El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep de este jueves vivió uno de sus momentos más tensos cuando se debatió la moción presentada por el Grupo Municipal Vox en rechazo al Real Decreto del Gobierno de España que restaura el acceso universal y gratuito a la sanidad pública para personas en situación irregular.
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Tras un largo y acalorado debate, de los tres puntos que planteaba la moción, solo prosperó el último: instar al Gobierno a elaborar un informe detallado del impacto económico, asistencial y presupuestario de la medida. Los otros dos —que el Ayuntamiento manifestara su rechazo al decreto y que se pidiera su derogación—solo fue acompañado Vox.
La posición de Vox
La concejal de Vox, Araceli Colomar, abrió el debate defendiendo la moción con un argumento central: que el sistema sanitario español ya sufre una presión estructural que la nueva norma agravará.
«La sanidad pública de España es un sistema financiado mediante el esfuerzo fiscal de los ciudadanos, ya que se encuentra sometido a una fuerte presión estructural con listas de espera elevadas y déficit de profesionales sanitarios. La ampliación indiscriminada del acceso sin planificación ni refuerzo paralelo de recursos agrava la sobrecarga del sistema», afirmó.
Colomar criticó especialmente el mecanismo de acceso que establece el decreto: «Permite acceso al sistema sanitario mediante una simple declaración responsable, flexibilizando de forma sustancial los mecanismos de control y acceso al sistema», lo que a su juicio «debilita los mecanismos de verificación, abriendo la puerta a posibles fraudes y usos indebidos de recursos públicos, lo que compromete la equidad del sistema».
La concejal de Vox también alertó de un posible efecto llamada: «La extensión de derechos sociales a personas en situación administrativa irregular supone en la práctica un efecto llamada que incentiva la inmigración ilegal comprometiendo la capacidad de los servicios públicos y generando un agravio comparativo respecto de quienes accedan al sistema cumpliendo la legalidad vigente».
Y fue contundente respecto a quién debe tener prioridad: «La prioridad del acceso a los servicios públicos debe corresponder a los ciudadanos españoles y a los residentes legales que contribuyen al sostenimiento del sistema, garantizando así la justicia distributiva y la sostenibilidad financiada del Estado del Bienestar».
En clave local, Colomar advirtió que «las consecuencias directas de esta medida recaerán de forma inmediata sobre los ciudadanos de Sant Josep, quienes ya padecen un sistema sanitario tensionado por la presión asistencial, la insalubridad y la escasez de recursos como todo Ibiza y todo Baleares: una mayor saturación en los centros de salud y hospitales, una reducción en la calidad de atención recibida por los residentes contribuyentes».
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En su réplica al resto de grupos, Colomar aportó datos propios para sustentar su posición: «De los certificados de vulnerabilidad, creemos que en Cala de Bou se han pedido como unos 200». Y añadió que Vox tiene conocimiento de que hay «municipios de Baleares donde en números están atendiendo a diario 308 personas en situación de irregularidad, 30 consultas de especialista, y a 3 en quirófano».
Colomar también salió al paso de las acusaciones de xenofobia apuntando al PSOE y a Podemos: «¿Qué puedo encontrar de la bancada de enfrente? Cuando tengo a Podemos que pone su sede martes y jueves y a PSOE que la abre miércoles y viernes. Para la regularización de ilegales. Para dotarlos de documentación. Y para que puedan ustedes que gobiernan para los irregulares pero no para los de Sant Josep».
Y cerró con una comparación que generó reacción en la sala: «No sé si usted ha salido alguna vez del territorio nacional. No sé si habrán ido a Andorra. Pero un español no tiene acceso universal y gratuito por todo el mundo. Yo he viajado y he tenido que pagar mi seguridad privada. En Andorra por ir al médico le van a cobrar. Si le atiende pero se le pasa una facturita. Es lo que está pidiendo Vox. No al acceso universal y gratuito a las personas en situación de irregularidad. En ese bloque también meto a los turistas, por supuesto. ¿Son españoles? No. ¿Hay asistencia en el país? Sí. ¿Tienen derecho a la asistencia? Sí. ¿Gratuita? No».
La respuesta del PP: «Las enfermedades no tienen papeles»
La regidora de Acción Social Marilina Serra, del Partido Popular, rechazó la moción desde el principio al considerar que «parte de un diagnóstico erróneo y plantea medidas que, lejos de reforzar el sistema sanitario, pueden poner en riesgo la salud pública y la cohesión social».
Serra defendió con firmeza la cobertura sanitaria universal: «No es una cuestión ideológica sino una herramienta esencial de salud pública. Garantizar el acceso a todas las personas independientemente de su situación administrativa permite detectar y tratar enfermedades de manera precoz, evitar complicaciones y reducir riesgos epidemiológicos. Tal como se evidenció durante la pandemia, dejar a personas fuera del sistema no solo es injusto, sino que también es peligroso porque las enfermedades no tienen papeles».
La regidora popular también desmontó el argumento de la sobrecarga: «La atención a personas en situación irregular representa una parte muy reducida de la actividad asistencial, alrededor de un 1% de la atención primaria y, por tanto, no es responsable de la presión estructural que sufre el sistema sanitario. Las dificultades actuales de la sanidad responden a factores bien conocidos como la falta de profesionales, la temporalidad y los retos específicos de territorios como el nuestro, marcados por la insularidad y la presión asistencial».
