La sesión está convocada para el jueves 28 de mayo a las 13.30 horas, inmediatamente después del pleno ordinario. El punto único del orden del día es el debate sobre la licencia urbanística de primera ocupación del local reconvertido en Vivienda de Precio Limitado por el alcalde de Ibiza.
Pavimentos destrozados, muros desprendidos y un yacimiento cerrado al público alimentan las quejas vecinales contra el Ayuntamiento de Ibiza.
Rafael Triguero aprovechó la recepción del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad en El Pardo para plantear al Rey el problema de los tendidos eléctricos en los cascos históricos y los trabajos en las praderas de posidonia.
Surrealista: el alcalde de Ibiza remite a este diario un escrito en el que se autoerige redactor de medio al que pretende corregir, en el que cita «fuentes fidedignas» que no identifica
El alcalde de Ibiza ha retirado este miércoles el cerramiento del lateral de su Vivienda de Precio Limitado en Can Misses, el único que quedaba en pie tras haber desmontado el frontal la semana pasada al conocer la investigación de este medio. El patrón se repite: primero defendió que todo era legal, luego retiró una parte y ahora elimina el resto.
La diputada socialista Irantzu Fernández desgranó en el Parlament los detalles de la reforma que el alcalde de Ibiza realizó en su Vivienda de Precio Limitado, incompatibles con su anuncio de destinarla al alquiler asequible. Una inversión de entre 600.000 y 700.000 euros que generaría una rentabilidad negativa a 1.000 euros mensuales
El barrio de Ibiza convoca a una manifestación el sábado el 16 de mayo contra el proyecto de aparcamiento subterráneo en el bulevar Abel Matutes, que supondría la tala de más de 100 árboles y la desaparición de los parques de Sa Real y Joan Marí Cardona.
El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, confirmó en el Parlament que la denuncia presentada ante el IBAVI será tramitada e investigada, pero evitó respaldar explícitamente a Triguero y dejó abiertos varios de los flancos más comprometidos del caso.
Las diputadas socialistas Irantzu Fernández y Pilar Costa han llevado el Triguerogate al Pleno del Parlament balear: han acusado a Triguero de haber cometido un fraude de ley, han cuestionado como sospechosa la recalificación urbanística de Can Misses y han exigido que el PP rinda cuentas por una operación inmobiliaria que califican de «maquinación» para burlar la ley.
Una semana después, la Conselleria de Vivienda no ha contestado las consultas jurídicas concretas de La Voz de Ibiza sobre la validez de los pactos sucesorios de Triguero a efectos de la Ley 3/2024. El silencio no es neutral: cualquier respuesta compromete al Govern, a la ley que impulsó y al propio alcalde.
La interpelación, registrada por vía de urgencia, permite presentar una moción que obligaría a toda la cámara a pronunciarse; dos preguntas orales en el Pleno completan la ofensiva socialista sobre las VPL.
Rafael Triguero ha incumplido al menos tres puntos de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda del Govern balear por habitar la Vivienda de Precio Limitado.
Con el cambio de ley, intentó comprar el local comercial ubicado en el bajo del complejo Resident Park 2 de Can Misses que finalmente el alcalde reconvirtió en Vivienda de Precio Limitado por el que estalló el escándalo. La mujer tuvo que irse de la isla al no poder hacer frente a la renta. Además, fue amenazada por un abogado por críticas contra Triguero en las redes sociales.
Óscar Torres, miembro socialista, relata que el alcalde le abordó de forma alterada en Vara de Rey, le acusó de mentir y le advirtió de que «tiene pantallazos guardados». Un simpatizante del PP tuvo que llevárselo del brazo mientras le decía «déjalo, que son unos gilipollas».
El mundo al revés: el PP pone al alcalde de Ibiza como ejemplo a pesar del cúmulo de irregularidades
El recién reelegido presidente insular del PP, José Vicente Marí Bosó, asegura en ‘Diario de Ibiza’ que «no hay caso» y que Triguero «cumple escrupulosamente» a pesar de que La Voz de Ibiza ha documentado al menos cinco normas incumplidas, seis fuentes jurídicas que hablan de fraude de ley, dos marchas atrás en una semana y que la propia ley califica como «muy grave» alguna de las faltas
El alcalde de Ibiza compró un local por unos 400.000 euros y lo reformó por otros 200.000 para reconvertirlo en una Vivienda de Precio Limitado. Se mudó allí junto a su familia y puso en alquiler el piso anterior, ubicado en el mismo edificio, a precio de mercado. La investigación de este medio lo obligó a anunciar que pondrá la polémica VPL en alquiler asequible, lo que convierte la operación en una ruina económica según los precios fijados por ley.
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Iago Negueruela, portavoz socialista en el Parlament, pide al Instituto Balear de la Vivienda que abra un expediente sancionador contra el alcalde de Ibiza y su esposa Verónica Prats Marí, tras la investigación de La Voz de Ibiza.
PSOE y Podemos considera que la única comparecencia del alcalde hasta ahora —ante los medios, sin posibilidad de preguntas— es insuficiente. Piden acceso a toda la documentación de los expedientes y que se depuren responsabilidades políticas y administrativas si se confirman las irregularidades.
La presidenta del Govern balear confirmó que la polémica VPL de Rafa Triguero aún no está inscrita en el Registro autonómico, algo que había sido avanzado por La Voz de Ibiza. Esto a pesar de contar con licencia de ocupación desde el 6 de marzo. Además, Prohens no pronunció una sola palabra de respaldo personal al alcalde. Es la misma postura de distancia que han adoptado el PP Ibiza y los alcaldes populares de la isla.
Ni el PP Ibiza ni el PP Balear emitieron comunicado alguno en apoyo al alcalde. El presidente insular del partido, José Vicente Marí Bosó, no respondió a La Voz de Ibiza. Solo algunos concejales de su equipo de gobierno le mostraron apoyo en redes sociales, mientras ningún alcalde del PP de la isla se pronunció.
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A través de un comunicado, han expuesto que “no puede gobernar quien presuntamente se ha beneficiado de una situación que vulnera las normas que él mismo está obligado a cumplir y defender”.
La diputada socialista Pilar Costa ha acusado a la Conselleria de Vivienda de facilitar «que el alcalde de Vila se quede con una Vivienda de Precio Limitado».
