«No se está mirando por los vecinos, no se está mirando por los ibicencos. Se está mirando de contentar a un fondo de inversión que viene de fuera y que hace un proyecto que le divierte por unas cosas o por otras, pero que nadie en Ibiza lo quiere». Alberto Sánchez Runde, presidente de la Asociación de Vecinos de Illa Plana, Illa Grossa-Illa de Valerino, resume así una pelea que empezó siendo vecinal y ha acabado siendo, sobre todo, una impugnación a la manera en que dos administraciones han tramitado la macrodiscoteca proyectada en el antiguo Hotel Corso.
«No es aceptable, no es viable»
Antes que jurídico, el argumento del barrio es físico. Illa Plana tiene «un único acceso, una calle unidireccional de un solo carril» —lo mismo para entrar que para salir—, y arrastra un problema que nadie ha resuelto: el desprendimiento de una parte de su acantilado. «Antes que hacer este proyecto, lo que habría que hacer es afianzar ese y otros problemas que tenemos», reclama Sánchez Runde.
A eso se suma la presión por el flujo de visitantes en la zona ya instalada en la vida diaria, y un aparcamiento subterráneo previsto sobre una zona de riesgo arqueológico: «A la mínima que caven se pueden encontrar restos», advierte. «Este barrio ya está bastante saturado con los cruceros; no podría aceptar ese volumen de camiones y obras ni con todo ya terminado, aunque viniera por arte de magia ya construido —advierte—. Está saturado ya casi hoy sin esto, y tú imagínate lo que esto sería. No es aceptable, no es viable».
Un hecho consumado
Nada de esto se consultó. En febrero, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ibiza, Juan Flores, citó a un puñado de vecinos para explicarles un proyecto ya cerrado. «Se comunicó a dos o tres vecinos, no sé con qué criterio, porque alguien conocería a alguien —recuerda Sánchez Runde—. Nos lo vendieron como un hecho consumado, que no teníamos nada que hacer. Digamos que era una manera de informarnos». Con el tiempo, aquello resultó ser un error de cálculo.
Porque Illa Plana no es un barrio cualquiera. Con más de 300 viviendas y una nómina de profesionales entre sus vecinos, lo que se planteó como un trámite silencioso acabó convertido en una asociación con decenas de socios nuevos y un equipo técnico detrás. «Evidentemente, no esperaban que nos organizáramos. Cuando juntaron a tres personas para contarles esto, pensarían que no habría capacidad para una respuesta coordinada».
La hubo, aunque no fuera inmediata: al principio hubo opiniones diversas y costó coordinar una estrategia común. Pero desde la primavera, los vecinos han movido ficha, se han plantado y se han reorganizado hasta convertir un susto en una causa. «El impacto sería tan grave que realmente sí nos hemos movilizado», explica.
De la reforma a la sospecha
El rechazo no fue de partida. Al principio no se oponían a la reforma del hotel, sino solo a la implantación de la macrodiscoteca, admite Sánchez Runde. Pero conforme pasaba el tiempo, el trámite se dilataba y se conocían más detalles del expediente, las sospechas fueron en aumento. «Como las cosas las hemos tenido que ir peleando e investigando por nuestra cuenta, al final resulta que hemos pagado un informe de arquitectura en el que vemos que ni siquiera los cálculos, los parámetros en metros, en superficie, en todo, se corresponden con la legalidad actual», relata. De ahí la posición actual: «Está bien que se reforme el hotel, que se haga una ampliación, pero tendrían que corregir su proyecto, tienen que corregirlo todo y presentar una nueva solicitud de todo. Nada es correcto».
Sánchez Runde también señala que «no ha habido ningún diálogo de parte de la promotora con los vecinos”. Si ha habido, en cambio, episodios que agriaron el clima, como el inicio de los trabajos fuera del periodo permitido: «Las obras se iniciaron antes del supuesto periodo permitido para ellas; hubo que pararlas dos veces, tuvimos que ir con la policía».
Dos administraciones señaladas
El reproche vecinal no se detiene en el Ayuntamiento de Ibiza. La asociación sostiene que el Consell de Ibiza, que emitió el informe turístico favorable imprescindible para el régimen excepcional, no verificó por sí mismo los números: al no disponer de arquitecto, se habría resuelto la parte jurídica y apoyado la técnica en un acta de manifestaciones del arquitecto de la propia promotora. Cuando los vecinos advirtieron el incumplimiento, el Consell requirió al Ayuntamiento, el Ayuntamiento comprobó y admitió que el proyecto no cumplía… y el informe favorable sigue sin dejarse sin efecto. Para la asociación, ese control corresponde a la institución insular, porque de él depende el sentido de su propio informe: no cabe, dicen, lavarse las manos y derivarlo al Consistorio.
Las administraciones han respondido, hasta ahora, sin mover ficha. Triguero pidió «tiempo» para «contentar a ambas partes» y llegó a remitir el asunto al ámbito privado, mientras el Consell se desmarcaba y colocaba el foco en Vila. A los vecinos esa combinación les resulta incomprensible.
«Nos genera bastante indignación —dice Sánchez Runde—. No es normal esta forma de actuar».
La doble vara del puerto
Hay un agravio que a los vecinos les resulta insalvable: que se prohíba en el puerto lo que se autoriza en su calle, un criterio dispar del Consistorio que La Voz de Ibiza ya documentó. «No se puede ir como alcalde o como equipo de gobierno a votar en contra de los usos recreativos donde están ahora, en el puerto, y pretender llevárnoslo a nuestro barrio —reprocha su presidente—. Por favor, que es un barrio familiar».
Sánchez Runde rescata, además, un detalle que considera revelador: que el aforo previsto para la sala supere al del propio hotel. «Si no es para el público en general, ¿por qué tiene más capacidad? ¿Por qué tiene más aforo? Ellos mismos se están contradiciendo. Es totalmente absurdo». Para el barrio, es la costura por la que se ve que debajo hay un negocio autónomo y abierto al público.
“Hasta el final”
De aquel puñado de vecinos convocados casi de tapadillo queda hoy una asociación que no piensa soltar. Mientras esperan que el juzgado reclame el expediente para poder formular su demanda, los vecinos preparan una medida cautelarísima para impedir que la maquinaria vuelva al solar el 1 de octubre, cuando decaiga el bando estival de obras, y han pedido en paralelo la suspensión de la eficacia de la licencia. Nada de eso, admite Sánchez Runde, habría sido posible sin lo que el barrio armó por su cuenta: «Sin un soporte jurídico tan importante como el que tenemos, sin organizarnos como nos hemos organizado, sería imposible: se saldrían con la suya».
«No pensábamos que habría esta respuesta, pero sí la hay, y con el apoyo de otras asociaciones», dice. La estrategia, insiste, no cambiará de tono: «Hemos intentado desde el principio ser prudentes y respetuosos. Vamos con paso firme, pero sin perder las formas. No las perderemos nunca, pero iremos donde haya que ir».
