El Ayuntamiento de Ibiza ha convocado para este miércoles a las 13.00 horas la Junta de Portavoces que PSOE y Unidas Podemos habían solicitado con carácter urgente para abordar la licencia urbanística del Hotel Ibiza Corso, cuya reforma incluye el espacio destinado a la futura macrodiscoteca. La reunión llega cinco días después del registro de la petición y respeta la franja horaria que ambos grupos habían reclamado por cuestiones laborales.
A la cita están convocados los portavoces de todos los grupos municipales. Según ha explicado a este periódico la portavoz de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda, Vox ha comunicado que no podrá asistir.
Qué llevará la oposición
Nauda avanza que acudirá «con una serie de preguntas» que le han trasladado los propios vecinos de Illa Plana, y que su primera exigencia será el acceso a la documentación: «Pedir acceso a los expedientes de los cuales no nos dan acceso». Es el mismo problema que este medio reveló hace dos semanas: la concejala solicitó por registro un expediente concreto de Urbanismo de 2026 y recibió acceso a otro de 2018, relativo a la intervención de un taxi pirata. La situación, según confirmó ella misma, sigue sin resolverse.
Pero la oposición no se limitará al acceso. Nauda anuncia que reclamará «la aclaración del tema de la licenciade actividad: si es de fiesta, si no es de fiesta y dónde se justifica la ampliación», además de la situación respecto del planeamiento urbanístico y de la moratoria vigente sobre nuevas salas de fiesta y discotecas.
«El Ayuntamiento se vale de una licencia antigua, pero la esa licencia no contempla lo que quieren hacer ahora», cuestiona. La concejala espera que a la reunión asista personal técnico municipal y el secretario del Ayuntamiento «para dar aclaración» y, en caso contrario, que el Consistorio quede emplazado a responder por escrito a lo que se plantee.
La licencia antigua a la que se refiere
Esa «licencia antigua» es el eje del último giro en la posición municipal. Después de que el propio Ayuntamiento reconociera el 7 de julio que el expediente APER 128/2002 no era una licencia recreativa sino una comunicación de cambio de titularidad de la licencia hotelera, y de que la explicación municipal pasara a presentar la sala como un servicio complementario del hotel restringido a los huéspedes, el Consistorio ha situado el foco en un tercer título: la licencia de sala de baile otorgada por Decreto de Alcaldía de 5 de septiembre de 1997.
En un informe fechado el 28 de agosto y remitido al Consell de Ibiza el 31, los servicios técnicos municipales sostienen que aquella actividad fue autorizada «con carácter autónomo y abierta al público general», sin que su acceso conste limitado a los clientes alojados. Aquel permiso amparaba 488 metros cuadrados en la planta inferior y un aforo máximo de 365 personas; el proyecto actual destina 2.484,20 metros cuadrados a usos recreativos.
El Consell abrió el 1 de septiembre un nuevo trámite de audiencia de diez días hábiles para que los interesados aleguen sobre esa documentación, y entre los puntos que somete a debate figuran expresamente el carácter autónomo de la actividad, su apertura al público y la eventual correspondencia entre las condiciones de la licencia de 1997 y los metros proyectados. Ese plazo sigue corriendo mientras se celebra la Junta de Portavoces.
Un expediente que no es firme
La reunión se produce, además, sobre una licencia que el propio Ayuntamiento reconoce que no ha adquirido firmeza en vía administrativa, según hizo constar en un oficio remitido al Consell: sigue sin resolverse uno de los dos recursos de reposición presentados contra ella.
A eso se suman los reconocimientos que el Consistorio ya ha efectuado por escrito: que no existe título habilitante de sala de fiestas y que el proyecto incumple de forma insubsanable el límite del 15 % en el parámetro de ocupación. El Consell acogió provisionalmente ese incumplimiento y concluyó que no cabe un proyecto modificado para volver a acogerse a la vía excepcional que amparó la reforma, hoy derogada. La decisión de fondo sigue pendiente de que se convoque la Comisión de Ordenación Turística.
Los vecinos, en dos frentes
En paralelo, la Asociación de Propietarios y Vecinos de Illa Plana, Illa Grossa e Illa d’en Valerino mantiene abiertos dos frentes. En vía judicial, dos recursos contencioso-administrativos contra el decreto que otorgó la licencia: los procedimientos ordinarios 39/2026 y 85/2026, ante los tribunales de instancia números 4 y 1 de Palma, promovidos respectivamente por una comunidad de propietarios del barrio y por la propia asociación.
En vía administrativa, han solicitado la suspensión de la eficacia de la licencia y han pedido una medida cautelarísima para impedir que las obras se reanuden el 1 de octubre, cuando decaiga el bando estival que prohíbe la maquinaria pesada cerca del frente turístico durante el verano.
La portavoz del PSOE a nivel insular, Elena López Bonnet, resumió la posición de su grupo ante este periódico: «El Consell y el Ayuntamiento han hecho informes favorables para autorizar esta discoteca y tenemos la sensación de que ahora no saben cómo revertir esta situación».
