Entre las 35 preguntas formuladas en la Plataforma de Contratación del Sector Público durante el proceso de licitación del concurso para la gestión de la instalación náutico-deportiva del muelle de Ribera-Poniente del puerto de Ibiza, actualmente gestionada por Port Nàutic Ibiza,hay una que destaca por lo que revela sobre la estrategia de al menos uno de los candidatos.
Alguien preguntó a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) si era posible reducir o suprimir el plazo mínimo de dos años que impide transmitir la concesión del futuro club náutico del puerto de Ibiza una vez adjudicada. El argumento era explícito: esa restricción «puede afectar a la planificación empresarial y a la financiación del proyecto», porque «las entidades financieras suelen valorar la posibilidad de transmisión como garantía de liquidez».
La APB respondió que no tiene margen para modificar ese plazo. No es una decisión discrecional suya sino una exigencia del artículo 92.3.c del TRLPEMM, que establece de forma imperativa que deben transcurrir al menos dos años desde el otorgamiento para poder autorizar cualquier transmisión. Solo de forma excepcional, y si se ha ejecutado al menos el 50% de las obras, puede autorizarse antes.
Por qué alguien querría vender
La lógica financiera detrás de la pregunta es comprensible si se desglosan las cifras reales del concurso. Quien gane la concesión deberá acreditar un patrimonio neto mínimo de 3,3 millones de euros, y tendrá inmovilizados en avales y seguros de caución más de dos millones de euros adicionales desde el primer día, antes de ejecutar un euro de obra.
A eso se añade una inversión comprometida de 15 millones de euros en el Proyecto 1, ejecutable en los dos primeros años de concesión: reordenación del espejo de agua, construcción de un nuevo dique de abrigo y remodelación de las edificaciones existentes.
En ese contexto, disponer de la concesión como activo transmisible desde el primer momento es una herramienta de financiación: permite negociar con bancos y fondos sobre la base de un activo con valor de mercado desde el minuto cero.
Las otras preguntas que apuntan en la misma dirección
La pregunta sobre la transmisión de la concesión no es la única del expediente que sugiere las limitaciones financieras de alguno de los candidatos. Otra consulta cuestionó la acumulación de tres garantías simultáneas que exige el pliego: la de explotación, la complementaria adicional equivalente al gasto deportivo anual comprometido, y la de construcción equivalente al 5% del presupuesto de obras.
El preguntante pedía unificarlas o reducirlas alegando que gravaban «desproporcionadamente la carga financiera del adjudicatario». La APB las mantuvo intactas.
Una tercera consulta buscó aclarar cómo se contabiliza el gasto deportivo comprometido: si las subvenciones y patrocinios externos reducen lo que el concesionario tiene que demostrar gastar de su propio bolsillo. La respuesta fue que no: las subvenciones y patrocinios no descuentan, aunque sí lo hacen las cuotas e inscripciones de los propios deportistas.
Es una distinción que favorece estructuralmente a quien tenga más capacidad de captar financiación institucional y patrocinios, algo que una entidad con arraigo local y red federativa, como el Club Náutico Ibiza, tiene más a mano que un operador puramente privado.
El CNI busca socios
Según fuentes del sector náutico consultadas por La Voz de Ibiza, el Club Náutico de Ibiza ha intentado atraer socios financieros para poder cumplir con los exigentes requisitos económicos del pliego.
La entidad habría explorado alianzas con dos operadores del sector: Nauplia Capital, la mayor red de puertos deportivos de España con nueve marinas en la costa peninsular, y IGY Ibiza Marina, la instalación de grandes esloras y megayates del puerto de Ibiza gestionada por Ocean Capital Partners (OCP).
Según las mismas fuentes, el CNI habría propuesto a ambas empresas presentarse conjuntamente al concurso. La razón de fondo es financiera: la entidad centenaria tiene el componente deportivo y el conocimiento de la instalación, pero las exigencias económicas del pliego —patrimonio neto, garantías acumuladas, inversión en obras— requieren una solidez financiera que el club difícilmente puede acreditar por sí solo.
Nauplia Capital, presidida por José Manuel Arrojo, gestiona nueve instalaciones náutico-deportivas en España y tiene estructura financiera y experiencia técnica acreditada en concesiones portuarias. Su perfil encaja con precisión con lo que exige el pliego.
La Voz de Ibiza intentó contactar con Nauplia para confirmar o desmentir su participación en el concurso. En forma escueta, han respondido que «ese tipo de información es confidencial por lo que no podemos dar más información». Todo hace suponer que será uno de los sobres que se abrirá el miércoles próximo.
En tanto, IGY Ibiza Marina opera en el mismo puerto de Ibiza, aunque en un segmento completamente distinto: los amarres de grandes esloras y superyates del muelle comercial. Su eventual implicación en el concurso supondría un salto hacia el segmento deportivo y de pequeñas esloras, alejado de su negocio habitual.
El plazo cierra esta medianoche
El concurso CC-C-I-0006 cierra el plazo de presentación de ofertas esta medianoche. El miércoles 9 de septiembre, a las 12.30 horas, la Mesa de Apertura se reunirá en las oficinas de la APB en Palma para abrir los sobres y despejar todas las incógnitas: quiénes se han presentado, si lo han hecho solos o en unión temporal de empresas, y con qué estructura financiera y deportiva.
