La Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB) ha presentado este martes su Memorándum de clausura del ciclo de conferencias «El reto de la vivienda en Ibiza: de la reflexión a la propuesta», un documento estratégico elaborado con arquitectos, urbanistas, sociólogos, representantes de la administración, entidades sociales y expertos en recursos hídricos en el marco de la crisis habitacional que atraviesan las pitiusas.
El diagnóstico que arroja es contundente: Ibiza vive una fractura estructural acumulada durante décadas que ya tiene nombre y cifra a la crisis habitacional de la isla.
El primer Informe FOESSA específico para Ibiza —presentado por Cáritas Diocesana en enero de 2026, con encuesta a 359 hogares y elaborado por 140 investigadores de 51 instituciones— confirma algo que muchos intuían pero que ahora tiene datos detrás: Ibiza es la región de España con mayor proporción de población en situación de exclusión social, con un 20,4%.
Pero lo que hace singular este diagnóstico es la paradoja que revela: en Ibiza la exclusión no viene principalmente de no tener trabajo o ingresos, sino de no poder acceder ni mantener una vivienda digna. Los salarios han subido un 20% en términos nominales desde 2018, pero solo un 3,3% en términos reales. Mientras tanto, el precio de la vivienda ha crecido un 41% en el mismo periodo. La conclusión es tan sencilla como dramática: trabajar en Ibiza ya no garantiza poder vivir en Ibiza.
Los datos del informe FOESSA son elocuentes. El 33% de la población sufre exclusión residencial, por encima de la media balear y estatal. Unas 16.000 personas —el 10% de la isla— viven en viviendas inseguras o con tenencia precaria. El 43,3% de la población está en integración precaria, un indicador de riesgo estructural. Y casi el 57% de los hogares en exclusión residencial son unipersonales.
La situación de los jóvenes es especialmente crítica: el 73% de los jóvenes ibicencos depende económicamente de su familia para subsistir, 3 de cada 10 residentes se plantean irse de la isla —no por elección sino porque el mercado los expulsa— y 7 de cada 10 ciudadanos destinan más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda, cuando los estándares internacionales fijan ese umbral como el límite del sobreesfuerzo económico.
Viviendas vacías mientras la gente se marcha
Uno de los datos más llamativos del memorándum es el porcentaje de viviendas vacías o de uso esporádico en algunos municipios: Sant Joan de Labritja encabeza la lista con un 35,5%, seguido de Santa Eulària des Riu (26,7%), Sant Josep de sa Talaia (21,4%) y Sant Antoni de Portmany (18,6%). En el municipio de Ibiza, el 10,2% de las viviendas están vacías.
El documento señala que la proliferación del alquiler vacacional ha vaciado el parque residencial disponible para la población local, normalizando subarrendamientos en cadena y contratos informales que dejan a los inquilinos en una situación de extrema vulnerabilidad.
En Baleares, el alquiler medio mensual se sitúa ya en 1.598 euros, un 31% más que en 2019, y más del 60% de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos al alquiler.
El urbanismo como parte del problema
El COAIB apunta también al modelo urbanístico como uno de los factores que agravan la crisis. Ibiza opera en gran parte de su territorio con planes generales redactados hace décadas. En algunos municipios, las normas subsidiarias tienen más de cuarenta años. Ese vacío planificador ha permitido el crecimiento descontrolado, la proliferación de edificaciones irregulares y la ausencia de reservas de suelo para vivienda asequible.
La normativa vigente exige 400 m² de parcela por vivienda y parcelas mínimas de 500 m² para edificación plurifamiliar, condiciones que el documento califica de incompatibles con la creación de vivienda asequible en el suelo disponible.
Construir VPO, un negocio con pérdidas
Uno de los análisis más reveladores del memorándum aborda por qué no se construye vivienda asequible en Ibiza: sencillamente, no es rentable. Teniendo en cuenta los costes actuales de construcción plurifamiliar en la isla —precio del suelo, tasas administrativas, honorarios técnicos y financiación—, vender a 3.257 euros el metro cuadrado, que es el precio máximo de VPO en régimen concertado, no es viable para un promotor privado.
El documento calcula que una promoción exclusivamente de VPO genera pérdidas del 9,19% en un escenario optimista.
El agua, condición previa
El memorándum incorpora también un capítulo dedicado a los recursos hídricos que el documento considera irrenunciable: ninguna política habitacional puede plantearse sin resolver primero el problema del agua.
Los acuíferos ibicencos se encontraban al 34% en febrero de 2025. El 63,5% del suministro urbano ya proviene de la desaladora. Y las redes de distribución pierden el 26,3% del agua que transportan.
Un dato especialmente llamativo: Ibiza pierde por sus redes de distribución tanta agua como la que produce la desaladora de Vila. Reducir esas pérdidas del 26,3% al 15% supondría un ahorro equivalente a 16.000 m³ diarios sin construir nada nuevo, solo arreglando lo que ya existe.
Las cinco palancas del cambio
El documento no se queda en el diagnóstico. El COAIB propone cinco líneas de acción que considera complementarias e inseparables:
- un pacto territorial normativo a 50 años, apolítico y transversal;
- un urbanismo de intensidad que densifique el suelo existente;
- un paquete de incentivos fiscales que haga viable la construcción de vivienda asequible para el promotor privado;
- la movilización del parque existente vacío;
- y la inversión pública directa en infraestructuras hídricas y vivienda social para los sectores más vulnerables.
El memorándum cierra con una advertencia: «Si Ibiza pierde a sus médicos, a sus maestros, a sus jóvenes y a sus trabajadores, dejará de ser una isla. Se convertirá definitivamente en lo que el periodista Jorge Dioni López denomina «la Ciudad del Movimiento»: un escenario de experiencias sin ciudadanía, un decorado de lujo vacío de vida. Y ese es un destino que todavía podemos evitar».
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