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Los diputados socialistas de Ibiza en el Parlament han registrado ante el Govern dos denuncias para que investigue si el Ayuntamiento de Sant Antoni ajustó a la normativa la tramitación y el control de ambos eventos. Una va dirigida a la Dirección General de Recursos Hídricos y otra a la de Costas y Litoral.

La izquierda pide una sesión extraordinaria de la Diputación Permanente para que el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, explique si hubo presiones políticas sobre los técnicos de Costas. La situación en Formentera que derivó en la destitución de la directora general y sus posteriores declaraciones públicas han desatado una crisis política en materia de litoral.

El presidente de la Asociación de Empresarios Usuarios asegura que el reglamento que rige el fondeo en el Estany nunca alcanzó su aprobación definitiva, por lo que el Consell no puede aplicar sanciones. Denuncia además una siniestralidad «disparatada» en el campo de boyas y advierte de que, a la espera de que se modifique el PRUG, la isla entera podría quedar sin acceso libre al mar dentro de una década.

La gestora aeroportuaria responde a la denuncia de una decena de entidades y sostiene que sus análisis anteriores no detectaron anomalías, aunque reconoce que sus aliviaderos pueden desbordarse en episodios puntuales de lluvia o alto consumo. Mientras tanto, la Conselleria de Medio Natural analiza sus propias muestras y no descarta un delito ambiental, y el Ayuntamiento de Sant Josep mantiene cerrada la playa de Es Codolar a la espera de nuevos análisis del agua.


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