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Siete meses después de conocerse el proyecto, la Autoridad Portuaria de Baleares solo maneja un amplio abanico de posibles emplazamientos, desde Jesús hasta playa d’en Bossa. El representante de los estibadores sostiene que la instalación es necesaria para los transportistas, pero no resolverá el principal problema del puerto: la falta de espacio operativo.

Durante el Debate de Política General, se ha acordado instar al Govern balear a elevar a diez años el mínimo de residencia en la isla para acceder a una Vivienda de Precio Limitado. La medida es necesaria porque, tal como confirmó la Conselleria de Vivienda a La Voz de Ibiza, para las promociones privadas la ley solo exige cinco años de residencia en Baleares y los ayuntamientos no pueden imponer condiciones más estrictas por sí solos.

Transportes hace balance en Ca na Negreta, el depósito donde se custodian los vehículos incautados antes de destruirlos. El Consell de Ibiza ha abierto 636 expedientes sancionadores hasta el 9 de julio —seis más que en todo el año pasado—, aunque las inmovilizaciones se desploman un 89 %, de 162 a 18, una caída que la institución atribuye al efecto disuasorio de las inspecciones.

La CNMC ha llevado al TSJB varios artículos del Decreto 6/2026 al considerarlos «innecesarios, desproporcionados y discriminatorios». Entre ellos, la antigüedad máxima de dos años para los vehículos —que la Asociación de Taxistas Autónomos de Vila viene pidiendo revisar—, la longitud mínima de los coches —que también fue objeto de debate en la isla— y otros aspectos que afectan al modelo de negocio de las plataformas VTC. El Govern balear defiende que la norma «es necesaria».

El Ayuntamiento de Ibiza entregó finalmente a La Voz de Ibiza la licencia de la controvertida Vivienda de Precio Limitado del alcalde tras una reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El documento certifica que el cambio de uso de local a vivienda fue autorizado el 6 de marzo, dos meses antes de que el gabinete de prensa municipal asegurara a este medio que el trámite estaba «pendiente».

El Boletín Oficial activa el periodo de información pública del cambio de destino de la parcela, que el Ayuntamiento aprobó en pleno el pasado marzo. El terreno fue cedido al Ib-Salut en 2011 y lleva 15 años sin uso sanitario. Ahora pasará al IBAVI con una condición clara: cinco años para construir o el suelo revierte al Ayuntamiento.


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