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La Policía Local de Sant Josep ha actuado contra vehículos de alta gama que eran alquilados sin conductor mientras, de forma paralela, se facilitaba al cliente una persona para conducir el coche. Los vehículos carecían, según el cuerpo policial, de la autorización necesaria para acceder a Ibiza en esas condiciones. La infracción puede acarrear multas de hasta 30.000 euros y la inmovilización del vehículo de dos a cuatro meses.

La CNMC ha llevado al TSJB varios artículos del Decreto 6/2026 al considerarlos «innecesarios, desproporcionados y discriminatorios». Entre ellos, la antigüedad máxima de dos años para los vehículos —que la Asociación de Taxistas Autónomos de Vila viene pidiendo revisar—, la longitud mínima de los coches —que también fue objeto de debate en la isla— y otros aspectos que afectan al modelo de negocio de las plataformas VTC. El Govern balear defiende que la norma «es necesaria».

El nuevo reglamento habilitó el traslado de autorizaciones de vehículos con conductor. Los datos provisionales apuntan a un saldo negativo para Ibiza, mientras el Consell sostiene que el mercado insular, que concentra casi la mitad de las VTC de Baleares, está saturado.


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