La exclusiva urbanización de Vista Alegre, destinada a millonarios en el municipio de Sant Josep, transita por un laberinto urbanístico producto de las irregularidades, los cambios de criterios del Ayuntamiento y las nuevas normativas a la vista. El resultado es que hay tres decenas de promociones cuya licencia ha sido denegada, un puñado de villas acabadas que no han recibido el final de obra y, por lo tanto, no pueden ser habitadas y decenas de obras en curso que acabarán igual cuando finalicen las obras. Ante esta realidad fruto del cambio de criterio del Ayuntamiento de Sant Josep con la llegada de Vicent Roig a la Alcaldía, la Junta de Compensación dice tener la salida a tal enredo y guarda la esperanza de desbloquear las licencias de construcción y final de obra.
Según han manifestado a La Voz de Ibiza, confían en revertir este suspensión de las licencias aplicado por el Ayuntamiento desde hace un año y medio en la próxima asamblea de finales de marzo.
Fernando Corominas, presidente de la Junta Compensadora, explicó a este medio que “hubo una junta extraordinaria, en la cual asistió también el alcalde y miembros del Ayuntamiento en el salón de plenos. Allí se aprobó una modificación del plan parcial para adecuar todo a la realidad de la urbanización. Porque, según el plan parcial que hay, no se corresponde con el parcelario. Pero lo que prevalece es el plan parcial”.
Además, dijo que “ahora mismo todo eso se va a corregir, porque lo pidió el alcalde y ya se ha contratado un equipo de redactores de Mallorca y se presenta en un avance, en la próxima asamblea que vamos a tener a finales de marzo, para que el Ayuntamiento lo apruebe y desbloquee ya las licencias”.
La opción del aval
El proyecto de urbanización y el Estudio de Detalle se aprobaron el 14 de febrero de 1992, es decir, bajo la vigencia de la Ley 10/1990, de 23 de octubre de Disciplina Urbanística de Baleares.
A través de esta normativa, el Ayuntamiento podría haber exigido –algo que no hizo- constituir la garantía del 6 por ciento prevista en el artículo 13 de aquella Ley que garantizase la obligación de urbanizar. Tampoco, como indica ese mismo artículo, procedió a completar la urbanización con cargo a dicha garantía o a la entonces promotora CIVASA o a la propia Junta de Compensación.
Esta es una de las opciones que se abordaría en la próxima asamblea: establecer que el Ayuntamiento se reserve la garantía y, en caso de que no se ejecuten los trabajos de equipamiento correspondientes, las realice en forma subsidiaria el consistorio con cargo a la promotora.
Otra posibilidad es la modificación de la gestión urbanística utilizada para la ejecución de planes urbanísticos y el desarrollo de suelo urbano: pasar de una Junta de Compensación (impulsado por promotores privados) a una Junta de Cooperación, en la que la Administración se encargue de todo y luego pase la factura a los propietarios. Esta opción fue planteada por los representantes de algunos de los propietarios pero descartada de plano por el Ayuntamiento.
Este último implica un sistema mixto en el que el Ayuntamiento tomaría la iniciativa del desarrollo urbanístico. Los propietarios siguen siendo responsables del coste de urbanización, pero la ejecución de las obras es gestionada directamente por la administración, en este caso, de Sant Josep.
