyecto de Ley Agraria plantea nuevas condiciones para construir determinadas viviendas unifamiliares en suelo rústico, una cuestión que ya ha generado interrogantes entre propietarios y profesionales del sector en Ibiza.
Como ha explicado La Voz de Ibiza, el artículo 141.3 establece que las viviendas unifamiliares aisladas de más de 100 metros cuadrados construidos en fincas de al menos 14.000 metros cuadrados deberán cumplir una de cuatro condiciones vinculadas a la actividad agraria para obtener la licencia urbanística, si la norma se aprueba en los términos actuales.
La primera alternativa consiste en inscribir la superficie de la finca no ocupada por la vivienda ni por sus elementos accesorios en una explotación agraria durante un mínimo de 15 años desde la finalización de las obras. El compromiso deberá reflejarse en la licencia urbanística y en el Registro de la Propiedad, y la inscripción agraria tendrá que acreditarse para obtener la licencia de ocupación.
La segunda posibilidad es presentar un proyecto de inversión agraria a 15 años para la parte de la finca que quede libre de edificación. El documento deberá programar inversiones que incrementen la productividad agrícola, con una equivalencia mínima de 0,05 unidades de trabajo agrario (UTA) por cada 100 metros cuadrados construidos. El proyecto también fija condiciones sobre la ejecución de las inversiones y, cuando corresponda, la disponibilidad de agua para el riego.
La tercera opción permite alcanzar un acuerdo notarial con un agricultor profesional o con el titular de una explotación agraria prioritaria. El compromiso debe traducirse en un aumento del potencial productivo agrario equivalente, como mínimo, a una UTA al comenzar la construcción, y las inversiones realizadas deberán mantenerse durante al menos 15 años. De este modo, la actividad agrícola no tendría que desarrollarla necesariamente el propietario de la vivienda.
La cuarta alternativa consiste en poner a disposición de un banco público de tierras, durante un mínimo de 15 años, al menos el 50 % de la superficie agraria de la finca no ocupada por la vivienda ni por sus elementos accesorios. El promotor también deberá garantizar un acceso adecuado a esos terrenos para permitir su cultivo efectivo. El banco se plantea como un instrumento para facilitar que agricultores y cooperativas puedan aprovechar tierras disponibles.
Estas cuatro fórmulas son alternativas, no requisitos acumulativos: el promotor tendría que cumplir una de ellas, además de respetar el resto de las exigencias legales.
En Ibiza, el PTI establece con carácter general parcelas mínimas de 15.000 metros cuadrados para determinadas categorías de suelo rústico común, por lo que la referencia a 14.000 metros cuadrados de la futura ley no convierte automáticamente en edificables las fincas de esa superficie.
El proyecto también prevé un informe previo favorable, preceptivo y vinculante de la Administración agraria para la concesión de las licencias urbanísticas en los supuestos regulados por el artículo 141. De este modo, la comprobación de las condiciones agrícolas se incorporaría a la tramitación administrativa de las viviendas afectadas.
El presidente de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares, Lluís Oliva, ya había señalado a La Voz de Ibiza que la nueva regulación podría modificar las características de algunos proyectos residenciales y favorecer acuerdos con profesionales agrarios, aunque no necesariamente detener la construcción.
