El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig (PP), ha planteado este jueves en el pleno municipal una advertencia dirigida al sector hotelero de Ibiza: que los hoteles cierren habitaciones para alojar dignamente a los trabajadores que no tengan dónde dormir.
«Si se tiene que cerrar alguna habitación de los hoteles porque no podemos tener gente para poder atender al 100%, a lo mejor se tendrá que cerrar y utilizar esas habitaciones para dar un techo», sentenció el primer edil, que vinculó directamente los asentamientos ilegales del municipio con el empleo en negro y la responsabilidad de los empleadores.
Roig no dejó margen a la interpretación sobre el destinatario de la advertencia. «Y quien no acepte tener este techo y quiera dimitir, pues no nos conviene», remató, situando al empresario hotelero ante una disyuntiva: asumir el alojamiento de sus empleados o quedar fuera del modelo que el Ayuntamiento quiere para el municipio.
La frase, pronunciada en sede plenaria y ante el resto de grupos, traslada al sector el coste social de los asentamientos que el Consistorio está desmantelando.
«Trabajadores en negro en el 2026»
Las declaraciones se produjeron durante el debate del expediente que rechazó la petición de Tritonsa, S.L. de anular el cierre de su finca de 55.000 metros, donde se había consolidado un asentamiento con más de 150 infraviviendas.
Roig dio el salto del urbanismo a la denuncia laboral con una afirmación rotunda: «No se puede permitir que haya trabajadores trabajando en negro en el 2026».
El alcalde retrató así un modelo productivo que, a su juicio, sostiene el funcionamiento de la temporada turística sobre mano de obra alojada al margen de la legalidad.
El primer edil recordó un incendio reciente en un asentamiento del que «comenzaba a salir corriendo gente de las empresas del entorno a buscar sus cosas porque se estaban quemando». Calificó la escena de «inaceptable» y reveló que trasladó el reproche directamente a la propiedad y a la dirección del establecimiento implicado.
El mensaje que les hizo llegar fue, según relató, una condición laboral sin rodeos: «Si no se les puede dar un sitio donde dormir, a lo mejor no se les podrá contratar».
«Que quien les da trabajo les ayude»
A los reproches de la portavoz socialista, Pilar Ribas, que acusó al equipo de gobierno de preocuparse por los propietarios y no por las personas desalojadas, Roig respondió desplazando el debate de la cuestión social.
«Si son trabajadores, que quien les da trabajo también les ayude a buscar casa. Si no son trabajadores y necesitan ayuda para volver a casa suya, se les ayudará», planteó. La distinción es clara: para los empleados del sector, la responsabilidad recae sobre el empresario; para el resto, sobre el retorno al lugar de origen.
El alcalde defendió que el Consistorio seguirá adoptando las medidas necesarias para evitar nuevos asentamientos, por impopulares que resulten. «Aquí gobernamos y tomamos decisiones, decisiones valientes», proclamó.
Y avisó: «Si se trata de tirar escaleras abajo, se tirarán escaleras abajo. Y si se trata de perimetrar una propiedad, se perimetrará». La frase resume la doctrina con la que el equipo de gobierno ha encarado el desmantelamiento de la finca de Tritonsa y la que, según el regidor, aplicará en el futuro.
Aviso a las «sociedades inversoras»
Roig ensanchó el aviso hacia las grandes propiedades del municipio. «Este Ayuntamiento no es del alcalde ni del equipo de gobierno, es representante de los 31.000 habitantes que tenemos en este municipio», proclamó, antes de añadir que «no se puede permitir que vengan aquí sociedades inversoras a utilizar y exigir sin tener en cuenta que también tienen obligaciones».
El alcalde criticó que en Sant Josep «se ha hecho mucha vivienda de lujo, mucha casa grande» y, en cambio, «plurifamiliares muy pocos».
Inmigración irregular y retorno
El primer edil cerró el bloque con una posición clara sobre la inmigración: quien llegue «de manera ilegal» debe ser retornado, y el Ayuntamiento ayudará a esas personas a regresar a su lugar de origen.
El planteamiento liga así tres frentes —empleo sumergido, asentamientos ilegales y migración irregular— en un mismo discurso que apunta directamente al modelo laboral y turístico de la isla. Queda por ver cómo encajan estas palabras la Federación Hotelera y los empresarios del sector, principales destinatarios de un aviso que pone sobre la mesa la posibilidad inédita de cerrar habitaciones de hotel para alojar a los trabajadores.
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