Un guardia civil destinado en el cuartel de Can Sifre, en Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), ha sido sancionado con 20 días de suspensión de sueldo y empleo por alquilar su propia habitación, dentro de la caserna, a una familia de turistas. La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción disciplinaria, impuesta después de que el episodio saliera a la luz durante la fiesta de la patrona del cuerpo, hace tres años.
Una copa sin permiso y preguntas por droga
Según recoge la sentencia adelantada por IB3, todo se destapó en pleno convite de la celebración patronal en la caserna. Un hombre de aspecto descuidado, al que nadie en el cuartel conocía, apareció en la fiesta acompañado de dos menores y se sirvió una copa sin pedir autorización. Al preguntarle qué hacía allí, el hombre se quejó de que la habitación que le habían alquilado dentro del cuartel no tenía vistas al mar, y llegó a preguntar dónde podía comprar drogas.
Un oficial presente en el acto ordenó investigar lo ocurrido y descubrió que el agente al que estaba adjudicada esa habitación no se encontraba en la isla ni había comunicado que personas ajenas al cuerpo iban a ocuparla. La familia fue expulsada del recinto en ese mismo momento.
La familia huyó sin devolver las llaves
El relato judicial añade un detalle que agrava la situación: antes de marcharse, las cuatro personas se encerraron en la habitación y acabaron huyendo de Can Sifre sin devolver ni las llaves del cuarto ni las de la entrada principal del cuartel, lo que obligó a cambiar los accesos a la instalación militar.
El agente alegó indefensión ante el Supremo
El guardia civil, que en la actualidad está destinado en Canarias, recurrió la sanción alegando indefensión. Su argumento era que no se había tomado declaración ni a sus supuestos clientes ni a los oficiales que presenciaron los hechos antes de imponerle el castigo. La Sala de lo Militar ha desestimado ese argumento y ha ratificado la sanción por una falta grave al reglamento disciplinario del instituto armado, por “infracción de cualquier otro deber u obligación legal o reglamentariamente establecida que resulte inherente al cargo o la función”.
Se libra de la multa del Consell
El capítulo disciplinario está cerrado, pero el agente evita por ahora otro frente mucho más costoso: el de la Ley de Turismo de las Illes Balears, que castiga el alquiler turístico ilegal en Ibiza con multas que arrancan en 40.000 euros para el propietario del inmueble. Fuentes del Consell de Ibiza señalan que, hasta el momento, no ha llegado ninguna denuncia de intrusismo vinculada a este caso concreto, por lo que el guardia civil no se enfrenta, de momento, a esa sanción económica por el alojamiento irregular dentro de la caserna.
