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Un informe técnico independiente certificó en diciembre pasado que el bloque A del edificio, desalojado desde 2020, es «técnica y constructivamente rehabilitable» sin necesidad de técnicas extraordinarias. El coste se estima en 3.710.123 euros, unos 70.000 euros por apartamento, pero la portavoz vecinal Silvia Hernández reconoce que quién y cómo se pagará esa factura sigue siendo uno de los «flecos» por resolver.

El pleno ha respaldado el informe jurídico que reconoce al bloque A, desalojado en 2020, la misma presunción de legalidad que tiene el bloque B. Según el alcalde Vicent Roig, ese reconocimiento es el paso necesario para autorizar las obras de rehabilitación estructural sin necesidad de una licencia. La oposición socialista cuestiona que se trate de una «figura jurídica inventada» sin respaldo de los técnicos municipales.

El presidente insular, Vicent Marí, firmó este jueves con los cinco alcaldes de la isla los convenios del Plan Estratégico de Inversiones Municipales para 2026, que movilizará una inversión conjunta de 8,65 millones de euros. Santa Eulària des Riu es el municipio que más fondos recibe, con 1,44 millones, mientras que Sant Joan de Labritja cierra la tabla con 444.069,99 euros.

El Ayuntamiento de Sant Josep anunció el 23 de junio que las dos parcelas alternativas para descongestionar el mirador de es Vedrà estarían operativas en «diez o quince días». Casi un mes después del vencimiento del plazo, ambas siguen en tramitación y el Consistorio no precisa nuevas fechas ante la consulta de este medio. La reapertura del parking original, decidida unilateralmente por la propietaria el domingo, ha traído en paralelo el respiro que faltaba en plena entrada de temporada alta.


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