La licencia que ampara la reforma del Hotel Corso, y que contempla una macrodiscoteca con capacidad para cerca de medio millar de personas sentadas, acumula reconocimientos oficiales en contra. El Ayuntamiento de Ibiza ha reconocido que no existe la licencia de sala de fiestas sobre la que se sostenía el proyecto y que el permiso se apoya en un cálculo erróneo e insubsanable. La pregunta que se hacen los vecinos de Illa Plana es por qué, admitido todo eso, la autorización sigue en pie. Ya la formularon en voz alta en el pleno: «¿Qué más necesitan, si lo han reconocido por escrito?».
Trabajar «a ciegas»
El proyecto entró por una vía excepcional de modernización turística nacida en la pandemia y se apoyó en una vieja licencia de sala de fiestas heredada de la época del antiguo Lucifer, que después se demostró inexistente. A su vez, el expediente tiene el problema de que incumple los parámetros de ocupación y edificabilidad señalados por dicha vía excepcional.
Ante estas irregularidades, el Consistorio recurrió a un argumento nuevo: que la discoteca era un servicio «complementario» del hotel, reservado a sus huéspedes. Los vecinos —asesorados por abogados, ingenieros y arquitectos— replicaron que ese encaje no se sostiene y que la licencia es nula de pleno derecho, por cuanto la sala contemplada podría albergar a cerca de 500 personas, mientras que las plazas del hotel apenas superan las 300.
En este contexto, la asociación describe un acceso al expediente «a cuentagotas», con documentación desordenada e incompleta, hasta el punto de reconocer que sus últimos escritos se han redactado «en base a hipótesis».
«Nosotros ya hemos destapado nuestras cartas —resume su presidente, Alberto Sánchez Runde—. Todo el mundo sabe lo que no queremos que se haga y todo lo que vamos a hacer para pararlo. No sabemos qué están moviendo ellos».
El fondo del temor vecinal es jurídico y concreto. Según sus asesores, no da igual el modo en que se anule la licencia. Si se declarase nula de pleno derecho, sus efectos se retrotraerían al origen: sería como si nunca hubiera existido. Si en cambio se declarase anulable, la invalidez operaría solo desde la resolución, de manera que todo lo actuado hasta entonces —cada obra ejecutada, cada trámite consolidado— quedaría en pie y podría, incluso, dar lugar a indemnizaciones a favor de la promotora.
El precio de la demora
De ahí que los vecinos lean el tiempo como un factor que no es neutral. Mientras la licencia se mantiene vigente, denuncian, se permite a la promotora tramitar expedientes en lugar de anular el permiso. Una cosa, argumentan, es que la administración vaya lenta, y otra distinta que siga dando curso a nuevos trámites sobre una autorización cuyos defectos ya ha admitido: así, sostienen, «el tiempo que pide la administración termina jugando en contra». «No es normal esta forma de actuar», resume Sánchez Runde.
El malestar quedó en evidencia en el propio pleno, en el que Triguero pidió «tiempo» para «contentar a ambas partes» —una fórmula que ya había quedado en cuestión durante la sesión—. La réplica vecinal es directa: «¿Cómo se pretende contentar a ambas partes? Que se aplique el reglamento como toca, que se aplique la ley». Si la licencia es nula de pleno derecho, argumentan, ninguna solución intermedia puede sostenerse sobre un permiso que se sabe inválido.
