El Ayuntamiento de Ibiza ha reconocido ante la oposición que el proyecto de reforma del Hotel Ibiza Corso contiene un error en el cálculo de la ampliación —supera el límite legal de ocupación— y que sus servicios están estudiando la fórmula jurídica para corregirlo. El equipo de gobierno admitió además que valora suspender las obras, que podrían reanudarse el 1 de octubre, cuando decae el bando estival que prohíbe la maquinaria pesada cerca del frente turístico, y que tiene margen hasta esa fecha para decidir.
Así lo han explicado a este periódico los dos grupos que solicitaron la Junta de Portavoces celebrada este miércoles: Unidas Podemos, a través de su portavoz Guadalupe Nauda, y el PSOE, cuya concejala y portavoz segunda, Carmen Boned, asistió al encuentro. Ambas versiones coinciden en lo sustancial.
En la reunión no participó el portavoz de Vox, Héctor Andrés, y tampoco asistieron técnicos municipales. Por el equipo de gobierno estuvieron el alcalde, Rafael Triguero, y la primera teniente de alcalde, Gema Marí Planells, junto al secretario municipal.
El Consistorio arrancó advirtiendo que no consideraba la Junta de Portavoces el espacio adecuado para tratar el asunto, y que su ámbito era el pleno. Aun así, accedió a responder a parte de lo planteado. El PSOE la describe como «una junta informativa para conocer el estado del expediente».
Un error y una fórmula por encontrar
Lo que el equipo de gobierno confirmó es que los servicios técnicos detectaron un error en el cálculo de la ampliación y que se está estudiando cómo subsanarlo. En términos técnicos, el proyecto rebasa el límite del 15 % en el parámetro de ocupación.
El dato no es nuevo: el propio Ayuntamiento ya lo había reconocido por escrito el 22 de julio, en un informe de la arquitecta técnica municipal. Pero aquel documento añadía algo que hoy resulta difícil de conciliar con la búsqueda de una salida: que el incumplimiento no resultaba subsanable mediante modificación del proyecto.
Según Nauda, en la reunión se les dijo que el Consistorio advirtió el exceso a raíz de que el Consell de Ibiza le pidiera aclaraciones. Es decir, la comprobación llegó después de que los vecinos recurrentes lo alegaran ante la administración insular.
El artículo 7 de la Ley 2/2020, la vía excepcional nacida en la pandemia por la que se tramitó la ampliación, permite superar los parámetros del planeamiento a cambio de un tope: que el incremento de superficie edificada y de ocupación no exceda del 15 %. Ese límite no es un parámetro más, sino la condición que habilita el régimen.
Sobre la mesa, suspender las obras
La cuestión más inmediata era el calendario. Las obras pueden reanudarse el 1 de octubre, y la asociación vecinal ya ha pedido la suspensión de la eficacia de la licencia y una medida cautelarísima para impedirlo.
El equipo de gobierno situó la paralización entre las opciones que está sopesando. Según Nauda, respondió que «van a ver qué hacen, si paralizan la obra o no para el 1 de octubre», y que «lo están valorando» precisamente por el exceso de ocupación. El PSOE lo confirma en los mismos términos: hay tiempo hasta esa fecha «para valorarlo y tomar decisiones», y el asunto «no lo han dado por cerrado». Los socialistas añaden que el Consistorio está a la espera de los informes técnicos y jurídicos para resolver.
«Solo para los clientes del hotel»
El otro asunto que la oposición trasladó, a instancias de los vecinos de Illa Plana, fue qué actividad de ocio puede desarrollarse allí. Y en esto las dos versiones también coinciden.
Según Nauda, el equipo de gobierno sostuvo que la actividad solo sería posible para los clientes del hotel, y que para ello se acogerían a la antigua licencia de sala de baile. La concejala precisa el matiz que le trasladaron: el hotel podría alquilar el salón para un acto puntual —una boda, por ejemplo—, pero no cederlo de forma permanente a otra empresa para explotar una actividad de ocio.
El PSOE lo formula de manera equivalente: se les confirmó que, con la normativa actual, no es posible ubicar allí la actividad de ocio como sala de fiestas independiente, al tener que estar vinculada al propio establecimiento hotelero.
Esa posición no encaja fácilmente con lo que el propio Ayuntamiento puso por escrito doce días antes. En un informe de sus servicios técnicos fechado el 28 de agosto y remitido al Consell el 31, el Consistorio sostiene que la licencia de sala de baile de 1997 fue autorizada «con carácter autónomo y abierta al público general», sin que su acceso conste limitado a los clientes alojados. Es, precisamente, lo contrario de lo defendido en la Junta. Acaso una fotografía de los malabarismos en los que ha incurrido el Consistorio para darle encaje al proyecto de ocio en el Corso.
La diferencia no es semántica. Si aquella actividad era autónoma y pública, el proyecto podría presentarse como continuidad de un uso recreativo preexistente y sortear la prohibición del planeamiento. Si solo era un servicio para huéspedes, esa vía se estrecha. El Consell abrió un trámite de audiencia de diez días hábiles en el que somete a alegaciones, entre otros extremos, «el carácter autónomo de la actividad, su apertura al público general y el aforo máximo autorizado de 365 personas».
Los errores del expediente
La oposición pidió además que se aclararan los errores detectados en la tramitación. Nauda enumera dos, atribuidos a administraciones distintas.
El primero se remonta a 2002 y ya fue documentado por La Voz de Ibiza: el expediente APER 128/2002, que durante años se invocó como antecedente de una sala de fiestas, no era una licencia recreativa sino una simple comunicación de cambio de titularidad de la licencia de actividad del hotel. El propio Ayuntamiento lo reconoció mediante resolución de 7 de julio.
El segundo es el informe favorable que el Consell emitió el 13 de octubre de 2025 sin verificar que el proyecto respetase el límite del 15 %, y que hoy está sometido a revisión a la espera de que se pronuncie la Comisión de Ordenación Turística.
Para Nauda, la acumulación es lo que resulta difícil de explicar: «Los técnicos se pueden equivocar, pero que dos técnicos de dos administraciones diferentes se equivoquen en un mismo expediente, sobre un mismo sitio, es un poco raro».
La concejala señaló que hasta ahora el Ayuntamiento no le ha dado acceso al expediente de Urbanismo de 2026 que solicitó. El Consistorio alegó que Nauda cometió un error en el número del expediente y que debería volver a cursar la solicitud.
Los frentes abiertos
La licencia urbanística núm. 11/2026, otorgada el 9 de febrero, sigue sin haber adquirido firmeza en vía administrativa, según reconoció el propio Consistorio en un oficio remitido al Consell: continúa sin resolverse uno de los dos recursos de reposición presentados contra ella. En vía judicial se tramitan dos recursos contencioso-administrativos, los procedimientos ordinarios 39/2026 y 85/2026, ante los tribunales de instancia números 4 y 1 de Palma.
Los socialistas resumen su posición en una frase: quedan a la espera de que «los informes técnicos y jurídicos resuelvan el expediente».
Este medio ha solicitado al Ayuntamiento de Ibiza su versión sobre el contenido de la reunión y, en particular, sobre si prevé paralizar las obras el 1 de octubre. Hasta ahora, el Consistorio no ha respondido.
