El Consell de Govern de las Islas Baleares aprobó conceder al conseller de Economía, Hacienda e Innovación la autorización previa para tramitar una ampliación de crédito por importe de 5.796.307,35 euros, destinada a hacer frente al pago de una nueva indemnización urbanística vinculada a la urbanización de Roca Llisa, en Santa Eulària.
Con esta nueva condena, ya son trece las sentencias firmes que obligan al Govern a indemnizar a propietarios de esta urbanización, por una suma acumulada de casi 46 millones de euros.
La cifra de Roca Llisa forma parte de un total que ya supera los 380 millones de euros desembolsados por el Govern balear en el conjunto de litigios derivados de la aplicación de la Ley 4/2008, la conocida Ley Carbonero, mientras que la Comunidad Autónoma afronta todavía reclamaciones pendientes en los tribunales por un importe adicional de hasta 210 millones de euros.
De suelo urbanizable a área protegida
El litigio de Roca Llisa se remonta a la aprobación de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Islas Baleares, impulsada durante el Govern socialista de Francesc Antich por el entonces conseller de Obras Públicas, Jaume Carbonero.
La norma amplió el ámbito de varias áreas de especial protección territorial en Ibiza, entre ellas terrenos de la urbanización de Roca Llisa que hasta ese momento tenían la consideración de suelo urbanizable. Como consecuencia de la nueva clasificación, esos terrenos pasaron a integrarse en el régimen de suelo rústico protegido, con la calificación de Área Natural de Especial Interés, lo que privó a sus propietarios de los derechos urbanísticos que hasta entonces tenían reconocidos sobre esas parcelas.
Las empresas afectadas, entre ellas Bel Air Country Club S.L. y Roca Llisa Village Development S.L. de esta última sentencia por 5,8 millones de euros, recurrieron desde entonces por la vía judicial para reclamar al Govern balear una compensación económica por esa pérdida de derechos urbanísticos, en un proceso litigioso que se ha prolongado durante más de una década y que ha generado sucesivas condenas firmes contra la Administración autonómica.
Una condena que se arrastra desde 2016
La resolución que motiva el nuevo pago corresponde al auto número 33/2026, dictado el 9 de marzo por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Las condenas relacionadas con Roca Llisa se remontan al menos a 2016. En junio de 2018, el Tribunal Supremo confirmó dos resoluciones que obligaban al Govern a abonar indemnizaciones de 9,7 y 5,3 millones de euros, más intereses y costas, a propietarios de terrenos desclasificados en esta urbanización.
Meses después, en noviembre de ese mismo año, el Consell de Govern autorizó el pago de 17.079.598 euros correspondientes a otras cuatro sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares derivadas de la misma ley.
