Lorena del Valle (Barcelona, 1975) es la directora general de Movilidad del Govern balear. Bajo la responsabilidad de esta ingeniera de caminos tiene la regulación del transporte público, la actividad inspectora y sancionadora y la gestión del transporte público de Mallorca (Serveis Ferroviaris de Mallorca y Consorcio de Transportes de Mallorca), dado que no está transferida la competencia.
Entró en el Govern de la mano de la consellera Marta Vidal, «una persona ética, honesta y trabajadora», a quien conoció de su experiencia en el sector privado.
A pesar de la vocación de servicio de interés público que tienen por naturaleza los ingenieros de caminos, es su primera aventura en la administración.
No está afiliada al PP. «Comparto la propuesta política del Partido Popular», aclara.
La regulación del taxi ha ocupado parte de su energía durante las últimas semanas. El trabajo no ha acabado con la publicación de la ley.
Ahora tiene un año por delante para aprobar un decreto ley con el que finalizará la regulación del sector. Al menos, por parte del Govern.
El miércoles pasado se reunió con el sector del taxi y de las VTC tradicionales en Ibiza. Poco después, atendió a La Voz de Ibiza en la sede del gobierno insular.
-¿Qué le ha pedido el sector del taxi y de las VTC tradicionales en el encuentro que acaba de mantener?
-Queríamos escuchar sus reivindicaciones y ponernos a su disposición para que pudieran plantear cualquier cuestión. Tenemos un año por delante para acabar de regular el sector a través del decreto contemplado en la ley. Hemos hablado de la regulación del área de prestación conjunta y nos han pedido que las normas sean claras. De todas maneras, lo que más nos han pedido es ser más escuchados y, por esta razón, estoy aquí. La regulación no se hace desde Mallorca, se hace desde el Govern para todas las islas…
-Me permitirá que discrepe. Hay aspectos de la ley que responden al interés de los taxistas de Mallorca.
-¿Por ejemplo?
-Que las VTC dejen de ser autonómicas, estableciendo un periodo de transición de dos años en lugar de cuatro, y, el mismo día de la votación, se introdujo una enmienda in voce para que las VTC que no han empezado a operar no puedan cambiarse de isla, junto a la prohibición expresa de que las VTC no puedan utilizar las paradas de taxis tras el revuelo que causó la noticia publicada por La Voz de Ibiza.
-Esta es la ley de la Dirección General de Movilidad del Govern balear y, por lo tanto, de todas las islas. Su objetivo es mejorar la movilidad. Habíamos detectado tres grandes problemas. El primero es que el taxi tenía muchísima rigidez y era necesario eliminarla para que el sector pudiera mejorar su competitividad y una mejor adecuación entre oferta y demanda.
El segundo, teníamos un problema con el alud de solicitudes de VTCs, y cuando hablo de alud lo digo consciente, porque hay más de 10.000 peticiones sobre la mesa, lo que multiplica por más de 10 el número de autorizaciones actuales y es obvio que esto requiere una regulación. Y el tercero, había que adaptar la normativa a una realidad de las islas que nos hace únicos: que es la estacionalidad y el hecho insular.
Dicho esto, creo que es lógico que las licencias de VTCs sean insulares y que no era lógico que fueran autonómicas y, por lo tanto, responde al interés general esta regulación.
-La denuncia que nos ha llegado hacía referencia a trayectos urbanos y la hemos traslado a los ayuntamientos, que son los competentes en esta materia. Cuando nuestros inspectores detecten cualquier irregularidad, la sancionarán.
–El PSOE presentó su proposición de ley después de que los taxistas se rebelaran contra la intención de la Conselleria de eliminar la obligación de precontratar los servicios de VTC con media hora de antelación. Finalmente, se ha mantenido tal cual esta exigencia, por lo que deduzco que no se producirán cambios en este aspecto.
-Hemos incorporado explícitamente la media hora de precontratación a la modificación de la ley. Hasta ahora estaba en otro texto legal (Decreto ley 1/2019, de medidas urgentes sobre la explotación y el control de la actividad de alquiler de vehículos con conductor y otras medidas en materia de transportes terrestre). Aquí dependemos de una legislación estatal básica que establece que las VTC no pueden tener paradas en la calle ni pueden ser contratadas levantado la mano que son dos diferencias sustanciales con el taxi. Y que ha de haber precontratación. Nosotros decimos que sea de 30 minutos.
