El Govern balear, el Consell de Ibiza y los ayuntamientos de la isla celebraron este viernes un encuentro técnico con colectivos profesionales para aterrizar la figura de los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE). Y el vicepresidente primero y conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, aprovechó la cita para volver al mensaje que ha repetido durante las últimas semanas, pero ahora con más urgencia: dijo que hay una “oportunidad única” para propietarios de suelo que quieran un desarrollo más ágil y un aumento de edificabilidad si, a cambio, orientan el proyecto a vivienda para residentes.
En la práctica, el Consell intenta incluir la herramienta autonómica en un gancho para que el suelo urbano o urbanizable “bloqueado” pase a jugar a favor de la vivienda asequible, en plena crisis de acceso. La idea enlaza con el planteamiento que Juan verbalizó en el pleno: incentivos urbanísticos y acompañamiento institucional para quien renuncie a vivienda libre y se mueva hacia vivienda a precio limitado o vivienda protegida.
“Oportunidad única” hasta verano
Durante la jornada, Juan insistió en que el proceso abierto por la ley autonómica permite a los promotores acelerar el desarrollo de suelos urbanos, urbanizables o en áreas de transición con la contrapartida de reservar vivienda para residentes. Y puso fecha al margen de maniobra: la ventana para activar el mecanismo finaliza en julio de 2026, cuando vence el plazo de un año para presentar los estudios preliminares ante los ayuntamientos.
El foco del Consell es claro: apurar los tiempos para “seducir” a propietarios que llevan años con suelo sin desarrollar —por trámites, planeamiento o falta de impulso— y ofrecerles una salida con mejores parámetros urbanísticos, siempre que la operación aterrice en vivienda de precio tasado y acceso restringido a residentes. El mensaje, en esencia, es que el desbloqueo será más rápido si el producto final no alimenta la escalada del mercado libre.
Crisis habitacional y debate político
La ofensiva del PP insular se enmarca en el debate que el propio Consell ha colocado en el centro del tablero: cómo evitar que la nueva vivienda acabe en manos de inversores o como segunda residencia, en un mercado que expulsa a familias de la isla. El equipo de gobierno ya anunció una ronda de contactos para buscar fórmulas “imaginativas” y concertadas.
En paralelo, el Consell ha cruzado el debate con la presión estacional sobre el alquiler y el alojamiento de trabajadores de temporada. El subtexto político es que la crisis no se resuelve solo “reservando” vivienda nueva: también exige instrumentos urbanísticos y oferta asequible real.
Qué son los PRE y qué exigen
Los PRE son una figura creada por la Ley 4/2025 para desbloquear y agilizar suelos urbanos y urbanizables en municipios de más de 10.000 habitantes. En Ibiza, la herramienta se orienta a Vila, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària des Riu, donde el objetivo es elevar la producción de vivienda asequible para residentes.
El esquema que se explicó en la jornada fija, entre otras condiciones, que el 50% de la edificabilidad se destine a vivienda protegida —vivienda de protección pública (VPP) y vivienda de precio limitado (VPL)— para residentes con al menos cinco años en Baleares, además de una cesión del 15% del aprovechamiento al ayuntamiento para promover también vivienda protegida. La clave política para el Consell es convertir esos porcentajes obligatorios en un argumento de “certeza” y rapidez frente al propietario.
Plan de choque y cifra “1.000 viviendas”
El encuentro también sirvió para repasar medidas de simplificación y reducción de plazos (como las entidades colaboradoras urbanísticas) y programas autonómicos vinculados al plan de choque de vivienda. En ese marco, el Govern sitúa en planificación más de 1.000 viviendas asequibles para residentes en Ibiza. El Consell trata ahora de sumar el “vector suelo privado” a esa ecuación pública.
Próximo hito: acuerdos municipales antes de julio
Más allá del suelo urbano y urbanizable, la ley contempla que municipios de más de 20.000 habitantes puedan ampliar el alcance de esta figura a áreas de transición —si lo aprueba el pleno municipal y bajo requisitos—, con un plazo que también vence en julio de 2026. Ese calendario explica la insistencia del Consell: el reloj corre y la ventana normativa no es indefinida.
