A los retrasos en las autorizaciones, las hamacas que no pudieron instalarse, los recursos administrativos, los cambios de criterio y el recorte definitivo de instalaciones se añade ahora un nuevo capítulo en la caótica temporada de los servicios de playa de Formentera: el Consell Insular ha impuesto 5.204 euros en nuevas penalidades a dos adjudicatarios del concurso bajo sospecha por distintos incumplimientos de sus contratos de explotación.
Las resoluciones, aprobadas por la Junta de Gobierno del pasado 18 de septiembre, afectan a los lotes 6 de Cavall d’en Borràs y 7 de Ses Illetes, gestionados por Alberto Escandell Mayans y Juan y Andrea SL, respectivamente.
Entre las irregularidades figuran la instalación de más hamacas y sombrillas de las autorizadas, la falta de delimitación de los espacios ocupados, deficiencias en los registros de limpieza y el incumplimiento de compromisos asumidos al presentarse al concurso.
Aunque las penalidades se han aprobado en 2026, los hechos se remontan a las inspecciones realizadas durante la temporada del año pasado. Los expedientes se iniciaron en octubre de 2025 y han quedado resueltos después de que el Consell examinara las alegaciones de los adjudicatarios.
Las decisiones llegan tras un verano especialmente conflictivo para las concesiones de playa de Formentera, que comenzaron la temporada sin las autorizaciones necesarias, sufrieron una primera denegación masiva de instalaciones y terminaron con una reducción definitiva de casi una cuarta parte de las hamacas y sombrillas solicitadas.
Hamacas y sombrillas de más en Cavall d’en Borràs
La penalidad más elevada corresponde a Alberto Escandell Mayans, adjudicatario del lote 6 de Cavall d’en Borràs, al que el Consell impone un total de 3.603 euros por cinco incumplimientos.
El contrato le permite explotar 40 hamacas y 20 sombrillas. Sin embargo, durante una inspección realizada el 26 de mayo de 2025, los técnicos detectaron dos hamacas y una sombrilla adicionales, superando el número de elementos autorizado. Por este exceso, considerado una infracción grave, se impone una penalidad de 1.001 euros.
La Administración también detectó que el espacio de ocupación no estaba correctamente delimitado. Según el informe jurídico-técnico incorporado al expediente, la obligación de señalizar la superficie autorizada pretende precisamente impedir que los adjudicatarios ocupen más terreno del concedido o distribuyan los elementos arbitrariamente sobre la playa.
El Consell rechazó las alegaciones del empresario, que había presentado fotografías para demostrar que la zona se encontraba delimitada en determinados momentos. Los técnicos recordaron que esa delimitación debe mantenerse durante la explotación del servicio, no únicamente cuando el adjudicatario lo considere oportuno. Esta segunda infracción supone otros 1.001 euros.
-
Nuevo intento de Sa Unió para evitar el desmontaje de los chiringuitos
-
Los surrealistas argumentos de Sa Unió para evitar el desmontaje de los chiringuitos: califica de «ilegal» al Reglamento de Costas
-
El expediente de caducidad contra los chiringuitos de Formentera, en marcha
A ello se añade una tercera penalidad de 1.001 euros por no acreditar que disponía de un programa operativo de gestión de reservas durante la temporada de 2025.
El expediente se completa con dos penalidades de 300 euros cada una: una por no disponer del registro obligatorio de las tareas diarias de limpieza y otra porque los tiques electrónicos de reserva no contenían todos los datos exigidos en los pliegos.
En total, el Consell considera acreditados tres incumplimientos graves y otros dos penalizados con 300 euros, por los que acuerda detraer 3.603 euros de la garantía definitiva depositada por el adjudicatario.
Juan y Andrea, sancionada por las mejoras que prometió en Ses Illetes
El segundo expediente afecta a Juan y Andrea SL, adjudicataria del lote 7 de Ses Illetes, que comprende 80 hamacas y 40 sombrillas. En este caso, la penalidad asciende a 1.601 euros por tres incumplimientos.
El más relevante está relacionado con las mejoras que la empresa se había comprometido a desarrollar en su oferta para obtener la adjudicación del servicio. Entre esos compromisos figuraban la adhesión a un decálogo de buenas prácticas turísticas, la obtención del distintivo SICTED, la certificación ISO y la participación en el proyecto Anfitriones del Turismo.
El Consell concluye que la empresa no había acreditado el cumplimiento de la totalidad de esas mejoras en el momento de la inspección. La adjudicataria alegó que uno de los programas había dejado de existir. Respecto de otras obligaciones, presentó documentación que los técnicos consideraron insuficiente porque correspondía a fechas posteriores al inicio del procedimiento de penalidades.