–La realidad es que la precontratación es papel mojado y que sin precontratación el servicio de una VTC es parecido al del taxi, con la diferencia de que no pagan por la licencia, salvo una pequeña tasa, nada que ver con los 180.000 euros que pide el Ayuntamiento de Ibiza por una licencia, y que pueden operar cuando quieran y poner los precios que quieran.
-La diferencia es la que le he explicado: no pueden esperar clientes en las paradas, ni recogerlos a mano alzada, ni son un servicio público.
-¿Qué herramientas introduce la modificación de la ley que entró en vigor el pasado jueves para mejorar la convivencia entre el taxi y las aplicaciones de VTC, como Uber?
-La creación de las áreas de prestación conjunta, aunque en Ibiza ya funciona algo parecido. La posibilidad de que el taxi pueda cobrar a precio cerrado, la posibilidad de que el taxi pueda cobrar individualmente por plaza, aumentar el número de plazas para taxis a nueve. También estamos trabajando en el proceso de adjudicación de una aplicación pública para el taxi. Todo esto mejora la competitividad del taxi, permitiendo que cada taxista libremente utilice estas herramientas o no.
También hemos eliminado la posibilidad de que los ayuntamientos fijen días de descanso en temporada alta cuando hay una demanda muy alta de movilidad. También que los ayuntamientos puedan obligar a cubrir determinados servicios en determinadas franjas porque es una queja muy habitual que no hay taxis en los pueblos porque los taxistas están haciendo trayectos largos.
-Así pues, en lugar de poner más trabas a las VTCs, entiendo que lo que me quiere decir es que lo que han hecho es que el taxi se pueda parecer a una VTC sin perder la condición de taxi, esto es, parada en la calle y coger servicios a quien levanta la mano en la calle, más que limitar la actividad de las VTCs.
-Inicialmente, una VTC tenía una tramitación como la de un camión o un autobús de transporte discrecional. Una empresa necesitaba una, la solicitaba y si cumplía, tenía autorización sin ningún tipo de límite. Luego, se introdujeron los ratios que han sido anulados por los tribunales y que hemos sobrepasado con las licencias concedidas por sentencia judicial. Y ahora estamos en la fase de regular el sector a través de criterios objetivos de sostenibilidad y movilidad, no discriminatorios, como nos pide Europa. Ahora tenemos 12 meses para fijar esos criterios y acabar de regular el sector, el número de licencias de cada tipología y el número de licencias temporales. Para esta temporada, no hemos congelado las licencias temporales porque son muy necesarias. No se trata de poner normas para evitar que…
-Eso es lo que demanda el taxi y es legítimo.
-Una VTC hay dos cosas que no puede hacer y que sí puede hacer el taxi, que es un servicio público: estar en una parada y atender un servicio pedido en la calle con la mano levantada. Eso no ha cambiado.
-Entonces con el carácter de servicio público, esperar a los clientes en las paradas y atender servicios pedidos a mano alzada en la calle, ¿considera que es suficiente para garantizar una convivencia armónica entre ambos sectores?
-Es lo que dice la ley. Dentro de las posibilidades que nos marca la legislación estatal y europea, sí.
-En La Voz de Ibiza hablamos de la ley del taxi antiUber. A tenor de sus palabras, no es así.
-Como he dicho antes, uno de los objetivos de la ley es regular la autorización de la concesiones, ya sean ordinarias o estacionales. Y lo vamos a hacer con criterios objetivos no discriminatorios como nos dice Europa en una sentencia reciente. Los parámetros que vamos a utilizar, para los que necesitamos un estudio completo de necesidades, son la gestión adecuada del tráfico, de la ocupación del espacio público y cuestiones medioambientales. Es una ley con seguridad jurídica que busca el interés general y, por lo tanto, no es una ley anti nada ni anti nadie.
-Lo que no me quedado nunca claro es por qué los taxistas ven en una área de prestación conjunta un instrumento para luchar contra Uber. Antes no querían áreas y ahora parece que no pueden vivir sin ella con el argumento de la necesidad de doble autorización urbana e interubana.
