El sector hotelero de Ibiza vive atrapado entre frentes regulatorios e iniciativas que llegan de Madrid y de Bruselas. La sugerencia de la Comisión Europea de subir el IVA de la hostelería —ante la que los hoteleros de Ibiza y Formentera se plantan—, el registro estatal de alquileres de corta duración anulado por el Tribunal Supremo y la carga burocrática del Real Decreto 933/2021 sobre el registro de viajeros marcan la agenda de la patronal.
Santiago García Ramón, nuevo gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF), repasa los tres asuntos con La Voz de Ibiza. Su posición sobre el IVA es tajante: el sector lo rechaza y no le ve justificación. Sobre el registro de viajeros, mantiene lo que ya defendía la presidenta María Costa hace medio año, cuando recordaba que sus padres «no tenían tantas trabas administrativas»: «Los datos que se están pidiendo desde el sistema de hospedajes del Ministerio del Interior son excesivos».
— Esta semana se posicionaron sobre el IVA. ¿Han estimado el impacto numérico de una subida?
— Cálculos no hemos hecho. Hemos manifestado nuestra posición teórica, que es algo fácil de ver. Al cliente final le da igual que el alojamiento tenga un 10 o un 21 % de IVA. Los precios se marcan en función de la oferta y la demanda. Por tanto, es muy probable que ante una eventual subida —que pienso que no se producirá— las empresas acabasen asumiendo parte, porque probablemente no se pueda repercutir todo en el cliente. Eso supondría una reducción de los márgenes. Por el peso que tiene el turismo en Ibiza y Formentera, que es la principal actividad económica, no es la opción más correcta ni ahora ni en el futuro, y menos en el contexto internacional actual, que ha encarecido los costes.
— ¿Ven algún margen de modificación fiscal para el sector en las islas?
— En principio no lo vemos necesario, y tampoco vemos la motivación que argumente esa subida. No vemos el motivo ni la justificación.
— El Tribunal Supremo anuló el registro único estatal de alquileres de corta duración. ¿Qué impacto tendrá en la oferta turística ilegal en Ibiza?
— Esto ha sido un tema de competencias. No se ha resuelto por una cuestión de fondo, sino porque una comunidad autónoma consideraba que el Estado, creando este registro único, invadía las competencias autonómicas. Es verdad que quizá existía duplicidad de competencias. Pero posiblemente la creación de ese registro nacional facilitaría, de cara a las plataformas, comprobar que las viviendas anunciadas cumplen los requisitos. En el caso de Ibiza, quien da el título habilitante para la vivienda de uso turístico es el Consell de Ibiza. Con ese registro, los titulares con licencia acudían al registro de la propiedad correspondiente, presentaban la documentación, se les daba un número y con él podían anunciar su vivienda en plataformas tipo Airbnb o Booking.
Cargas burocráticas
— Hace seis meses, la presidenta María Costa insistió en la carga burocrática del Real Decreto 933/2021 sobre el registro de viajeros. Bruselas tiene un procedimiento de infracción abierto. ¿Qué mirada tienen?
— Nuestra posición es la misma que le transmitió la presidenta y que va alineada con lo que defiende la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Consideramos que los datos que se piden desde el sistema de hospedajes del Ministerio del Interior son excesivos, y así parece que lo está confirmando Bruselas. Ahora mismo estamos, como todo el sector, a la expectativa de la reacción que pueda tener el Gobierno de España.
— ¿Son optimistas?
— No sé qué decirle, la verdad. No tengo una bola de cristal. Desde la CEHAT, las distintas federaciones comunicaron y mantuvieron el sistema de registro de viajeros. Podría darse el caso de que ante una llamada de atención de Bruselas reaccionasen, pero no se lo puedo garantizar.
