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Luego de que la Dirección General de Costas informara ayer que «permanecen fuera de la autorización distintos quioscos», lotes que se encuentran dentro de la concesión otorgada al Consell y que enfrentan un expediente de caducidad por una serie de irregularidades, al consellera Verónica Castelló apuntó responsabilidades contra el Govern: «Ha habido un error a la hora de valorar el expediente».

La izquierda pide una sesión extraordinaria de la Diputación Permanente para que el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, explique si hubo presiones políticas sobre los técnicos de Costas. La situación en Formentera que derivó en la destitución de la directora general y sus posteriores declaraciones públicas han desatado una crisis política en materia de litoral.

Cuatro de los antiguos concesionarios advierten que acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa si el Govern no acredita la incoación formal del expediente de caducidad. Han pasado más de nueve meses desde que los propios técnicos de la Conselleria propusieron iniciar el expediente tras un demoledor informe por los diferentes incumplimientos documentados.

El jefe del Departamento de Costas y Litoral, la jefa del Servicio de Autorizaciones, la jefa del Servicio de Sanciones, la jefa del Servicio de Concesiones y otros 17 funcionarios han firmado una carta al conseller Lafuente en defensa de la directora cesada, María Joaquina Ferrer Matas. Revelan que varios responsables ya han decidido dejar sus puestos y que la retroacción del procedimiento de las hamacas fue decidida por el Servicio Jurídico contra el criterio de la propia Dirección General.

El portavoz Antoni Costa citó los retrasos en la tramitación de expedientes como una de las razones del relevo de María Joaquina Ferrer Matas. La exdirectora general lo desmintió públicamente en redes sociales. La Conselleria del Mar, preguntada por La Voz de Ibiza, reconoció que los expedientes de temporada «no han podido resolverse» antes del inicio del verano.

El equipo de gobierno del Consell Insular emitió un comunicado tras el cese de Ferrer Matas y las informaciones sobre el conflicto de las hamacas. Admite que la licitación «superaba en años el plazo de la misma autorización» —lo que La Voz de Ibiza y la propia directora general calificaron de ilegal— pero atribuye el problema en exclusiva al anterior gobierno de GxF y PSOE.

Tras semanas de embrollo administrativo por un error en el envío de la notificación, los adjudicatarios han recibido finalmente el importe del canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Las subidas, que en promedio oscilan entre el 200 y el 300 por ciento, confirman los peores temores del sector. Y los que ya tienen las instalaciones montadas no pueden renunciar: están obligados a pagar.


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