A través de un vídeo publicado en YouTube, un abogado ha denunciado un presunto caso de okupación en Ibiza, en la urbanización Coral Mar. Según su relato, una mujer italiana ocupa desde hace más de dos años una vivienda sin pagar alquiler ni disponer de contrato, mientras la propietaria —su clienta— afronta una enfermedad terminal.
Dos años sin pagar, según el letrado
El abogado identificó a la ocupante como una mujer italiana que reside en el inmueble junto a un hijo adolescente. Según su versión, la mujer lleva dos años o más sin pagar ni un euro a su clienta y permanece en la vivienda sin contrato alguno.
El letrado relató que, durante una visita al inmueble, la ocupante habría intentado presentar la situación como más precaria de lo que es, con un cochecito de bebé en la vivienda pese a que, según él, el hijo ya no tiene edad para usarlo.
Quiere vender el piso para sus últimos días
Según el abogado, su clienta busca vender la vivienda —para la que ya cuenta con comprador, gestionado por el propio letrado— con el fin de afrontar con dignidad sus últimos días y evitar que la herencia se complique. Sostiene que, pese a ello, ofrecieron a la ocupante ejercer su derecho de tanteo, que esta rechazó, y le concedieron un plazo de seis meses, de octubre a abril, para abandonar el inmueble. Desde entonces, la mujer no se ha marchado ni ha regularizado ningún pago, según su relato.
Trabaja en un restaurante de alta gama
El letrado añadió que la ocupante trabaja como cocinera en un restaurante de alta gama de la isla y que ha contratado a un abogado especializado en derecho inmobiliario para su defensa. Según su versión, la letrada de la parte contraria le habría advertido de posibles acciones legales si su despacho avanza con una medida cautelar y un control de acceso a la propiedad, algo que el propio abogado ha anunciado que baraja adoptar.
La vía judicial, tras fracasar la conciliación
El letrado ha señalado que, después de que la conciliación entre las partes no haya prosperado, el despacho se dirige ahora hacia la demanda judicial para resolver el caso. Insistió en que su intención no es amenazar, sino constatar que, a su juicio, la salida de la ocupante es solo «cuestión de tiempo».
El caso, denunciado por el abogado Pierre Jean Trébuchet, se suma a la serie de denuncias por presuntas okupaciones en Ibiza que en los últimos años han generado debate sobre los plazos y herramientas legales disponibles para los propietarios en la isla.
La versión de la inquilina
La versión de la inquilina
El abogado de la mujer señalada como okupa en Ibiza en un vídeo publicado esta semana ha rechazado, en un escrito remitido a este medio, todas las acusaciones vertidas contra su clienta. El letrado Juan Carlos Rodríguez Tur asegura que defenderá los intereses de su representada «en los juzgados, no en Youtube».
Niega que su clienta sea okupa
Rodríguez Tur sostiene que calificar a su clienta de «okupa» es jurídicamente incorrecto, ya que ese término implicaría haber entrado en una propiedad ajena sin ningún título, lo que constituiría un delito de usurpación. Según el letrado, no es el caso: la mujer reside en el inmueble desde hace más de diez años amparada por un contrato de alquiler vigente.
Asegura que paga el alquiler
El abogado afirma que su clienta abona la renta puntualmente y que presentará los justificantes bancarios de pago «en el momento procesal oportuno». Añade que, hasta la fecha, su despacho no tiene constancia de ningún procedimiento civil abierto contra ella, y que tampoco se ha solicitado ninguna declaración de vulnerabilidad en su nombre.
Lamenta la difusión de sus datos
El letrado critica el uso de YouTube para exponer el caso y lamenta que se hayan hecho públicas las iniciales y el domicilio de su clienta. Sostiene que el vídeo cuestiona su honor y adelanta que su despacho estudia emprender acciones judiciales y deontológicas contra el abogado que lo publicó.
Advierte contra el control de acceso
Rodríguez Tur avisa de que no tolerará ningún control de acceso a la vivienda, una medida que la parte contraria había anunciado que baraja. Según explica, ya han advertido de ello mediante burofax, al considerar que esa actuación podría ser constitutiva de un delito de coacciones. El letrado añade que no dudarán en actuar contra quien, a su juicio, haga un abuso de derecho.
