En medio de la polémica por el acuerdo secreto entre el Club Náutico de Sant Antoni y el Club Náutico de Ibiza (CNI), por el que el primero se ha presentado como garantía de solvencia en la oferta del CNI para el concurso de la marina deportiva del puerto de Ibiza, los responsables de la entidad de la bahía de Portmany se esconden.
Tras varias insistencias de La Voz de Ibiza, el responsable de prensa del CNSA ha respondido que «de momento no vamos a hacer comentarios», bloqueando así cualquier tipo de información. Es la única respuesta que ha obtenido este medio tras varios días de intentos para conocer los detalles de la participación de la entidad como integrador de solvencia.
Mientras reina la confusión en la masa social de la entidad deportiva y se suceden los mensajes entre socios atónitos ante el comportamiento de la junta directiva.
Los puntos ciegos
Las peticiones de explicaciones comenzaron la semana pasada. El presidente de la entidad, José Tur Torres Cires, se encontraba de vacaciones fuera de la isla, por lo que este medio trasladó una serie de consultas por escrito al responsable de prensa del club.
Las preguntas buscaban aclarar aspectos concretos de la tramitación interna del compromiso asumido: qué tipo de colaboración es exactamente la que ha formalizado el CNSA con el CNI; si la entidad está al corriente de pagos con la Autoridad Portuaria de Baleares —uno de los requisitos que la Mesa de Apertura señaló como deficiencia subsanable en la documentación presentada y que destapó las irregularidades en forma del chapucero aval manuscrito—; si la operación ha pasado por la Junta Directiva; y, en particular, si se ha convocado a los socios en asamblea para que se pronuncien al respecto.
Pese al aviso expreso de que La Voz de Ibiza publicaría la información con o sin respuesta, el club guardó silencio durante todo el fin de semana. Este lunes llegó finalmente la respuesta: «De momento, no vamos a hacer comentarios».
Un silencio que levanta más sospechas
El silencio primero y la negativa después contrastan con la relevancia de lo que está en juego. Tal como ha informado este medio en los últimos días, el Club Náutico de Sant Antoni ha asumido una responsabilidad solidaria por el buen fin de la concesión vinculada a inversiones cuya referencia mínima conocida es de 20 millones de euros, importe establecido en los pliegos del concurso lanzado por la APB.
Los estatutos de la entidad limitan la competencia económica de la Junta Directiva al 20% del presupuesto anual, lo que apunta a que una decisión de esa magnitud requería el visto bueno de la Asamblea General de socios. Según ha podido confirmar La Voz de Ibiza de forma extraoficial, esa asamblea nunca se llevó a cabo.
Son precisamente esas preguntas —qué órgano tomó la decisión, con qué información y bajo qué procedimiento— las que la directiva del Club Náutico de Sant Antoni ha preferido no responder.
