El empresario Ángel Bustos no es un mero observador en la guerra de los quioscos de Formentera: es una de las partes. Empresas participadas por él se adjudicaron dos de los ocho lotes, ambos en la playa urbana de es Pujols, a través de Apartamentos Castaví y Paraíso de los Pinos, sus dos hoteles.
Asegura desconocer los pormenores porque son negocios que llevan sus hijos, si bien no rehúye el cuerpo a cuerpo. La Voz de Ibiza desveló en solitario que siete de los ocho adjudicatarios no habrían resultado los mejor puntuados sin un mínimo de cinco modificaciones de los pliegos que la Mesa de Contratación ejecutó después de abrir los sobres. Dicho en otras palabras, solo el chiringuito de Cala Saona, en manos del presidente del Club Náutico de Ibiza, Damián Verdera, habría ganado sin los citados cambios.
En aquella tramitación, un informe encargado por el propio Consell de Formentera al catedrático de Derecho Administrativo Felio Bauzá concluyó que había que anular la licitación, y el entonces presidente, Llorenç Córdoba, defendió declararlo desierto. Los mejor puntuados lo recusaron, él se apartó del procedimiento y los conselleres de Sa Unió acabaron adjudicando los lotes.
No fue ni mucho menos el fin de la historia, ni tampoco el inicio de una concesión balsámica.
Bustos, al igual que el resto de los concesionarios, pidió después una rebaja del canon del primer año y que no se desmontaran los quioscos durante un mes, al considerar que el desmontaje y posterior montaje no estaba previsto en los pliegos y además es más perjudicial para el medio ambiente. Ejerció de portavoz del grupo ante el Consell.
Es verdad que en parte de los pliegos la obligación de desmontar se convierte en todo lo contrario, pero también es verdad que la norma estatal obliga a desmontar un mes los chiringuitos ubicados en terreno natural, no los suyos que están en zona urbana, y que el título habilitante también.
Aquella petición nunca prosperó, y el desmontaje se ha convertido en el nudo que hoy amenaza toda la concesión.
Los quioscos no se retiraron entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2025, y el pasado invierno solo se desmontó uno de los ocho. Un informe jurídico del Govern propuso incoar la caducidad de la concesión otorgada al Consell Insular, y en agosto cuatro antiguos licitadores dieron un ultimátum al Govern: si no acreditaba la incoación formal del expediente antes de la primera semana de septiembre, acudirían a la vía contencioso-administrativa.
El plazo venció hace un mes. El Govern sigue sin resolver, los ocho quioscos han operado toda la temporada y no consta que los antiguos licitadores hayan llegado a presentar el recurso que anunciaron. Diez meses después de que los propios técnicos de la Conselleria del Mar concluyeran que procedía incoar la caducidad, el expediente continúa donde estaba.
Dos años después, el balance de Bustos es el de una derrota ordenada. Atribuye el origen del conflicto a Córdoba y sostiene que la situación solo se desbloqueó cuando entraron los abogados. Las cuentas tampoco salen como se preveía: sostiene que hacen falta cuatro de los ocho años de concesión solo para amortizar la inversión. Y asume que habrá que desmontar, aunque los suyos estén en playa urbana y la normativa estatal no lo exija.
—¿Cómo les han funcionado los chiringuitos este verano?
—Es un tema que llevan mis hijos y mi yerno, pero entiendo que han trabajado bien. El problema no es ese.
—¿Cuál es?
—En el caso de los chiringuitos se ha reducido mucho la rentabilidad y de alguna manera la Administración ha contribuido a ello, motivado por la reducción del espacio y la rigurosidad a la hora de aplicar las limitaciones.
—¿A qué se refiere exactamente?
—Las discrepancias en el equipo de gobierno conllevaron un ambiente tenso entre políticos y funcionarios. Cuando los informes de los técnicos estaban totalmente redactados, Llorenç Córdoba intentó evitar que se adjudicaran a los mejor valorados del concurso, proponiendo incluso anular el propio concurso. Estaba poniendo en jaque a los propios funcionarios, cuestionando su trabajo y su criterio de valoración.
Se tuvo que recurrir a la contratación del catedrático Paco Jiménez de Cisneros. Los funcionarios se ratificaron en los informes que habían hecho previamente, como no podía ser de otra forma, y las adjudicaciones pudieron continuar.
—¿Con qué coste?
—Dio una imagen fatal. Fue muy desagradable porque se creó un enfrentamiento entre las partes.
—¿Ha merecido la pena? ¿Son negocios rentables?
—Estamos en ello, pero la rentabilidad ya no es la de antes.
—Los suyos están en playa urbana y la normativa estatal permitiría no desmontarlos, al contrario que los situados en zonas naturales. Es el pliego el que se lo exige, para no crear agravios.
—Haremos lo que nos manden. Ya vendrán a decir que tienes que desmontar y luego tienes que empezar a montar otra vez. No tiene sentido.
—¿Y lo harán?
—Está pendiente todavía de que se resuelva ese contencioso y, si hay que desmontarlos, los tendremos que desmontar. No nos queda otra. Pero la Administración es soberana y tendremos que hacer lo que nos digan.