La Administración sí dio por válido el certificado ISO aportado, vigente desde septiembre de 2024, pero mantuvo la penalidad de 1.001 euros por el incumplimiento del conjunto de la oferta complementaria.
Las otras dos infracciones, sancionadas con 300 euros cada una, están relacionadas con el cartel informativo de la instalación, que no respetaba el modelo normalizado del Consell, y con la ausencia del registro obligatorio de limpieza.
Sobre esta última cuestión, el informe resulta especialmente crítico con la documentación presentada por la empresa. Los técnicos cuestionan unas hojas de seguimiento sin firmas de trabajadores y cuya fecha de inicio era precisamente el día anterior a la inspección.
El informe llega a considerar «sospechosos» los documentos aportados, al señalar que podrían haberse elaborado con posterioridad. Por ello, rechaza que acrediten que el registro estuviera disponible cuando lo solicitaron los inspectores.
No todas las alegaciones fueron rechazadas: el Consell aceptó las explicaciones de la empresa respecto de una supuesta irregularidad relacionada con el almacenamiento de materiales fuera de las instalaciones y descartó imponer una penalidad por ese motivo.
Una temporada que comenzó mal y acabó peor
Estas dos resoluciones se incorporan a un largo historial de conflictos que ha acompañado a los servicios de playa de Formentera durante 2026.
Tal como informó La Voz de Ibiza, los problemas comenzaron incluso antes de que arrancara la temporada turística, ya que los adjudicatarios no pudieron instalar sus hamacas y sombrillas el 1 de mayo, como estaba previsto, porque la Dirección General de Costas y Litoral todavía no había concedido las autorizaciones administrativas necesarias.
La primera resolución del Govern, dictada en mayo, dejó 16 lotes sin autorización y redujo otros dos. La decisión se fundamentó en la aplicación de criterios sobre las distancias mínimas que debían mantener las instalaciones respecto de la orilla y los sistemas dunares.
El problema afectó incluso a los adjudicatarios que sí habían recibido autorización. A mediados de mayo, los 20 lotes que habían obtenido el visto bueno tampoco podían instalarse porque seguían pendientes distintos trámites administrativos, entre ellos los replanteos sobre el terreno y la determinación del canon de Costas.
Los empresarios denunciaron entonces que habían contratado trabajadores, alquilado alojamientos y asumido gastos para una temporada que no podían comenzar.
El Consell de Formentera, gobernado por Sa Unió, recurrió las denegaciones. La controversia desembocó en un enfrentamiento con la Dirección General de Costas y Litoral, que en un primer momento defendió las restricciones aplicadas.
En julio, el Govern decidió retrotraer el procedimiento para conceder al Consell un trámite de audiencia que no se había realizado antes de dictar la resolución parcialmente denegatoria. Esa marcha atrás permitió presentar nuevas alegaciones y modificar los planos de las instalaciones.
El conflicto adquirió también una dimensión política dentro del propio Govern balear y terminó con el cese de María Joaquina Ferrer Matas como directora general de Costas y Litoral, una decisión que provocó una crisis interna en el departamento y una carta de protesta respaldada por 21 funcionarios.
De autorizar casi todo a recortar una cuarta parte
El relevo en la Dirección General vino acompañado de un cambio de criterio para resolver el expediente.
El 17 de agosto, con buena parte de la temporada ya consumida, la nueva dirección autorizó sobre el papel 1.900 hamacas y 950 sombrillas de las 1.960 hamacas y 980 sombrillas que había solicitado originalmente el Consell. Aparentemente, el conflicto quedaba resuelto con un recorte de apenas el 3%.
Sin embargo, tal como reveló posteriormente La Voz de Ibiza, ese desenlace tampoco fue definitivo. El 24 de agosto, un replanteo conjunto realizado por técnicos del Govern y del Consell sobre las propias playas redujo la capacidad real de instalación a 1.491 hamacas y 745 sombrillas. Es decir, 469 hamacas y 235 sombrillas menos de las solicitadas originalmente, una reducción cercana al 24%.
La cifra final, confirmada por la Conselleria del Mar a este medio, resultó prácticamente idéntica a la capacidad que ya estaba autorizada antes de que comenzara toda la controversia administrativa.
-
«Todo es ilegal»: el escándalo con las hamacas golpea el turismo de Formentera
-
El Consell de Formentera, obligado a convocar un nuevo concurso para las hamacas y sombrillas
-
La concesión de las hamacas y sombrillas de Formentera al borde de la ilegalidad: los pliegos van en contra del Reglamento de Costas
