El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep ha rechazado este jueves la petición de Tritonsa, S.L. de declarar nulo el decreto municipal que ordenó el cierre perimetral de su finca rústica de 55.000 metros cuadrados, donde se había consolidado un asentamiento ilegal con más de 150 infraviviendas en Can Raspalls.
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La decisión, aprobada con 13 votos a favor y 8 abstenciones, se apoya en un dictamen del Consell Consultiu de las Islas Baleares que avala íntegramente la actuación municipal.
El acuerdo aprobado contempla tres puntos: el levantamiento de la suspensión del plazo de resolución, la desestimación de la solicitud de revisión de oficio presentada el 4 de septiembre de 2025 por Jordi Costa en representación de la mercantil, y la notificación de la resolución a los interesados.
El dictamen 40/2026, emitido el 6 de mayo y de carácter preceptivo y vinculante, concluye que el decreto impugnado «no incurre en ninguna causa de nulidad» y que el Ayuntamiento actuó dentro de sus competencias por motivos de seguridad pública, salubridad y protección del interés general.
El alcalde, Vicent Roig, defendió personalmente el punto y calificó el pronunciamiento del órgano consultivo como «claro, contundente y unánime». Frente a la alegación de la propiedad de que el Consistorio carecía de competencias para clausurar una finca privada, Roig replicó tajante: «Esa afirmación no es cierta».
Más de 150 infraviviendas en suelo rústico
El primer edil reconstruyó el origen del expediente, abierto por decreto el 7 de noviembre de 2024, recordando lo que había en la parcela: un asentamiento «ilegal masivo», con más de 150 chabolas, barracas y tiendas de campaña, sin condiciones de habitabilidad ni medidas de seguridad, junto a centros educativos, parques y zonas residenciales.
Una situación, dijo, que «ha durado demasiados años» y había sido «absolutamente ignorada».
Tras el incumplimiento de la propiedad, el Consistorio tramitó una ejecución subsidiaria que culminó con el desmantelamiento del asentamiento y el cierre efectivo de la parcela. Roig defendió que la medida era «imprescindible para evitar que el asentamiento volviera a reproducirse» y avisó de que mantendrá la línea: «Si se trata de tirar escaleras abajo, se tirarán escaleras abajo. Y si se trata de perimetrar una propiedad, se perimetrará».
Reunión privada con la propiedad
Roig reveló que hace tres semanas se reunió con los propietarios de Tritonsa y les trasladó un mensaje directo: «Primero de todo cumplan con el Ayuntamiento y después miraremos qué se puede hacer».
El alcalde reprochó a la mercantil que no haya atendido las obligaciones impuestas por el Consistorio y lanzó una advertencia institucional: «Este Ayuntamiento no es del alcalde ni del equipo de gobierno, es representante de los 31.000 habitantes que tenemos en este municipio. No se puede permitir que vengan aquí sociedades inversoras a utilizar y exigir sin tener en cuenta que también tienen obligaciones».
El alcalde recordó además que existe un convenio iniciado para ceder un tramo del terreno a la Guardia Civil para un cuartel y prever vivienda de protección oficial, aunque condicionado a que el precio del suelo —residual por su calificación rústica— no encarezca las futuras viviendas.
La oposición se divide
El PSOE, por boca de Pilar Ribas, reconoció que el expediente «está bien hecho» pero se abstuvo por la falta, a su juicio, de políticas reales de vivienda.
Vox, con Araceli Colomar, también se abstuvo y reclamó que se facilite a Tritonsa la construcción de vivienda en la finca. Ara Eivissa y Unidas Podemos votaron a favor por entender que el pleno se limitaba a cumplir el dictamen del Consell Consultiu.
Con el rechazo del recurso, el caso del asentamiento ilegal queda zanjado en vía administrativa, a la espera de que la mercantil decida si lleva la batalla a la jurisdicción contencioso-administrativa.
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