La Guardia Civil ha descartado que el desalojo de Casa Lola se produzca mañana, 6 de octubre, la fecha que había comenzado a circular entre los residentes del asentamiento de Sant Josep. El cuerpo prepara actualmente el dispositivo policial necesario para ejecutar la orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, pero todavía no existe un día concreto para llevarla a cabo.
La confirmación despeja una incógnita sobre la que La Voz de Ibiza venía preguntando desde que comenzó a circular el 6 de octubre como posible fecha del operativo. Este periódico consultó entonces a la Guardia Civil, la Justicia de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Josep y el abogado de la propiedad, sin que ninguno pudiera confirmar que el desalojo fuera a realizarse ese día.
La situación resultaba especialmente llamativa porque eran los propios residentes de Casa Lola quienes aseguraban conocer cuándo tendrían que abandonar la finca. Según informó IB3, dentro del asentamiento se manejaba el martes 6 de octubre, mientras fuera de él ninguna de las partes implicadas confirmaba la fecha.
Ahora, Juan Carlos Rodríguez Tur, abogado de la propiedad, ha contactado directamente con el puesto de la Guardia Civil de Sant Josep y ha trasladado a La Voz de Ibiza la respuesta recibida: el desalojo no se producirá mañana.
Los ocupantes piden al menos 15 días
Mientras se prepara el operativo, los ocupantes de Casa Lola piden más tiempo antes de tener que abandonar la finca. Reclaman disponer de al menos 15 días para poder organizar su salida del asentamiento.
La petición llega después de que la Guardia Civil les comunicara que el desalojo era inminente. Según la información trasladada por Rodríguez Tur, los agentes acudieron a advertir verbalmente a los residentes para que comenzaran a abandonar Casa Lola antes de que fuera necesario ejecutar por la fuerza la orden judicial.
La Guardia Civil, sin embargo, no les comunicó un día concreto.
Ese aviso sobre la proximidad del operativo terminó conviviendo dentro del asentamiento con una fecha, el 6 de octubre, que nunca había sido confirmada oficialmente y que ahora ha quedado descartada.
La petición de los ocupantes abre así otro frente mientras avanza la preparación del dispositivo: ellos reclaman al menos dos semanas de margen, mientras sobre Casa Lola pesa desde el 30 de septiembre una orden judicial de desalojo inmediato.
El dispositivo policial está en preparación
Lo que sí está en marcha es la preparación del dispositivo policial necesario para desalojar Casa Lola, donde según los últimos datos viven cerca de 200 personas entre tiendas de campaña, caravanas e infraviviendas.
La Guardia Civil está organizando el operativo y, una vez que esté preparado, comunicará a la propiedad cuándo se ejecutará la medida cautelar.
El desalojo fue acordado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza el 30 de septiembre, pocos días después de la muerte de un hombre de 48 años tras el incendio de una de las infraviviendas del asentamiento.
La resolución se dictó dentro del procedimiento por un delito leve de usurpación, después de que Inversiones Hoteleras Faro S.L. solicitara recuperar la posesión de Casa Lola. El auto acuerda el desalojo inmediato, permite recurrir a la fuerza pública si fuera necesario y establece que la finca deberá ser devuelta a su propietaria.
El juzgado, sin embargo, no estableció un día para ejecutar la medida. Encomendó a la Policía Judicial —Guardia Civil o Policía Local— adoptar las medidas necesarias para cumplir la orden.
Qué hará la propiedad después del desalojo
Mientras se prepara el dispositivo, la propiedad asegura estar lista para intervenir en Casa Lola inmediatamente después de recuperar la posesión.
El primer paso será evaluar el estado en el que se encuentra la finca y calcular el coste de las actuaciones necesarias después de años de ocupación.
A partir de ahí, la intención de Paquita Marsan es tapiar la vivienda, limpiar la parcela y adoptar las medidas de seguridad necesarias para impedir una nueva ocupación.
La actuación deberá afrontar el estado actual de un terreno en el que durante los últimos tiempos han proliferado tiendas de campaña, caravanas, infraviviendas y estructuras improvisadas, además de vehículos y residuos acumulados en distintos puntos.
La propiedad ya había adelantado a La Voz de Ibiza que también prevé cerrar el perímetro y abordar posteriormente las construcciones ilegales levantadas durante la ocupación.
