La lucha contra la oferta turística ilegal en Ibiza ha entrado en una fase menos visible, pero más compleja. Si hace un año el foco estaba en localizar anuncios sin licencia o sin registro y retirarlos de las plataformas, ahora el principal desafío está en otra parte: distinguir cuándo un inmueble anunciado como alquiler de temporada está funcionando en realidad como alojamiento turístico. Esa es la grieta que el Consell verbalizó en la Mesa contra el Intrusismo de abril y que también aparece, con otro lenguaje, en las respuestas de las propias plataformas.
La diferencia no es menor. La Ley de Arrendamientos Urbanos considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel que tiene un destino distinto de la necesidad permanente de residencia, mientras que excluye de su ámbito la cesión temporal de una vivienda amueblada y equipada cuando se comercializa en canales de oferta turística con finalidad lucrativa y queda sometida a normativa sectorial turística. Es decir: no todo alquiler temporal es turístico, pero un alquiler temporal puede dejar de ser una simple estancia de temporada si en la práctica opera con lógica vacacional.
Ese matiz se ha vuelto todavía más sensible con la entrada en juego del Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital, porque el real decreto estatal agrupa dentro de los alquileres de corta duración servicios “con finalidad turística o no” y menciona expresamente causas temporales tan distintas como las vacacionales, laborales, de estudios o tratamiento médico. Sobre el papel, el sistema busca ordenar e identificar mejor la oferta; en la práctica, obliga a afinar mucho más a la hora de verificar qué tipo de uso real hay detrás de cada anuncio.
En ese terreno más gris, Booking pone el dedo en la llaga. La plataforma reconoce que uno de los principales retos está en la complejidad de algunas tipologías de alojamiento, “por ejemplo, el alquiler de temporada”, junto a la fragmentación normativa, la falta de interoperabilidad entre administraciones, las inconsistencias en la información facilitada por los anunciantes o los cambios de titularidad. No da cifras, pero sí admite que el problema ya no se reduce a anuncios manifiestamente irregulares.
El diagnóstico encaja con lo expuesto en Ibiza durante las últimas semanas. El Consell ha defendido que puede bloquear anuncios rápidamente desde su detección, pero al mismo tiempo ha advertido de que el registro único puede abrir una vía para esquivar la normativa turística a través del alquiler de temporada.
En la misma línea Alicia Reina, presidenta en Baleares de la Asociación Española de Directores de Hotel, advirtió sobre la necesidad de una mejor coordinación entre los registros estatal y autonómicos. “La Ventanilla Única Digital y el registro obligatorio en plataformas son, sobre el papel, herramientas necesarias para mejorar la trazabilidad y el control. Pero también es cierto que existe el riesgo de que, si no se implementan con rigor, puedan convertirse en un ‘coladero’”.
Alquiler de temporada, la nueva zona gris
La dificultad está en que la frontera entre alquiler de temporada y alquiler turístico no la marca solo la duración, sino la finalidad real del contrato y la forma en que se comercializa el inmueble. Un piso puede anunciarse bajo una categoría temporal y, sin embargo, encajar en patrones más propios de la rotación turística si se oferta en plataformas, cambia con frecuencia de huéspedes o actúa como alojamiento vacacional encubierto.
Ese es el terreno donde el Consell cree que se ha abierto una rendija. En la Mesa contra el Intrusismo de abril trasladó a las plataformas y al resto de participantes que la implantación del registro único plantea dificultades “especialmente por la incorporación del alquiler de temporada en las plataformas turísticas”. La administración insular señala que algunos operadores pueden utilizar esa vía para eludir el control turístico clásico.
En el caso de Airbnb, la plataforma vincula su colaboración con Ibiza a protocolos de retirada más ágiles y a la obligación de incorporar número de registro en los nuevos anuncios de corta duración.
Tecnología, filtros y revisión humana
Las plataformas sostienen que el control ya no depende solo de una denuncia externa. Booking explica que combina tecnología avanzada, aprendizaje automático, inteligencia artificial y controles internos para analizar patrones de comportamiento, dispositivos e interacciones desde el registro del alojamiento hasta después de la reserva. Cuando recibe una notificación, activa una revisión interna, comprueba la información disponible y, si hace falta, reclama documentación adicional antes de retirar, suspender o bloquear el anuncio.
Ese esquema conecta con lo que Alicia Reina describió hace unas semanas sobre el uso creciente de herramientas de data scraping, cruce de datos y algoritmos para detectar anuncios sospechosos, duplicados, cambios frecuentes de identificación o incoherencias con registros oficiales.
Airbnb insiste en protocolos reforzados con el Consell para agilizar la eliminación de anuncios que incumplen la normativa de forma manifiesta y en la exigencia del número de registro en los nuevos anuncios de corta duración. La plataforma también participa ya en la Mesa contra el Intrusismo, donde se está discutiendo precisamente cómo cerrar las grietas que deja abiertas el nuevo marco estatal.
