El Consell Insular de Formentera ha puesto en marcha una campaña informativa para recordar a la ciudadanía las obligaciones que establece la normativa de bienestar animal en relación con la tenencia de gatos domésticos. El mensaje central es claro: no identificar a un gato mediante microchip o no esterilizarlo antes de los seis meses de edad puede conllevar multas de entre 10.001 y 50.000 euros, al amparo de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
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La iniciativa parte de la Conselleria de Sector Primario, que dirige Belén Palerm, y tiene como objetivo frenar el aumento de camadas no deseadas y abandonos detectados en los últimos meses en la isla.
El abandono de animales, recuerda el Consell, no solo está prohibido sino que constituye una forma de maltrato animal y queda sujeto al mismo régimen sancionador: infracciones graves con multas de entre 10.001 y 50.000 euros.
1.200 gatos comunitarios y 69 crías en lo que va de año
Según los datos del Consell, entre enero y abril de este año, el área de Ganadería contrató a una persona específicamente para realizar un estudio sobre la población felina comunitaria de Formentera.
El resultado: 1.200 gatos comunitarios censados en la isla. Durante esos mismos meses se han llevado a cabo capturas de gatos comunitarios para esterilizarlos y castrarlos, en un trabajo realizado en paralelo con la asociación protectora Acción Francisco, que recoge los animales y los lleva a la clínica veterinaria por cuenta del Consell.
Los datos de Acción Francisco evidencian la magnitud del problema. En 2024, la entidad acogió a 79 crías. En 2025, a 58. Este año, solo hasta el mes de junio, ya tiene 69 cachorros en acogida, una cifra que supera el ritmo de los dos ejercicios anteriores y que el Consell interpreta como señal de que la concienciación ciudadana es insuficiente.
«Todo el trabajo supone una pérdida de tiempo y de dinero»
La consellera Palerm explicó en el último pleno del Consell, a raíz de una pregunta del conseller no adscrito Llorenç Córdoba, el origen y el alcance de la iniciativa.
«Después del trabajo realizado y del gran esfuerzo que se ha hecho, nos hemos dado cuenta de que, si unos trabajan pero la ciudadanía sigue permitiendo que sus gatos tengan descendencia y no toma medidas, todo el trabajo realizado supone una pérdida de tiempo y de dinero», afirmó.
La consellera fue explícita sobre lo que implica tener un animal de compañía: «Tener un animal no consiste únicamente en sacarlo a pasear, hacerse fotos con él o darle de comer cuando corresponde. También implica atenderlo cuando está enfermo. Si hay que ponerle un microchip, debe llevarlo, igual que lo llevan los gatos comunitarios. Y si hay que esterilizarlo o castrarlo, también debe hacerse».
Palerm subrayó además que la finalidad de la campaña «es informar y concienciar, no sancionar», y anunció que el Consell está tramitando una línea de ayudas destinada a sufragar el coste del microchip y la castración o esterilización para que ese gasto no recaiga íntegramente en el bolsillo de los propietarios.
Qué obliga la ley
La Ley 7/2023 establece la obligación de identificar a los gatos mediante microchip y esterilizarlos antes de los seis meses de edad. Quedan exceptuados únicamente los animales inscritos como reproductores a nombre de criadores autorizados.
El incumplimiento de la obligación de identificación constituye una infracción grave, con multas de entre 10.001 y 50.000 euros. El abandono de animales —sea de gatitos, camadas o adultos— recibe la misma calificación y el mismo rango sancionador.
El Consell recuerda que el abandono no es una solución ante una reproducción no deseada sino una conducta prohibida que contribuye directamente al problema de las colonias felinas, cuyo origen se encuentra en la pérdida de animales domésticos, el abandono de camadas y la reproducción de gatos sin esterilizar con acceso al exterior.
Quién puede sancionar
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos de las comunidades autónomas y a las entidades locales competentes en cada caso. En el caso concreto de Formentera, esa competencia recae sobre el Consell Insular, que actúa como administración local en una isla sin ayuntamiento propio.
Esa atribución no es nueva. La Ley 1/1992, de 8 de abril, de Protección de los Animales que viven en el entorno humano de la Comunitat Autònoma de las Islas Baleares ya establecía que los ayuntamientos y los consells insulars son los responsables de vigilar el cumplimiento de la normativa y de sancionar las infracciones.
La nueva ley estatal de 2023 no altera ese reparto: cuando se trata de infracciones leves y graves, son las entidades locales quienes instruyen y resuelven los expedientes. Solo las infracciones muy graves —con multas de entre 50.001 y 200.000 euros— se derivan a la Conselleria de Agricultura del Govern balear.
Las infracciones que menciona la campaña del Consell —no identificar mediante microchip y no esterilizar a los gatos antes de los seis meses— están tipificadas como graves en la Ley 7/2023, con multas de entre 10.001 y 50.000 euros. Es decir, el Consell de Formentera no solo tiene la potestad de advertir a los vecinos de esas sanciones: tiene también la competencia para imponerlas. La amenaza es real y ejecutable.
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