La batalla por el futuro del hotel inacabado de Punta Xinxó ha entrado en una nueva fase. La propiedad, Cala Xinxó S.L., ha comunicado formalmente al Ayuntamiento de Sant Josep que “procede a dar inicio los trabajos de construcción amparados por la licencia de modificación durante el transcurso de la ejecución de las obras de la licencia 431/06”, al entender que esa autorización quedó concedida por silencio administrativo positivo tras una solicitud presentada en 2009.
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La Justicia da el primer paso para desalojar el hotel inacabado de Punta Xinxó por el «alto riesgo» para los okupas
Esta maniobra choca de frente con la posición municipal, que en los últimos meses venía sosteniendo la caducidad de la licencia y la voluntad de demoler la estructura abandonada.
El núcleo del pulso está en un escrito registrado el 20 de marzo de 2026, en el que el consejero delegado de la mercantil sostiene que la solicitud presentada el 30 de junio de 2009 para modificar la licencia de obras 431/06 “no ha sido resuelta hasta la fecha” y que, al haber transcurrido sobradamente los plazos legales, “debe entenderse otorgada por silencio”.
Por eso, la empresa no pide una nueva licencia: lo que plantea es que esa licencia está en vigor, aunque de forma presunta, y reclama al Consistorio que dicte una resolución que así lo declare.
Limpieza, desalojo y ahora anuncio de obras
Los trabajos de limpieza detectados días atrás en la parcela encajan con este movimiento de la propiedad. La Voz de Ibiza ya había informado de que se habían iniciado tareas en el terreno impulsadas por la promotora, mientras el Ayuntamiento evitaba dar detalles por encontrarse el expediente “en tramitación”.
Ahora, con los documentos sobre la mesa, esa actividad cobra un nuevo sentido: no sería una actuación aislada de mantenimiento, sino el primer paso de una estrategia empresarial para reactivar el proyecto hotelero, recalificado como cinco estrellas, y consolidar su tesis de que la licencia sigue viva.
La secuencia, además, coincide con otro frente abierto por la propiedad: el judicial. Según avanzó este medio, el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza dio el primer paso para tramitar el eventual desalojo cautelar del edificio por el “alto riesgo” que supone su okupación. La promotora intenta así despejar el inmueble mientras, en paralelo, refuerza la idea de que puede retomar la obra.
Qué dicen los documentos
La base de la tesis empresarial está en la solicitud original de 2009. En ese documento, que obra en poder de La Voz de Ibiza, la promotora pedía la “actualización de la Licencia de Obra vigente 00431/2006” para adaptar el proyecto a la categoría de cinco estrellas, principalmente por el incremento de la planta sótano, y además solicitaba “una ampliación del plazo de las mismas hasta el 30 de mayo de 2012”.
Es decir, la empresa dejó por escrito hace casi diecisiete años que pretendía modificar la licencia del complejo, no abandonarla.
En el escrito remitido ahora al Ayuntamiento, la promotora da un paso más y convierte aquella solicitud de 2009 en el eje de su ofensiva jurídica. Allí afirma que, al no haber recaído resolución en plazo, el silencio administrativo produjo “un verdadero acto administrativo estimatorio”, apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en una sentencia del TSJ de Baleares que incorpora en su argumentación.
Con esa base, solicita dos cosas muy concretas: que el Ayuntamiento tenga “por anunciado el inicio de los trabajos” y que “acuerde expedir por esa administración resolución con declaración del otorgamiento de la licencia de obras de modificación” pedida en junio de 2009.
Hay un matiz clave en esta documentación: la empresa comunica el inicio de las obras porque considera que ya está amparada legalmente, pero en los documentos aportados no consta una resolución municipal que haya reconocido expresamente esa tesis.
El movimiento, por tanto, no cierra el conflicto, sino que lo agrava: la propiedad actúa como si la licencia estuviera vigente, mientras el Ayuntamiento venía sosteniendo exactamente lo contrario al defender la demolición del edificio inacabado.
Otro frente contencioso ligado al desarrollo urbanístico
Por otra parte, los documentos a los que accedió La Voz de Ibiza, permiten entender que la estrategia de Cala Xinxó S.L. no es nueva. En julio de 2019, la mercantil interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la “desestimación presunta de la solicitud de emisión de certificado acreditativo de la aprobación definitiva por silencio administrativo del estudio de detalle” de un ámbito de planeamiento municipal en Sant Josep.
