Formentera se enfrenta a un escenario incierto respecto al futuro de los quioscos de playa, después de que el Govern balear haya iniciado el procedimiento de caducidad de las concesiones por reiterados incumplimientos y violación de las condiciones “esenciales” del título otorgado del megaconcurso bajo sospecha.
Aún así, la consellera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera, Verónica Castelló, ha esbozado este jueves en el pleno insular una leve posibilidad de mantener los quioscos este verano, al indicar que el procedimiento podría extenderse hasta 18 meses, lo que permitiría que las instalaciones continuaran operativas temporalmente.
Así, desvela las verdaderas intenciones de Sa Unió, dilatar los tiempos para evitar lo que sería una catástrofe turística para la isla: no contar en 2026 con los chiringuitos, uno de los atractivos de la pitiusa menor y que ha sido motivo de publicidad incluso por parte del Consell en la Feria Internacional de Turismo de 2025 con un vídeo promocional.
En su intervención ante la pregunta del socialista Rafa Ramírez, Castelló ha detallado que “el mismo día 16 se fue realizando la inspección y se levantaron las actas pertinentes respecto al desmontaje y se constató que uno de los ocho quioscos se encontraba completamente desmontado”.
Añadió que “tal como se hizo el año pasado, al finalizar el plazo correspondiente, se seguirá con el procedimiento administrativo que corresponda”, y que este trámite sigue las fases reglamentarias establecidas.
El límite de las alegaciones
Castelló confirmó que el Consell se encuentra preparando la documentación para responder a la apertura del expediente. “Se están preparando las alegaciones que se tienen que entregar el lunes (2 de febrero, tal como avanzara La Voz de Ibiza). Y este procedimiento tiene una posibilidad de duración de 18 meses. Es decir, se inicia el procedimiento, tiene su tramitación, habrá diferentes pasos que se tendrán que ir dando y, bueno, a ver qué es lo que va sucediendo”, manifestó en el pleno.
La vicepresidenta también subrayó la implicación del equipo técnico en esta situación: “Las preocupaciones creo que son de todos, y principalmente de los funcionarios, que son los que en su día comenzaron el trabajo, se les encargó esta labor, este nuevo concurso que tenía que salir, con unos pliegos, todo”, en alusión a la contradicción entre la obligación de desmontar y la de mantener la actividad todo el año.
¿Medidas cautelares?
Sin embargo, Castelló ha querido ignorar que el artículo 80 de la Ley de Costas establece que, una vez incoado el expediente de caducidad, “la Administración podrá disponer la paralización inmediata de las obras, o la suspensión del uso y explotación de las instalaciones, previa audiencia en este último caso del titular afectado y una vez desestimadas sus alegaciones”.
Es decir, luego de las alegaciones y si estas son desestimadas por la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, que lleva adelante las actuaciones, se podría decretar la suspensión de las explotaciones de los quioscos de playa, sin necesidad de llegar a una definición en la tramitación del expediente.
Además, la declaración de caducidad “comportará la pérdida de la fianza si la hubiere”, según determina la normativa.
Incumplimientos reiterados y sin plan B
A partir de los contundentes informes técnicos y jurídicos avanzados por La Voz de Ibiza, se ha determinado que los concesionarios incumplieron la obligación de desmontar durante el invierno pasado las instalaciones fuera de temporada -entre otras faltas-, una cláusula esencial de los pliegos y del título concesional, además del Reglamento General de Costas.
De hecho, siete de los ocho chiringuitos permanecen aún instalados este invierno, a pesar de que la normativa exige que se retiren entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Es decir, la mayoría de los concesionarios han vuelto a concretar una insumisión coordinada.
Pese a las irregularidades, la sanción impuesta por el Consell el año pasado fue de apenas 1.500 euros, lo que generó críticas por la falta de contundencia. Esta vez, sin embargo, el procedimiento de caducidad iniciado por el Govern podría desembocar en la extinción definitiva de las concesiones actuales.
Lo preocupante es que no existe un plan alternativo para garantizar servicios de playa este verano si el proceso culmina con la caducidad. Castelló dejó entrever esta incertidumbre al señalar que “ahora se me ha trasladado, nosotros presentaremos las alegaciones y a ver cómo se va siguiendo, ciertamente”.
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