-Nosotros escuchamos a todos los sectores, pero insisto en que la regulación se ha hecho en función del interés general. Es cierto que el sector ve las áreas de prestación conjunta como una medida de protección. Para mí tienen otras motivaciones, es una fórmula de ser mucho más sostenible, de evitar que un vehículo no vuelva a Palma vacío cuando hay otro taxi que va de Alcúdia a Palma y que también volverá vacío. Eso no es gestionar de forma sostenible la movilidad. Cada isla es en sí misma una área metropolitana. Para mí, el tema de la licencia urbana y de la licencia interurbana no es tan relevante.
-En Ibiza eso no pasa con la orden de carga conjunta. Los taxistas ven muy positivo que las VTCs también necesiten licencia urbana y no acabo de entender por qué.
-Con el área de prestación conjunta, solo habrá una licencia. No es un tema tan relevante para nosotros. Lo relevante es el estudio con parámetros objetivos para dar licencias.
-Entiendo, pues, que una área de prestación conjunta no servirá para dificultar la operativa de las VTCs, como piensan los taxistas.
-No es lo más relevante.
-¿Cómo van a hacer el estudio?
-Estamos preparando la licitación para adjudicarlo a una empresa. Tendrá un presupuesto de 70.000 euros.
-Establecer un número de licencias de taxi y de VTC fijas y temporales por islas, no sé si por municipios, me parece un ejercicio muy exigente.
-No digo que sea fácil. El estudio es una parte que nos ayudará a fijar los parámetros objetivos. Cómo fijar esos parámetros es evidente que no es sencillo, pero lo haremos con la colaboración de los consells. No sé si llegaremos a fijar números objetivos por municipios. Eso no se lo puedo decir en estos momentos.
-Se podría dar el caso de que el estudio concluyera que hay demasiadas VTCs y que sobran.
-Podría ser.
-Ahora mismo hay unas 380 licencias de VTCs que son fruto exclusivamente de la voluntad de los empresarios que las han solicitado.
-En el preámbulo de la modificación de la ley ya advertimos que hay un gran número de licencias de taxi y de VTC que están inactivas en invierno…
-Aquí también en verano.
-Las autorizaciones son nacionales. Nosotros regulamos los servicios y no tenemos acceso a toda la información del Ministerio. Lo que le puedo decir es que todas las VTCs tienen una matrícula asociada y en Mallorca todas han prestado servicios. En Mallorca, las temporales que hemos dado están obligadas a prestar servicio y si están 15 días sin prestar servicio se han de revertir las autorizaciones. No sé si cuando dicen que hay muchas autorizaciones que no prestan servicio es porque lo piensan o porque tienen datos que lo pueden corroborar.
-Creo que es un dato al peso y fruto de lo que ven por la calle.
-Pueden estar en otra isla prestando servicio. No confirmo ni desmiento. Todos tienen una matrícula asociada, eso sí se lo puedo decir.
-¿Va a haber un decreto único o varios?
-Un único decreto. La ley 4/2014 establecía muchas cosas a regular y no se hicieron. Siempre dentro de los límites que nos marcan las competencias de cada administración, obviamente.
-La lista es larga en cualquier caso.
-Sí. Clarificar todo aquello que necesite aclaración es un objetivo. Definir la capacidad de carga es otro.
En cuanto al taxi, el precio cerrado y la contratación por plaza, los criterios mínimos que requiere un vehículo de taxi para ser homologado.
En cuanto a las VTCs, regularemos para evitar los incrementos de tarifa desmesurados para circunstancias excepcionales debido a la alta demanda y las condiciones en las que se podrá proceder a un cambio de domicilio de una isla a otra.
También regularemos la contratación por plaza en los servicios de transporte discrecional de viajes en autobús con origen o destino puertos o aeropuertos.
Los consells deberán aprobar un reglamento para la concesión de autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor de ámbito insular, tanto permanentes como temporales. También pueden aplicar mayores exigencias ambientales superiores para las VTCs.
-¿Quedan fuera las áreas de prestación conjunta del decreto?
-Sí. No requieren decreto y pueden ser creadas mediante una orden de la consellera o de quien tenga las competencias de Movilidad, a petición de los ayuntamientos, con las condiciones que establece la ley. El proceso puede iniciarse cuando los actores implicados quieran.
