Noticias del mes de mayo de 2026
El alcalde de Sant Josep avisa al sector hotelero de Ibiza, vincula los asentamientos con el empleo en negro y advierte: «Quien no acepte, no nos conviene».
La Conselleria de Vivienda no ha contestado a las consultas jurídicas concretas que La Voz de Ibiza le trasladó sobre la validez de los pactos sucesorios del alcalde de Ibiza. El conseller Mateo tampoco abordó este punto en el Parlament cuando fue interpelado. Para el PSOE, el silencio del Govern equivale a complicidad.
La Guardia Civil levanta ocho actas por acumulación incontrolada de residuos, quema de basuras y actividad industrial sin licencia en suelo rústico.
Santa Eulària confirma la sanción a una vivienda de la calle Pío Baroja por comercializarse como estancia vacacional sin título habilitante.
El Ajuntament propone sancionar el cambio de uso de una vivienda en suelo rústico y confirma otra multa de 46.361 euros por comercializar en Airbnb.
El Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares presenta su Memorándum de conclusiones del ciclo de conferencias sobre vivienda en Ibiza y Formentera con un diagnóstico demoledor: la isla es la región de España con mayor exclusión social, 16.000 personas viven en viviendas inseguras y 3 de cada 10 residentes se plantean marcharse.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares presenta un plan con cinco medidas para movilizar el parque residencial sin nuevas urbanizaciones.
Una semana después, la Conselleria de Vivienda no ha contestado las consultas jurídicas concretas de La Voz de Ibiza sobre la validez de los pactos sucesorios de Triguero a efectos de la Ley 3/2024. El silencio no es neutral: cualquier respuesta compromete al Govern, a la ley que impulsó y al propio alcalde.
Triguero y su esposa cedieron solo sobre el papel y con el objetivo de aparentar cumplir la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda propiedades a sus hijos menores para acceder a una vivienda pensada para quien no tiene dónde vivir: fuentes jurídicas independientes lo califican de fraude de ley
La diputada socialista Pilar Costa ha acusado a la Conselleria de Vivienda de facilitar «que el alcalde de Vila se quede con una Vivienda de Precio Limitado».
Desde el PSOE han considerado que «las informaciones publicadas sobre la situación del inmueble del alcalde son de una gravedad absoluta y demuestran claramente que el alcalde de Eivissa está preocupado por la vivienda, pero sólo por la suya».
Triguero y su familia residen en un antiguo local en el mismo bloque en el que vivían en Can Misses, incumpliendo los requisitos exigidos por el Govern en la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda para beneficiarse de una norma excepcional pensada para facilitar el acceso a la vivienda, la Ley de Propiedad Horizontal, el Reglamento de Urbanismo del Consell de Ibiza, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Durísimo régimen sancionador de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda para evitar casos como el de Triguero: cuantiosas multas coercitivas, obligación de reponer la situación al estado anterior y la imposibilidad legal de seguir residiendo en la vivienda y riesgo de expropiación
