La pelea entre Sa Unió y la concesionaria de autobuses no tiene paz. El Consell Insular de Formentera ha resuelto uno de los expedientes económicos pendientes con Autocares Paya, la concesionaria del transporte público regular de la isla, recortando a menos de la mitad lo que reclamaba la empresa.
Así lo aprobó la Junta de Gobierno el 28 de agosto, en un punto incluido por urgencia y por unanimidad. Se trata de una liquidación complementaria del ejercicio 2024 de 86.183,96 euros más IVA, es decir, 94.802,36 euros. La empresa pedía 190.157,75 euros más IVA (209.173,53 euros) por encima de lo ya cobrado ese año.
El acuerdo estima parcialmente tanto la solicitud de liquidación definitiva que Autocares Paya registró el 30 de marzo como el recurso de reposición que interpuso el 29 de julio ante la falta de respuesta del Consell. Rechaza expresamente el beneficio industrial del 6% que la empresa había sumado a su reclamación y los intereses de demora que pedía. En términos homogéneos, el Consell reconoce el 45% de lo reclamado.
Una liquidación ordinaria a cero
Según el informe técnico de Movilidad, que la Junta de Gobierno hace suyo como motivación del acuerdo, la liquidación calculada con la fórmula del contrato queda saldada. El contrato de obligaciones de servicio público para 2024, firmado el 10 de junio de ese año, fijaba un coste de referencia de 3,30 euros por kilómetro útil con IVA incluido.
Los 372.651,21 kilómetros útiles certificados arrojan un coste contractual de 1.229.748,99 euros. De esa cifra se descuentan 612.138,70 euros de ingresos reales del servicio y 617.610,29 euros ya abonados en pagos mensuales a cuenta. El resultado es de 0,00 euros, y el informe subraya que no queda ninguna mensualidad pendiente de 2024.
Por eso, el técnico sostiene que la reclamación de 190.157,75 euros «no deriva de esta fórmula». A su juicio, procede de «la sustitución del coste unitario pactado por los costes contables que el operador imputa posteriormente al servicio y de la adición de un beneficio industrial del 6%».
Las cuentas de la empresa
La empresa basó su petición en una cuenta analítica propia, revisada por ALM Auditores Pitiusos, que imputaba al servicio regular unos costes de 1.266.774,22 euros y un resultado negativo de 114.151,30 euros. A ese déficit le añadía un 6% de beneficio industrial, que el acta cuantifica en unos 76.000 euros.
El informe técnico resta valor a ese documento. Recuerda que el propio trabajo de ALM precisa que las cuentas anuales de 2024 «no fueron auditadas» y que no expresa una opinión de auditoría. Por tanto, esa distribución de costes «debía ser objeto de contraste antes de servir de base a una compensación con cargo a fondos públicos».
La Junta de Gobierno ya había requerido a la empresa, en una sesión extraordinaria del 29 de abril, información complementaria sobre el incremento de los gastos de personal y los criterios de reparto con el resto de sus actividades. Autocares Paya contestó el 27 de mayo con un informe de la firma Tool Alfa y las revisiones de cuentas de 2021 a 2024.
Lo que corrige Argon
Con esa documentación, la consultora Argon Consultores Económico-Financieros elaboró en julio un informe que revisa el libro mayor de 2024 partida por partida.
Su principal reparo afecta a los kilómetros. La empresa atribuía al servicio regular 417.369,36 kilómetros, entre ellos 44.718,15 kilómetros en vacío, y Argon considera que imputarlos íntegramente «no es adecuado». También excluye gastos de vehículos y servicios no regulares y advierte de «limitaciones» en la información sobre personal y amortización de la flota.
Tras esas correcciones, Argon rebaja los costes imputables de 1.266.774,22 a 1.204.137,59 euros sin IVA. Descontados 556.489,73 euros de ingresos de viajeros, obtiene un déficit de explotación de 647.647,87 euros. Frente a la compensación contractual de 561.463,90 euros, la diferencia es de 86.183,96 euros.
El informe precisa además que esa cantidad es «el importe adicional máximo» técnicamente justificado. La consultora contrastó el resultado con dos métodos sectoriales, que darían compensaciones todavía inferiores.
El 6% no es automático
Sobre el beneficio industrial, el técnico admite que la normativa europea (Reglamento CE 1370/2007) y la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres contemplan un «beneficio razonable». Sin embargo, sostiene que eso «no comporta la aplicación automática de un porcentaje del 6% sobre todos los costes declarados».
Ese margen debe estar previsto o justificado «mediante parámetros objetivos» que garanticen que no hay sobrecompensación.
Los intereses también se rechazan. El Consell argumenta que todas las mensualidades se pagaron y que la liquidación complementaria no estaba aprobada. Por tanto, según el artículo 198.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, no existía una obligación vencida. Deja abierta, eso sí, la puerta a intereses futuros si el pago se retrasa más allá del plazo legal una vez presentada la factura.
El silencio del Consell
El acuerdo reconoce que el Consell dejó vencer el plazo para responder. El informe calcula que el plazo máximo de tres meses terminó el 12 de julio, aun descontando los diez días de suspensión por el requerimiento. Cuando Autocares Paya presentó el recurso el 29 de julio, ya se había producido la desestimación por silencio.
El Consell rechaza la tesis de la empresa de que su recurso debía entenderse estimado automáticamente por «doble silencio», alegando que esa figura de la Ley 39/2015 se refiere solo al recurso de alzada y no al de reposición.
Un expediente sin informe de Intervención
El recurso de la empresa no aportaba una nueva liquidación desglosada ni discutía una a una las correcciones de Argon. Según recoge el acta, Autocares Paya afirmaba no disponer de ese informe y se reservaba ampliar sus argumentos. El acuerdo le entrega ahora una copia íntegra y foliada del expediente, informe de Argon incluido.
El Consell precisa que, cuando la empresa pidió acceso al expediente, no constaba ningún informe de la Intervención sobre la comprobación de la liquidación de 2024. Esto a pesar que es el órgano al que la cláusula 14 del contrato atribuye esa auditoría.
Sin embargo, la propuesta aprobada lleva el «intervenido y conforme» del interventor, Pablo Serra, y el informe técnico establece que, antes de reconocer la obligación y pagar, la liquidación debe someterse a la fiscalización de Intervención. La conformidad jurídica de la letrada de Movilidad y del secretario general se incorporó al expediente durante la propia sesión.
El informe técnico añade que «las alegaciones individualizadas que la empresa formule después de conocer el informe de Argon se deberán valorar antes de resolver definitivamente el recurso». Pero el mismo acuerdo que le facilita ese informe estima ya parcialmente el recurso, sin posibilidad de nuevas alegaciones por parte de la empresa.
Un frente abierto desde junio
Tal como avanzó La Voz de Ibiza, Autocares Paya comunicó a finales de junio al Consell el riesgo de cese del servicio por los impagos acumulados. Días después, los doce conductores amenazaron con parar si no cobraban sus nóminas.
El 10 de julio, el Consell aprobó un pago de 226.220 euros para cerrar la compensación de 2025 por la gratuidad del bono residente. Reconoció entonces que seguía trabajando en la regularización del resto de expedientes económicos de la concesión. El de 2024 se cierra ahora con un recorte de más de la mitad.
En silencio
La Voz de Ibiza ha contactado con Autocares Paya para conocer si recurrirá la decisión o si está conforme con el acuerdo. Sin embargo, hasta el momento de la publicación, la empresa no había ofrecido ninguna valoración.
