Noticias del mes de septiembre de 2026
Laura llevaba más de un año viviendo en su vehículo. Asegura que, tras su retirada en Jesús por carecer de seguro, se quedó con las pertenencias que pudo recoger y 200 euros que necesitaba para alimentarse. Reclama ayuda para encontrar alojamiento sin separarse de sus animales.
Los agentes investigan si el fuego que mató a un hombre de 48 años en el asentamiento de Sant Josep fue intencionado.
Su abogado explica que, si la Justicia ordena el desalojo, la propietaria retirará las chabolas, contratará seguridad y evaluará una rehabilitación que podría costar millones. Por ahora, no confirma si retomará su proyecto original.
Juan Carlos Rodríguez Tur niega que la propietaria cobre a los ocupantes y sostiene que el Ayuntamiento pidió entrar en la finca para abrir un expediente por las obras realizadas allí. Asegura que solicitaron judicialmente el desalojo hace tres meses y aún esperan respuesta.
Sant Josep licita por 794.326 euros la rehabilitación del depósito Promisa. El proyecto advierte de que las filtraciones «pueden suponer un peligro para la salud pública».
El alcalde de Sant Josep asegura que la propiedad se ampara desde agosto en la inviolabilidad del domicilio para impedir la inspección municipal de la finca, donde, según los residentes, se cobra una mensualidad por vivir. El Ayuntamiento ha trasladado esos pagos a las instancias competentes «por si fueran causa de delito». Ayer murió una persona en un incendio en una infravivienda.
La víctima permanecía ingresada en estado crítico en la UCI de Can Misses después de sufrir quemaduras en el 90% del cuerpo durante el fuego declarado esta mañana en Casa Lola.
El fuego ha afectado a una chabola del asentamiento y el herido ha sido trasladado a la UCI de Can Misses con quemaduras en el 90% del cuerpo.
El pleno ha respaldado el informe jurídico que reconoce al bloque A, desalojado en 2020, la misma presunción de legalidad que tiene el bloque B. Según el alcalde Vicent Roig, ese reconocimiento es el paso necesario para autorizar las obras de rehabilitación estructural sin necesidad de una licencia. La oposición socialista cuestiona que se trate de una «figura jurídica inventada» sin respaldo de los técnicos municipales.
