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Los vecinos de Sa Real vuelven a plantar cara en el pleno al proyecto de aparcamiento subterráneo del bulevar Matutes y acusan al alcalde Triguero de querer «vender el barrio».
La Conselleria de Vivienda no ha contestado a las consultas jurídicas concretas que La Voz de Ibiza le trasladó sobre la validez de los pactos sucesorios del alcalde de Ibiza. El conseller Mateo tampoco abordó este punto en el Parlament cuando fue interpelado. Para el PSOE, el silencio del Govern equivale a complicidad.
Según documentos que obran en poder de La Voz de Ibiza, la comunidad de propietarios Resident Park II votó en febrero retirar la celosía del local del alcalde por no coincidir con el resto de la urbanización. Verónica Prats, esposa de Rafa Triguero y presente en esa junta, impugnó el acuerdo mediante burofax y llevó el caso al Instituto de Mediación de las Islas Baleares. Triguero no retiró la valla hasta que este medio comenzó a investigar el caso.
El punto 7 de la moción socialista rechazada en el Parlament por los votos en contra del PP y la abstención de Vox no solo pedía «un mes de plazo» sino que establecía un hito objetivo a partir del cual arrancase el cómputo sancionador: la licencia de primera ocupación.
La moción presentada por el grupo socialista en el Pleno fue rechazada por los votos del Partido Popular y Vox. Además, los populares habían presentado enmiendas a tres de los ocho puntos de la interpelación al conseller de Vivienda para amortiguar el golpe contra Rafa Triguero.
La diputada Irantzu Fernández denunció que el alcalde de Ibiza actúa con «una mano» desmantelando asentamientos irregulares de trabajadores y con «la otra» comprando una VPL y alquilando sus propiedades a precio de mercado. El PP respondió calificando el caso de «falsa polémica política» y defendió que Triguero sigue «exactamente el mismo procedimiento» que cualquier ciudadano.
El Ayuntamiento de Ibiza da 48 horas a la veintena de vehículos que el operativo del 21 de abril dejó fuera.
La sesión está convocada para el jueves 28 de mayo a las 13.30 horas, inmediatamente después del pleno ordinario. El punto único del orden del día es el debate sobre la licencia urbanística de primera ocupación del local reconvertido en Vivienda de Precio Limitado por el alcalde de Ibiza.
Pavimentos destrozados, muros desprendidos y un yacimiento cerrado al público alimentan las quejas vecinales contra el Ayuntamiento de Ibiza.
Rafael Triguero aprovechó la recepción del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad en El Pardo para plantear al Rey el problema de los tendidos eléctricos en los cascos históricos y los trabajos en las praderas de posidonia.
Un vecino de la urbanización de Can Misses alertó del cerramiento ilegal de la VPL del alcalde Triguero a través del propio canal municipal habilitado para denunciar irregularidades urbanísticas. El PSOE solicitó acceso al expediente pero aún no se lo han facilitado. El Ayuntamiento no ha respondido a las preguntas de La Voz de Ibiza.
Surrealista: el alcalde de Ibiza remite a este diario un escrito en el que se autoerige redactor de medio al que pretende corregir, en el que cita «fuentes fidedignas» que no identifica
Estos terrenos los ha cedido el Consistorio al programa ‘Construir para alquilar’. y se encuentran situadas en la calle Sant Francesc de ses Salines y en la calle Canàries.
El alcalde de Ibiza ha retirado este miércoles el cerramiento del lateral de su Vivienda de Precio Limitado en Can Misses, el único que quedaba en pie tras haber desmontado el frontal la semana pasada al conocer la investigación de este medio. El patrón se repite: primero defendió que todo era legal, luego retiró una parte y ahora elimina el resto.
La diputada socialista Irantzu Fernández desgranó en el Parlament los detalles de la reforma que el alcalde de Ibiza realizó en su Vivienda de Precio Limitado, incompatibles con su anuncio de destinarla al alquiler asequible. Una inversión de entre 600.000 y 700.000 euros que generaría una rentabilidad negativa a 1.000 euros mensuales
El conseller Mateo insistió en que la Dirección General investigará cuando reciba la documentación de inscripción. Pero esquivó el problema real: Triguero obtuvo la licencia de primera ocupación el 6 de marzo, se mudó a la vivienda y vivió en ella hasta que estalló el escándalo, sin haber inscrito la VPL en el registro autonómico ni haber presentado la declaración responsable de beneficiarios. El PSOE cifra ese período en «un mes y medio».
El barrio de Ibiza convoca a una manifestación el sábado el 16 de mayo contra el proyecto de aparcamiento subterráneo en el bulevar Abel Matutes, que supondría la tala de más de 100 árboles y la desaparición de los parques de Sa Real y Joan Marí Cardona.
El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, confirmó en el Parlament que la denuncia presentada ante el IBAVI será tramitada e investigada, pero evitó respaldar explícitamente a Triguero y dejó abiertos varios de los flancos más comprometidos del caso.
Las diputadas socialistas Irantzu Fernández y Pilar Costa han llevado el Triguerogate al Pleno del Parlament balear: han acusado a Triguero de haber cometido un fraude de ley, han cuestionado como sospechosa la recalificación urbanística de Can Misses y han exigido que el PP rinda cuentas por una operación inmobiliaria que califican de «maquinación» para burlar la ley.
Una semana después, la Conselleria de Vivienda no ha contestado las consultas jurídicas concretas de La Voz de Ibiza sobre la validez de los pactos sucesorios de Triguero a efectos de la Ley 3/2024. El silencio no es neutral: cualquier respuesta compromete al Govern, a la ley que impulsó y al propio alcalde.
La interpelación, registrada por vía de urgencia, permite presentar una moción que obligaría a toda la cámara a pronunciarse; dos preguntas orales en el Pleno completan la ofensiva socialista sobre las VPL.
Rafael Triguero ha incumplido al menos tres puntos de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda del Govern balear por habitar la Vivienda de Precio Limitado.
El letrado Francisco Lorente Ramírez envió un mensaje privado por Facebook a un vecino que había criticado al alcalde en el grupo «Ibiza Winter Residents» por la investigación de su VPL. Le dio cinco días para retractarse públicamente o enfrentarse a una querella por injurias y calumnias.
Con el cambio de ley, intentó comprar el local comercial ubicado en el bajo del complejo Resident Park 2 de Can Misses que finalmente el alcalde reconvirtió en Vivienda de Precio Limitado por el que estalló el escándalo. La mujer tuvo que irse de la isla al no poder hacer frente a la renta. Además, fue amenazada por un abogado por críticas contra Triguero en las redes sociales.
Óscar Torres, miembro socialista, relata que el alcalde le abordó de forma alterada en Vara de Rey, le acusó de mentir y le advirtió de que «tiene pantallazos guardados». Un simpatizante del PP tuvo que llevárselo del brazo mientras le decía «déjalo, que son unos gilipollas».
