El conductor hablaba sin saber que aquella conversación acabaría en un juzgado. Durante el trayecto explicó que explotaba una licencia estacional de taxi que formalmente figuraba a nombre de un familiar y que por ella había mediado una contraprestación de unos 10.000 euros. La escena forma parte de una investigación privada con grabaciones audiovisuales que ha terminado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma.
Detrás de esa investigación están tres aspirantes a licencias temporales de taxi en Formentera: Enrique Tudón Oliver, Manuel Alfonso Hernández Serra y Juan Alberto García Rubio. Los tres estaban en los puestos 9, 10 y 11 de la lista de reserva del Plan de Actuación 2022-2023 y reclaman que varias autorizaciones debieron revocarse para pasar a los siguientes candidatos.
La demanda, tramitada como procedimiento ordinario 159/2023, se dirige contra el Consell Insular de Formentera y contra cuatro adjudicatarios de licencias. En esta información se identifica a estos últimos por sus iniciales —E. C., J. F., F. M. y J. M.— porque las irregularidades descritas están pendientes de resolución judicial.
El taxi, el familiar y los 10.000 euros
La escena más llamativa afecta a J. F., titular de una licencia ordinaria y otra estacional. La investigación incorporada al procedimiento recoge que, por problemas de salud, no explotaba personalmente ninguna de las dos. Una de las licencias habría sido conducida por otras personas y la estacional, según el relato judicial de los demandantes, habría acabado en manos de un familiar a cambio de unos 10.000 euros.
Hay otro detalle que refuerza esa tesis: el vehículo usado para esa licencia estacional no figuraría a nombre del titular formal, sino de la persona que la explotaba. Los recurrentes aportan para ello un informe de la Dirección General de Tráfico sobre un Ford Kuga identificado en el procedimiento.
El detective también puso el foco en E. C. La demanda lo sitúa trabajando en un negocio de recuerdos en el puerto de La Savina mientras sus licencias de taxi eran explotadas por terceros. En una de las grabaciones, se recoge que una licencia ordinaria estaría alquilada a otra persona.
En el caso de F. M., la conversación es casi doméstica: su hija habría explicado que su padre conducía solo de 9 a 12, tres horas al día, y que ella cubría las otras 12 horas. Para los aspirantes, esa distribución no encaja con la obligación de explotación personal en jornada completa.
El cuarto señalado es J. M. Su licencia ordinaria, de acuerdo con la demanda, era explotada solo por asalariados y con tres conductores, cuando el reglamento citado por los recurrentes limita ese número a dos por licencia. Sobre la licencia estacional, el escrito admite que la conducía personalmente de noche, aunque sin llegar a la jornada completa.
Una lista de reserva que nunca se movió
El Plan de Actuación de Formentera fijaba que las licencias temporales eran personales, intransmisibles y revocables. También establecía que los titulares debían prestar el servicio personalmente en jornada completa, ya fuera en la licencia estacional o, si también tenían una ordinaria, en una de las dos.
Con esa base, los tres aspirantes presentaron una denuncia administrativa el 10 de agosto de 2022 ante el área de Movilidad y Territorio del Consell. Pedían que se revocaran las licencias cuestionadas y que esas autorizaciones pasaran al contingente de reserva.
Pero la lista no se movió. Los demandantes sostienen que el Consell no resolvió aquella denuncia. El 7 de febrero de 2023 pidieron una respuesta expresa y, al no obtenerla, acudieron a la vía contencioso-administrativa contra la inactividad de la Administración y la desestimación por silencio administrativo negativo.
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Otra temporada en marcha
El pleito sigue abierto, pero las licencias estacionales no se han detenido. Según la información recabada por este periódico, los adjudicatarios señalados en la demanda ya han comenzado a operar autorizaciones estacionales esta temporada: unos desde el 15 de mayo y otros desde este 15 de junio.
Ese dato añade presión al conflicto, porque los aspirantes no solo reclaman por lo ocurrido con el Plan 2022-2023, sino que cuestionan que personas incluidas en aquella investigación privada puedan seguir accediendo a licencias temporales mientras el procedimiento judicial continúa pendiente.
Licencias o dinero
Ahora reclaman que el juzgado les dé la razón, revoque las licencias cuestionadas y ordene adjudicárselas a Manuel Alfonso Hernández Serra, Enrique Tudón Oliver y Juan Alberto García Rubio, como siguientes en la lista ordenada de admitidos.
Y si ya es tarde para entregar esas licencias, piden dinero. Como el Plan 2022-2023 ya terminó, la demanda reclama de forma subsidiaria una indemnización por lucro cesante: los ingresos que los tres aspirantes dicen haber perdido al no poder trabajar esas autorizaciones durante el periodo correspondiente. La cuantía aparece como indeterminada.
La Voz de Ibiza ha consultado al Consell Insular de Formentera para conocer su versión sobre la denuncia, las comprobaciones realizadas, la reclamación económica y el hecho de que algunos de los adjudicatarios señalados hayan vuelto a operar licencias estacionales esta temporada, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
Según la información trasladada por la representación legal de los demandantes, el Consell se opone al recurso al considerar que el Plan 2022-2023 ya finalizó y que la indemnización no está correctamente cuantificada.
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