El IBAVI ha abierto el periodo de información pública del proyecto ejecutivo de 25 viviendas temporales en el carrer de s’Hort de sa Fruita, en Ibiza. Es el proyecto más avanzado de todos los que el organismo tiene en cartera para la isla.
La entidad reclama tratar la movilidad como una cuestión de capacidad de carga y propone una secuencia de actuaciones a corto, medio y largo plazo, con una prioridad: garantizar una alternativa pública al coche durante todo el año.
Navieras, taxi, rent-a-car y hoteleros valoran la constitución del órgano y aplazan las propuestas concretas a después del verano, mientras IbizaPreservation reclama mirar la movilidad más allá del tráfico.
El acuerdo en el Tamib salva los paros del 16 y 19, pero mantiene los del 24 y 26 y la huelga indefinida desde el 29 de junio.
Anunciaron el cierre con un emotivo mensaje en redes sociales. El establecimiento, referente de la comunidad LGTBIQ+ en la isla desde hace más de cuatro décadas, había sido precintado en marzo por obras sin licencia en suelo protegido del Parque Natural de Ses Salines.
El alquiler de vehículos, el transporte público, las navieras y los cinco ayuntamientos se sientan en un mismo foro que aspira a pasar del diálogo a las decisiones sobre transporte en la isla. La regulación de vehículos, los datos y la planificación territorial marcan el punto de partida.
El Consell Insular se ha quedado sin adjudicatario para el servicio de vigilancia ambiental del antiguo vertedero de Es Cap de Barbaria, que el Govern calificó el pasado octubre como «la montaña de la vergüenza». Ninguna empresa se presentó a la licitación convocada a finales de abril.
La Junta de Govern del Consell Insular impuso el pasado 15 de mayo dos sanciones urbanísticas a Shinto Suru S.L., una sociedad inmobiliaria vinculada a la familia del Grupo Pacha, por un total de 583.102,93 euros. Ambas tienen aparejada una orden de demolición pendiente de ejecutarse.
La compañía conmemora un cuarto de siglo conectando diariamente Formentera e Ibiza y reafirma su compromiso con los residentes, el comercio local, el deporte y las iniciativas medioambientales de la isla
Tres aspirantes para las estacionales de 2022 y 2023 que quedaron en lista de reserva llevan al Consell a juicio y reclaman una indemnización; mientras, algunos de los señalados ya operan estacionales esta temporada.
La marcha, que recorrió el centro de Vila al son de la batucada de Atutiplén y Ritmes Bio-Lents, tuvo como momento más emotivo el testimonio de Ángel y Fernando, una pareja homosexual migrante en situación de emergencia habitacional. El manifiesto reclamó instituciones libres de discursos de odio y más recursos para salud mental, personas trans y mayores.
El conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, celebra el desmantelamiento de la última macrofiesta ilegal de la temporada en Ibiza, pero reclama a las discotecas que incluyan cláusulas antipiratas en todos los contratos para expulsar y vetar a los DJs que actúen en eventos clandestinos.
La multa inicial superaba los 71.000 euros, pero los atenuantes por restituir la parcela rebajaron la sanción del Ayuntamiento de Santa Eulària
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Las celebraciones se desarrollarán entre el 20 y el 29 de junio con propuestas culturales, gastronómicas y musicales para vecinos y visitantes
El Consell de Govern autorizó el pasado 5 de junio la aportación extraordinaria con pago anticipado del 100%. El anuncio se produjo en la primera reunión de la Comisión Paritaria Govern-Consell de Formentera, constituida hoy por primera vez.
El Govern despliega desde el 1 de junio hasta el 10 de octubre un total de 20 barcos en Baleares, con cuatro en Ibiza y cinco en Formentera. En 2025 se registró el menor porcentaje de fondeos irregulares desde la creación del servicio.
Sant Joan ha aprobado inicialmente una ordenanza de convivencia que tipifica la práctica como infracción grave. La norma, que se encuentra en exposición pública, llega cuando la isla ya acumula varios heridos graves en apenas días de temporada y tras el verano más negro registrado en 2025
El informe interno del Consell de Ibiza documenta que una técnica de la administración alertó expresamente a Lidia Jurado y a Judit Romero de que el plan de Amadiba vulneraba los principios de publicidad y libre concurrencia. No solo la ignoraron sino que además fue castigada.
Jane King, figura central en la implantación de la entidad en Ibiza, tiene una condena firme por malversación y prevaricación en el caso Palma Arena: contratos sin respaldo real, expedientes fabricados a medida y elusión de los controles administrativos. El mismo esquema que documenta el informe interno del Consell de Ibiza y por el que está acusada una ex consellera.
El organismo dependiente del Govern socialista instruyó el expediente, identificó la posición privilegiada de la entidad, apuntó un posible delito de prevaricación contra Lidia Jurado y cuestionó hasta los pagos ya realizados. Sin embargo, su director concluyó el expediente proponiendo únicamente sanciones disciplinarias.
El informe interno del Consell de Ibiza documenta una cadena de tres eslabones: una orden verbal del expresidente socialista Vicent Torres que nunca quedó por escrito, una cesión de inmuebles públicos que el propio Consell Executiu rechazó formalmente pero que se ejecutó igualmente, y un argumento de exclusividad fabricado sobre esa cesión irregular para eludir el concurso público. Los propios funcionarios se preguntan si la operación constituye fraude a la Administración.
El proyecto que licita FECOEV llega cuando ciudades como Benidorm y Valencia ya desarrollan réplicas virtuales de su territorio y la Unión Europea financia una red continental con sede en Valencia.
Un documento de 137 páginas redactado por funcionarios de la institución y remitido a la Fiscalía Anticorrupción describe cómo el gobierno de PSOE y Podemos-Guanyem articuló entre 2016 y 2019 una operación para favorecer a la entidad al margen de los procedimientos legales.
Las obras en la PM-820 arrancan entre Can Rita y la Savina y se desarrollarán de lunes a viernes con afectaciones puntuales al tráfico. El Consell justifica el calendario de la obra por motivos climáticos.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza concluye la fase de investigación y decreta que la dirigente de Podemos debe sentarse ante un tribunal por presunta prevaricación en la firma de dos contratos con la asociación Amadiba en 2018 sin contar con la tramitación administrativa preceptiva.
