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La falta de vigilancia ha multiplicado los accesos al edificio okupado de Cala de Bou, mientras vecinos, comerciantes y hoteles denuncian un aumento de los problemas de convivencia, las quejas de turistas y los robos en la zona. El malestar crece justo cuando la Justicia estudia el desalojo cautelar de Punta Xinxó.

El Consell Insular ha ejecutado medidas cautelares contra establecimientos de la isla, precintando equipos de sonido en al menos una docena de locales luego de una inspección realizada en 2024. El caso de Beso Beach ilustra el caos de la gestión: presentaron toda la documentación requerida en su momento y dos años después les precintaron el equipo igualmente.

El Consell consigue en el pleno de mayo la adhesión al procedimiento extraordinario de legalización de edificaciones en suelo rústico, la misma medida que calificó de «no prioritaria» en agosto de 2024 mientras las otras tres islas ya la habían aplicado. Formentera es la última isla balear en sumarse.

La Junta de Gobierno del Consell Insular aprobó el 24 de abril imponer 2.501 euros en penalidades a La Terraza de Pelaires S.L., adjudicataria del Lote 5 de la playa de Cavall d’en Borràs. El acta recoge que el socorrista no estaba «ni identificado ni presente» en el momento de la inspección, pero el Consell solo aplicó la falta leve por falta de identificación, ignorando que la ausencia física podría haberse calificado como falta muy grave.


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