La Junta de Gobierno del Consell Insular de Formentera impuso dos sanciones urbanísticas a Shinto Suru S.L., la sociedad inmobiliaria del empresario catalán Ricardo Urgell, fundador del Grupo Pacha, por un total de casi 600.000 euros.
Las multas responden a dos conjuntos de obras realizadas en suelo rústico protegido del término municipal sin contar con licencia, y ambas tienen aparejada una orden de demolición que sigue pendiente de ejecutarse, según recoge el acta de la Junta de Gobierno celebrada el 15 de mayo pasado y publicada en las últimas horas.
Shinto Suru S.L. es una empresa fundada en 2019 y radicada en Ibiza, en la carretera Ibiza-San Miguel, cuya actividad se centra en la promoción y gestión inmobiliaria. En Formentera, la sociedad de Urgell ha sido vinculada a planes de expansión en el sector del ocio nocturno y la restauración, entre ellos el proyecto para reformar el antiguo local Caminito en Es Pujols.
Los dos expedientes sancionadores que culminaron en la sesión del 15 de mayo se refieren a obras distintas realizadas en una misma parcela del polígono 1 del término municipal, y cada uno tiene su propio historial de inspección, orden de demolición y procedimiento sancionador.
El primer expediente: completar el hexágono y construir un anexo con pasadizo
El expediente sancionador 4/2025 fue iniciado mediante resolución de presidencia el 2 de octubre de 2025. La infracción consistió en la ampliación de una edificación existente completando la forma hexagonal de su volumen principal, así como en la construcción de un anexo unido a ese volumen mediante un pasadizo, todo ello sin título habilitante y en suelo rústico protegido.
Este expediente está ligado al expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística 6/2025, cuya tramitación concluyó el 1 de octubre de 2025 con una orden de demolición de las obras ejecutadas ilegalmente.
La propuesta de sanción se formuló el 14 de noviembre de 2025 y fijó la multa en 292.899,94 euros, resultado de aplicar el porcentaje del 275% sobre la valoración de las obras —calculable en torno a 106.500 euros—, dentro del rango del 250% al 300% previsto por el artículo 167.2 de la Ley de Urbanismo de les Illes Balears para obras en suelo rústico protegido sin licencia.
El segundo expediente: un volumen al norte y un sótano
El expediente sancionador 5/2025 fue iniciado el 4 de noviembre de 2025, un mes después del primero.
En este caso, las obras ilegales consistieron en la construcción de un volumen nuevo al norte del volumen principal de la edificación y de un volumen semisótano, también en la misma parcela del polígono 1 y también sin ningún título habilitante.
Este segundo expediente está vinculado al expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística 23/2024, cuya orden de demolición fue dictada el 7 de noviembre de 2024 —casi un año antes de que se iniciara el procedimiento sancionador—.
La valoración de estas obras consta explícitamente en el expediente: 105.528,36 euros. Aplicando el mismo porcentaje del 275%, la sanción propuesta el 9 de febrero de 2026 ascendió a 290.202,99 euros.
Dos expedientes, una misma lógica
El patrón que emerge de ambos expedientes es el mismo: obras de ampliación y construcción sobre una propiedad en suelo rústico protegido de Formentera ejecutadas sin solicitar licencia urbanística.
La calificación del suelo es el elemento determinante de la gravedad: la LUIB tipifica como infracción muy grave la realización de obras en suelo rústico protegido sin el preceptivo título administrativo, y fija para esas infracciones una multa de entre el 250% y el 300% del valor de lo construido.
El Consell aplicó el 275% en ambos casos, un porcentaje en el tramo medio-alto de la escala. Así, la multa total asciende a los 583.102,93 euros.
La Junta de Govern aprobó las dos sanciones por unanimidad. Ambas son ejecutivas desde el momento de su aprobación. Shinto Suru S.L. dispone de un plazo de pago voluntario cuyo vencimiento depende de la fecha de notificación; si no abona en ese plazo, la deuda genera un recargo del 20% más intereses de demora. Si pagara antes de recibir la providencia de apremio, el recargo se reduciría al 5%.
Demoliciones pendientes
Pero más allá de las multas, lo que continúa pendiente son las demoliciones. Las dos órdenes de derribo —la del expediente de legalidad 6/2025, dictada en octubre de 2025, y la del expediente 23/2024, dictada en noviembre de 2024— siguen sin ejecutarse.
El pago de la sanción económica no sustituye la obligación de restituir la legalidad urbanística: mientras las obras ilegales permanezcan en pie, la empresa no habrá cumplido con las resoluciones del Consell.
Otros planes en Formentera
Ricardo Urgell también se encuentra vinculado a otro proyecto en Formentera que ha generado controversia: la reconversión del antiguo restaurante Caminito, en Es Pujols, en el futuro Lío de Formentera.
La sociedad promotora del proyecto es Nimbus Formentera S.L., cuyos administradores solidarios son María Iria Urgell Calderón —hija del fundador de Pacha, quien sustituyó a su padre en el cargo a principios de 2024— y el ex presidente del PP de Formentera, ex alcalde y actual presidente de la Asociación Hotelera de Formentera, Juan Manuel Costa Escanellas Paya, quien participa como socio minoritario. El tercer socio es Stefano Trigo, hijo del propietario del antiguo Caminito.
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La licencia de legalización y reforma del local fue concedida el 21 de diciembre de 2023 por la Junta de Gobierno del Consell, aprovechando la ausencia del entonces presidente, Llorenç Córdoba, que ese día asistía a la votación de los Presupuestos autonómicos en el Parlament.
La velocidad de tramitación llamó la atención: en menos de 48 horas previas a la sesión, el área de Urbanismo del Consell redactó un informe jurídico de casi diez páginas, elaboró la propuesta de acuerdo e incorporó la licencia como punto urgente a una Junta de Gobierno a la que el presidente no pudo asistir y de la que no había sido informado.
La licencia había sido solicitada el 25 de junio de 2020, es decir, tres años y medio antes de su aprobación.
El propio Córdoba denunció públicamente la irregularidad y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, lo que llevó a la UCO de la Guardia Civil a incorporar este asunto a su investigación sobre el Consell de Formentera.
El ex presidente insular aclaró que no cuestionaba los méritos de la licencia —que contaba con todos los informes favorables— sino la maniobra de aprobarla a sus espaldas, por urgencia, en una sesión convocada un día inusual y con ausencias relevantes entre los secretarios e interventores habituales.
