La historia de Unai Rial Sánchez ha pasado de la amenaza al castigo. El joven trabajador del aeropuerto, que se convirtió en el rostro de la crisis habitacional en la isla al relatar que vivía en una autocaravana ante los alquileres imposibles, ha recibido el golpe que tanto temía. Al salir de su jornada laboral, se encontró con la Policía Local inspeccionando su vehículo y notificándole dos sanciones que suman 290 euros.
Este nuevo episodio agrava una situación que este diario ya había adelantado en exclusiva: Unai llevaba meses buscando desesperadamente un «rincón» sencillo o un pequeño terreno privado donde algún propietario le permitiera estacionar legalmente a cambio de un alquiler asequible o mantenimiento de la finca. Su objetivo era, precisamente, evitar este acoso administrativo que hoy se ha materializado. «Me han dicho que no puedo estacionar en ningún lugar de Ibiza si no es en un parking para autocaravanas», lamenta el joven.
«Un acoso bestial» a los trabajadores
Para Unai, estas multas (una de 90€ y otra de 200€) no son un hecho aislado, sino una persecución deliberada. «Se está instaurando una ley de 72 horas de estacionamiento que están aprovechando solo y únicamente para ir a por autocaravanas y furgones camper», denuncia. Según el joven, el Gobierno intenta «tapar un resultado social causado por la corrupción gubernamental durante décadas».
Su testimonio pone cifras a la asfixia de un residente que cumple con todas sus obligaciones: «Tengo 32 años, trabajo desde los 17, pago mis impuestos, mi seguro y mi ITV. No soy un heredero, no soy corrupto y no trafico, pero no llego a fin de mes».
Las cuentas de la supervivencia
Como ya informamos, Unai no vive en una autocaravana por «espíritu aventurero», sino por necesidad. Hace tres años y medio pidió un préstamo de 30.000 euros para comprar el vehículo, una deuda que le supone 400 euros mensuales durante ocho años.
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Con un sueldo de unos 1.400 euros en temporada alta y apenas 900 euros en invierno, la cuenta es sencilla: entre el préstamo, los 200 euros de gasoil y los 400 de comida, el margen de maniobra es inexistente. «¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Pagar 30.000 euros de multa? ¿Vender la autocaravana e irme a vivir a una tienda de campaña?», cuestiona con amargura.
«No me pienso ir de aquí»
A pesar de la presión policial y de no haber podido acceder «ni a un piso de ayuda oficial», Unai se planta. Rechaza la opción de compartir piso en condiciones precarias —»no quiero estar pegándome con gente porque viene de fiesta a la habitación cuando yo salgo de trabajar»— y, sobre todo, rechaza abandonar su tierra.
«No me voy a ir de un lugar donde he nacido. Siento que los que llevan las riendas son corruptos y están vendiendo la isla al mejor postor, pero a mí me gusta este lugar por la naturaleza, por escalar y por el mar», afirma tajante. Su grito de auxilio sigue siendo el mismo que cuando contactó con este diario por primera vez: solo busca un espacio seguro donde le dejen vivir tranquilo mientras trabaja en la isla que lo vio nacer. «No se está respetando a los trabajadores», concluye.
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