Y fue directa al cerrar: «Vincular este conflicto a la restricción de derechos sanitarios es desviar el foco del problema real. Limitar el acceso no solo es injusto, sino que también es contraproducente para la seguridad y el bienestar del conjunto de toda la ciudadanía».
El PSOE acusa a Vox de xenofobia
El más contundente en su respuesta fue el concejal del PSOE Vicent Ribas, quien desde el arranque de su intervención marcó el tono: «Esta moción, una vez más, pone claramente de manifiesto la esencia del grupo Vox. Viven en un permanente delirio xenófobo basado en falacias, mentiras, bulos, fakes».
Ribas calificó la moción de errónea «tanto desde el punto de vista ético como desde la eficiencia del sistema sanitario» y defendió que «el derecho a la salud no puede quedar condicionado por la situación administrativa de las personas, ya que se trata de un derecho humano fundamental reconocido por organismos internacionales».
El concejal socialista argumentó además que excluir a personas del sistema no reduce la presión asistencial sino que la desplaza: «La exclusión sanitaria de personas en situación irregular no reduce la presión sobre el sistema, sino que la desplaza hacia los servicios de urgencias, que son más costosos y menos eficientes. Excluir a personas del sistema no reduce la presión asistencial, la desplaza hacia urgencias, encarece el servicio y perjudica la salud pública del conjunto de la ciudadanía».
Ribas pidió en dos ocasiones a Vox que aportara datos concretos que respaldaran sus afirmaciones: «¿Me pueden decir en qué datos se basan para afirmar todas estas cosas? ¿En qué datos se basan para decir que el acceso universal a la sanidad perjudica el sistema sanitario? Yo les daré datos, pero en contra de sus argumentos, claro».
Y respondió él mismo citando a la Organización Mundial de la Salud, que «establece que la cobertura sanitaria universal es esencial para la seguridad sanitaria global y que la exclusión aumenta la propagación de enfermedades infecciosas»; a la revista médica The Lancet, que «ha publicado numerosos estudios sobre cómo la exclusión de migrantes en países como España, cuando se aprobó el Real Decreto-ley 16/2012 por el gobierno del señor Mariano Rajoy y el PP, aumentó la mortalidad y no supuso un ahorro real»; y a informes de Amnistía Internacional y Médicos del Mundo.
Sobre el argumento del efecto llamada fue especialmente tajante: «No existen datos que avalen el efecto llamada. No existen. Diversos estudios indican que las personas emigran por motivos económicos, bélicos o de persecución, no por el acceso a servicios médicos. La mayoría de migrantes desconocen el funcionamiento del sistema sanitario del país de destino».
Y añadió: «El argumento del efecto llamada es uno de los pilares de la ultraderecha, pero los datos de los organismos internacionales y los estudios de salud pública lo contradicen y muestran una realidad muy diferente».
Ribas cerró su intervención reiterando su posición: «Esta moción no solo es regresiva en términos de derechos y está basada en mentiras y prejuicios xenófobos, sino que también es ineficaz y contraproducente desde el punto de vista de la salud pública y de la sostenibilidad del sistema. Por si no hubiera quedado claro, votaremos en contra».
ARA Eivissa pide datos y reivindica la humanidad
El concejal de ARA Eivissa Josep Antoni Prats reconoció al inicio de su intervención la dificultad de mantener la calma ante este tipo de mociones: «Cuando se presentan cuestiones de este tipo, el cuerpo lo que pide es responder con exabruptos similares. Que son, por cierto, verdades, y empezar a levantarse y discutir. Pero claro, uno acaba poniéndose al mismo nivel y debemos intentar evitarlo».
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Prats se apoyó en los argumentos ya expuestos por PP y PSOE y añadió un dato demoledor contra la tesis de Vox: «Todos estos informes concluyen que los inmigrantes hacen menos uso de la sanidad y de las prestaciones sociales que la población no inmigrante. La gente que migra es la que está entre los 20 y los 50 años. Y ese grupo de edad es el que menos utiliza los servicios sanitarios y asistenciales. Así de simple. Por tanto, toda esta parafernalia de intentar decir que los servicios sanitarios están saturados por esto son falacias y mentiras. No es cierto».
El concejal de ARA no escatimó en contundencia al concluir: «Lo único que demuestra es falta de humanidad. Aquella asignatura de ética que se impartía en la escuela parece que vuelve a ser necesaria».
Y lanzó un mensaje a la ciudadanía: «Yo creo que, si es por números, pido a la gente que nos esté escuchando que busque datos, que se informe. Que no haga caso solo a TikTok de Vox, sino que consulte fuentes que realmente expliquen cuál es la situación real».
Podemos: «Intentan matarlos en tierra»
La concejala de Unidas Podemos Mónica Fernández optó por la brevedad pero no por la suavidad. En pocas palabras resumió su posición: a los inmigrantes «no consiguieron matarlos en el mar e intentan matarlos en tierra poniendo en riesgo la salud de toda la ciudadanía».
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