Mientras la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua avanza con el expediente que puede desembocar en la caducidad de la concesión del litoral a favor del Consell Insular de Formentera por una serie de incumplimientos de condiciones “esenciales” del título otorgado -lo que generaría la anulación de la licitación de los chiringuitos-, los actuales concesionarios del concurso bajo sospecha se juegan la última bala: una medida cautelar para suspender la obligatoriedad del desmontaje anual.
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Es que, entre las irregularidades detectadas por el informe técnico del Govern, una de las más graves es el incumplimiento de retirar las estructuras, además de que la mayoría de ellas no son desmontables, tal como avanzara La Voz de Ibiza.
En ese contexto, los chiringuitos han presentado un recurso para cuestionar esta condición establecida en el Reglamento de Costas y materializada en el título concesional. “Estamos pendientes de que contesten las cautelares”, ha explicado el empresario Ángel Bustos.
Según ha confirmado a este medio el portavoz de los chiringuiteros, han presentado “un informe donde se demuestra que, evidentemente, desde el punto de vista medioambiental, se perjudicaba el desmontar los quioscos más que otra cosa porque se trataba de un mes”.
En tal sentido, ha afirmado a La Voz de Ibiza que “para nosotros era un tema de sentido común, como se pueden imaginar. No es una cuestión de dinero”.
¿Ganar tiempo?
La maniobra jurídica apunta a ganar algo de tiempo en un reloj que ya empezó a correr, teniendo en cuenta que el próximo lunes 2 de febrero vence el plazo para presentar las alegaciones de las partes en el expediente incoado por el Govern.
Allí el informe del instructor de las diligencias previas propone la “caducidad de la concesión CNC02/21/07/0045, por incumplimiento de condiciones esenciales vinculadas al carácter estacional y desmontable de las instalaciones, así como a su correcta ubicación y extensión sobre el dominio público marítimo-terrestre”.
Bustos ha reconocido que, “en el momento que contesten las cautelares, entonces se tomará la decisión que se deban tomar”.
“Al final será una sanción, sea lo que tenga que ser. Y si al final, evidentemente, no queda más remedio que desmontar, pues se tendrán que desmontar. Pero de momento ya se dan dos infracciones”, reconoce Bustos, teniendo en cuenta las dos insumisiones concretadas por los chiringuitos en los últimos dos inviernos.
“No es una cuestión económica”
Consultado por La Voz de Ibiza, el empresario portuario y consejero de Marina de Formentera SA -actualmente presidida por su hijo Julián Bustos Ferrer- insistió que “no se ha hecho ni por mala fe, ni por mucho menos. No es una cuestión económica”.
“Nos hubiera gustado más el dinero de desmontar entregárselo, yo qué sé, a las monjas. Para que se lo aproveche, que no hacer una cosa y volverla a montar al cabo de un tiempo. Porque no se ha conseguido nada. Es simplemente un tema de sentido común”, remarcó.
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De todas formas, dijo que “al final la administración es soberana y si dice que tenemos que desmontar, definitivamente, y no tenemos ningún soporte jurídico que nos ampare, pues lo tendremos que hacer”.
Esto a pesar que el invierno pasado tanto el Govern como el Consell habían ratificado la obligatoriedad de desmontaje, algo que los concesionarios no cumplieron y por el que ahora se enfrentan a una caducidad fulminante.
Mientras tanto, Bustos dijo que “intentaremos defendernos desde este punto. Es que es algo que lo vemos tan inútil. Es un trabajo, unas molestias… Y claro, los quioscos no están puestos en medio de la plaza de San Francisco. Están en la costa, donde es difícil trabajar y es difícil hacer”.
Por último, argumentó que “el pliego de bases en principio no llevaba la condición de desmontar. Luego eso venía en el contrato por una imposición de Costas”.
¿Casualidad?
Por su parte, el Consell de Formentera -tal como avanzara La Voz de Ibiza– había formalizado el 4 de septiembre del 2025 un contrato por más de 9.000 euros para realizar un estudio inútil que iba en la dirección contraria a todos los informes y análisis.
Se trata de un “estudio de impacto ambiental del desmontaje y montaje anual de las instalaciones de concesión de playas”, a partir de la contratación de la empresa Podarcis SL. ¿El objetivo? Encontrar una excusa para evitar el desmontaje.
La firma de Mallorca contratada se presenta como “consultoría medioambiental especialista en planes de circularidad, cálculo de huella de carbono, estudios de impacto ambiental, e implantación de sistemas de gestión”.
Para esto, el Consell ha gastado 9.075 euros según el importe total ofertado con impuestos, con un plazo de ejecución de dos meses, a pesar de contar con un informe de sus propios técnicos, del análisis de un reconocido catedrático y de la respuesta del Govern que iban todos en la misma dirección: los kioscos deben desmontarse.
Por su parte, Bustos se ha limitado a responder que el informe presentado por los concesionarios no es el mismo que el solicitado por el Consell.
Cautelar rechazada
Una maniobra similar había intentado el Consell Insular de Formentera ante la Dirección General de Costas y Litorales durante el invierno pasado. Sin embargo, esto fue bloqueado por el propio Govern.
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En enero del 2025, las medidas cautelares fueron rechazadas, reafirmando la obligatoriedad de desmontar las instalaciones entre el 15 de enero y el 15 de febrero, tal como dicta la concesión administrativa.
En aquel momento, desde el Govern insistieron en que era imprescindible respetar las condiciones de la concesión. En caso de incumplimiento, advertían que podrían iniciarse expedientes sancionadores contra los concesionarios. Justamente, esto terminó de concretarse esta semana con la incoación del expediente.
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