El Observatorio de la Vivienda de las Islas Baleares (OHIB), presentado hace unas semanas en Palma, sitúa a Formentera como la isla con mayor porcentaje de su parque residencial destinado a alquiler turístico —uno de cada cuatro pisos y casas—, además del mayor déficit de vivienda residencial de todo el archipiélago.
Y el propio estudio de Capacidad de Carga Turística de la empresa Seeketing, encargado por el Consell Insular, ya calificaba al mercado residencial como «capacidad condicionada» con las 15.069 plazas actuales.
📃 El estudio de Carga de Capacidad Turística encargado por el Consell Insular de Formentera
Así y todo, Sa Unió llevará a la Comisión de Ordenación Turística la propuesta para desbloquear la moratoria y habilitar 1.800 nuevas plazas, tal como avanzó La Voz de Ibiza.
La advertencia del estudio
El propio estudio —publicado en forma íntegra por este medio— establece que la vivienda es uno de los principales límites al crecimiento turístico de Formentera, a pesar de considerar viable aumentar hasta en 3.767 plazas la capacidad alojativa de la isla.
A diferencia de otros indicadores, que parten de una situación considerada adecuada, el mercado residencial ya aparece clasificado como «capacidad condicionada» con el escenario actual. La situación -por supuesto- no mejora en ninguna de las proyecciones de crecimiento analizadas en el informe.
Con 18.083 plazas (+20%), el mercado residencial continúa condicionado. También permanece en esa categoría con las 18.836 plazas (+25%) que el estudio fija como Capacidad Turística Máxima Operativa. Al llegar a 19.590 plazas (+30%), la vivienda pasa a ser un factor «limitante» del crecimiento.
El propio documento reconoce que «el mercado residencial parte de una situación condicionada» y permanece así hasta alcanzar el nivel limitante en el escenario del 30%.
El estudio utiliza como indicador una relación del 83,5% entre «vivienda turística equivalente» y vivienda principal. Esa cifra no significa que el 83,5% de las viviendas existentes en Formentera sean turísticas, sino que corresponde a una equivalencia construida dentro del modelo para medir la interacción entre la capacidad turística y la función residencial. Para los autores, ese resultado «evidencia la intensidad de la interacción existente entre actividad turística y función residencial».
La presión sobre la vivienda no procede únicamente de los inmuebles que puedan destinarse directamente al alojamiento turístico. El estudio señala también que el crecimiento de la actividad turística genera necesidades adicionales de empleo y, por tanto, una mayor demanda residencial para los trabajadores temporales.
El factor territorial
El lugar donde se implanten las nuevas plazas también resulta determinante. El informe dedica un capítulo específico a las estancias turísticas en viviendas (ETV) y a los alojamientos dispersos, especialmente en suelo rústico. Su conclusión es que «la implantación dispersa de las ETV […] sí constituye una variable relevante para la capacidad de carga».
Las mayores diferencias frente a una oferta concentrada en núcleos urbanos se producen en movilidad, saneamiento y sensibilidad territorial, mientras que agua, residuos, servicios y presión residencial presentan también una incidencia intermedia.
Pese a ello, el estudio no considera necesario reducir por esa razón la capacidad máxima de toda la isla ni fijar un techo específico distinto para suelo urbano y rústico. Sí advierte, en cambio, de que la ubicación concreta puede impedir la materialización de determinadas plazas si provoca que movilidad, saneamiento, infraestructuras o sensibilidad territorial alcancen niveles limitantes.
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