Sa Unió, Gent per Formentera y el Partido Socialista ya tienen cocinada la moción de censura contra Llorenç Córdoba que se votará –y saldrá adelante, salvo sorpresa de última hora- en el pleno del próximo 27 de diciembre, consagrando de esta forma a Óscar Portas como nuevo presidente del Consell Insular de Formentera.
Como telón de fondo de esta historia con mil caras, se esconde el megaconcurso bajo sospecha de los chiringuitos que, aunque no fue inicialmente el detonante de la crisis política e institucional desatada en noviembre del año pasado, sí ha sido el conflicto que derivó en la dimisión de los consellers de la coalición y en la disolución de la Junta de Gobierno. Un punto de inflexión.
El responsable político del concurso fue el PSOE, Gent per Formentera apoyo toda la tramitación y Sa Unió remató la operación adjudicando los ocho lotes de los chiringuitos y algunos lotes que habían quedado desiertos.
Así, parece el mundo del revés. Y es que Sa Unió, GxF y PSOE van a echan a Córdoba por querer evitar el amaño del concurso bajo sospecha y que, entre otras cosas, ha permitido que siete de los ocho concesionarios de los chiringuitos fueran los mejor puntuados gracias a los cambios de criterio introducidos por la Mesa de Contratación respecto a las bases y con los sobres abiertos.
El concurso bajo sospecha
Entre los distintos puntos de conflicto entre Llorenç Córdoba y los conselleres de Sa Unió, que marcaron la crisis institucional de Formentera, hay uno que sobresale y que selló la suerte del hasta ahora presidente del Consell insular: el concurso para la concesión de nuevos quioscos de playa que está plagado de irregularidades. A lo largo del último año, La Voz de Ibiza desveló, casi siempre en exclusiva y en solitario, las distintas irregularidades del caso.
A pesar de que el concurso fue anunciado en noviembre del 2021, cuando Ana Juan Torres presidía el Consell, llegado el 2024 aún seguían sin adjudicarse los lotes de los chiringuitos, los más rentables. Los antiguos concesionarios denunciaban en el inicio de este año irregularidades en el proceso y pedían anular el concurso.
Córdoba tomó nota de las reclamaciones y propuso en marzo declarar «desierto» el concurso correspondiente a los lotes 3, 19, 24, 27, 35, 38, 43 y 50 en el expediente de cesión de los derechos de explotación de los servicios de temporada en las playas. Quería evitar la factura de las indemnizaciones que otea el Consell de Formentera.
En base a un informe jurídico del Consell, Córdoba argumentaba que ninguno de los licitadores del concurso de quioscos para las playas de Formentera había «presentado una propuesta real del personal necesario en su proyecto para cubrir el horario laboral del quiosco».
Sa Unió desestimó la propuesta (la cual tildó de “temeraria”) y con la Junta de Gobierno rechazaron el movimiento de Córdoba, quien fue recusado y decidió no participar en la Mesa de Contratación.
Las irregularidades
Desde entonces y hasta la actualidad La Voz de Ibiza ha denunciado numerosas irregularidades en el proceso de contratación, las cuales no impidieron que, con Córdoba fuera del proceso, Sa Unió adjudicara los quioscos en abril, previo a la temporada estival.
Estas son los principales puntos que acumulan sospechas sobre el concurso:
La Mesa de Contratación del cambió las reglas del juego establecidas en el pliego del megaconcurso de los 50 lotes de los servicios de playa. La Voz de Ibiza comprobó que hubo, al menos, seis cambios en relación a los criterios originales establecidos en el pliego, y que se implementaron después de que se hicieran las ofertas. No solo eso: los pliegos habían sido modificados tras abrir los sobres de las ofertas.
Estas modificaciones en los pliegos no fueron, además, meras formalidades: 7 de las empresas que recibieron concesiones no hubieran ganado sin esos cambios. Todo esto derivó en numerosas instancias judiciales iniciadas por antiguos concesionarios, quienes señalaron, entre otras cosas, tráfico de influencias.
Las modificaciones —como un cuadro que distribuye los puntos por cada requerimiento y fue agregado a posteriori o el número mínimo de servicios de oferta complementaria— fueron impulsadas por la por entonces técnica de Medio Ambiente Ana Fernández Molero, quien renunció en medio de las acusaciones y también fue recusada por los antiguos concesionarios.
Entre otras cuestiones difíciles de defender, Molero valoró 75 ofertas técnicas conociendo la oferta económica de competidores con el beneplácito del secretario, una contaminación cruzada que afectó a 50 empresas.
Para levantar más sospechas, fuentes del Consell han contado a La Voz de Ibiza sobre la desaparición de un archivo informático clave para esclarecer irregularidades del concurso.
Durante el proceso, además, se negó a antiguos concesionarios el acceso a información del concurso, como la huella del tiempo. Incluso pese a que, desde febrero del 2023 existía un informe jurídico de Litoral que exigía a la Junta de Gobierno entregar la información solicitada a los licitadores que habían perdido; caso contrario, se caería en una “indefensión jurídica”.
Por otra parte, uno de los argumentos de Córdoba para declarar desierto el concurso y que fue rechazado por la Junta de Gobierno fue que, según un informe jurídico, las empresas debían contar con entre 15 y 20 empleados para cubrir las franjas horarias exigidas en el pliego, pero ninguna contaba con una plantilla semejante. Para más, en la polémica Junta de Gobierno del 25 de marzo, el interventor interino Pablo Serra utilizó argumentos contrarios a los pliegos del concurso bajo sospecha para tumbar dicho informe.
Todo esto derivó en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil abriera una investigación en torno al proceso de adjudicación de los quioscos en Formentera, tras tomar declaración a varios consellers y funcionarios del Consell Insular tras haber puesto Córdoba el caso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.
Temporada de playas
Además de las irregularidades a lo largo del concurso, en la última temporada de verano se reportaron distintos problemas en los servicios prestados por las empresas que resultaron ganadoras.
Entre ellos:
- Se denunció un exceso de ocupación de las playas, con la instalación de sombrillas y hamacas en áreas no autorizadas.
- Juanjo Costas y el Consell ‘autorizaron’ a un concesionario de un quiosco de es Migjorn a enterrar tuberías sin licencia bajo las dunas protegidas.
- El propio Consell Insular reconoció importantes irregularidades en la gestión de los chiringuitos y otros servicios turísticos en sus playas, como la falta de socorristas y falta de titulación de personal, y se puso a investigar.
- Durante el verano, Daisee Aguilera explotó una escuela de vela pese a que tenía el permiso denegado por el Govern.