Aunque ese escrito se refiere a otro trámite administrativo concreto, confirma que la vía del silencio administrativo forma parte desde hace años de la arquitectura jurídica con la que la empresa intenta defender la viabilidad del desarrollo.
Todo ello sitúa al Ayuntamiento ante una disyuntiva incómoda. Si mantiene su hoja de ruta de derribo, deberá hacerlo frente a una promotora que ha pasado de discutir la caducidad en los despachos a anunciar formalmente el arranque de las obras.
Si, por el contrario, abre la puerta a esa interpretación del silencio positivo, daría un giro radical sobre un expediente que el propio Consistorio había conducido hacia la demolición.
De fondo sigue intacta la imagen de un mamotreto okupado, degradado y sin resolver en primera línea de la bahía de Portmany.
El desalojo del edificio okupado
La propiedad ha dejado por escrito que empieza a mover ficha sobre el terreno y lo hace con un mensaje inequívoco al Ayuntamiento: no asume la demolición como desenlace, sino que sostiene que conserva el derecho a terminar el hotel.
Tras años de bloqueo, okupación y abandono, Punta Xinxó entra así en una fase de choque abierto entre la licencia que el Consistorio da por extinguida y la que la promotora afirma haber ganado por silencio administrativo.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza ha iniciado el trámite para acordar el desalojo cautelar tras recibir una solicitud de la propiedad que advierte del “alto riesgo” de que personas residan en una obra en construcción sin condiciones de habitabilidad.
El magistrado ha dictado una providencia en la que acuerda remitir la petición al Ministerio Fiscal para que informe sobre la medida cautelar solicitada, paso previo a decidir si ordena el desalojo del inmueble.
La causa se enmarca en un procedimiento por presunto delito leve de usurpación.
En su escrito, la propiedad sostiene que el edificio ocupado “no cuenta con los servicios imprescindibles para vivir” y que, al tratarse de una construcción inacabada, presenta riesgos inherentes a cualquier obra en curso, lo que eleva el peligro para las personas que permanecen en su interior.
Además, solicita al juzgado que, junto al desalojo, se autorice reparar el vallado perimetral que fue forzado para acceder al recinto, con el objetivo de asegurar la zona y evitar nuevas ocupaciones.
La petición subraya la necesidad de actuar para “impedir que el riesgo que se manifestó y que se vuelve a traer a colación acabe”.
La decisión judicial, fechada el 5 de diciembre de 2025, no acuerda por ahora el desalojo, pero sí activa el procedimiento al considerar necesario recabar la posición del Ministerio Fiscal. La resolución final dependerá de ese informe, que deberá pronunciarse sobre la idoneidad de la medida cautelar solicitada.
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Este movimiento judicial se produce en paralelo al proceso penal ya en marcha por la ocupación del inmueble, admitido a trámite también en el mismo juzgado de Ibiza, lo que añade presión a un conflicto que lleva años enquistado.
Un sueño trunco
El origen de este drama se remonta a 2006, cuando el Ayuntamiento de Sant Josep otorgó la licencia de obra para la construcción del hotel Bahía del Mediterráneo en primera línea de la bahía de Portmany.
La promotora Cala Xinxó S.L. preveía levantar un hotel de cuatro estrellas, con más de 250 habitaciones y, durante la ejecución, llegó a plantearse su ampliación a cinco estrellas. Sin embargo, la crisis de 2008 truncó los planes y, en 2010, la obra quedó paralizada por falta de financiación.
Desde entonces, la estructura se ha convertido en la mayor ruina urbana de la bahía.
Durante años, el abandono absoluto dejó paso al saqueo, el vandalismo y la insalubridad. Las vallas caídas y la falta de seguridad permitieron el acceso de cualquiera: primero los saqueadores, luego niños del barrio y, con el tiempo, las primeras familias sin recursos.
Desde 2020, la estructura es un chabolismo vertical donde sobreviven en condiciones extremas inmigrantes, trabajadores temporeros y personas sin hogar, mayoritariamente del norte de África, según datos del propio Ayuntamiento.
En mayo de 2025, la Policía Local cifró en 87 los ocupantes, organizados en 54 núcleos familiares.
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