Bienestar Social prepara el expediente para abonar los 191.000 euros adeudados a AEMIF y aprobará en las próximas semanas un nuevo concierto con cuatro años de vigencia.
El motorista tenía 17 años y cuatro meses de carnet cuando se estrelló contra una bionda mal colocada en Sant Josep. Diez años después, el TSJ eleva su indemnización hasta los 553.297 euros.
OB recoge firmas para reclamar a su hijo, retirado cautelarmente por Protección de Menores en marzo y pendiente aún de resolución judicial.
La institución asegura que las empresas pueden operar desde ya y que las autorizaciones provisionales no se reducirán al aprobarse el reparto definitivo. La limitación de vehículos entró en vigor el 1 de junio.
El pleno aprueba de forma inicial el reglamento que abre la puerta a operadores privados, pero blinda la tutela pública sobre las tarifas del servicio.
La madre cuestiona la actuación de Protección de Menores y reclama ante los tribunales la devolución del menor.
Itevebasa gestionará casi 30.000 inspecciones anuales más en Montecristo mientras el pleno vota el reglamento que permitirá estaciones privadas en la isla. Además, se ha adjudicado el sistema de pago anticipado, en busca de reducir la elevada tasa de abstentismo.
El sector celebra el aumento a siete inspectores contra el intrusismo, pero reclama más presencia policial en el aeropuerto y otros puntos calientes de la isla.
El Reglamento General de Costas establece que la explotación por terceros no puede superar el plazo de la autorización otorgada por Costas, fijado en cuatro años. La adjudicación de 2021, firmada por seis temporadas para las hamacas y sombrillas, supera ese límite legal.
La sentencia anula el Real Decreto 1312/2024 por invadir competencias autonómicas y respalda en la práctica el modelo insular, el único de España con toda la oferta online identificada. El Consell venía denunciando desde el pleno de marzo que el registro estatal era un «coladero» que daba cobertura al alquiler de temporada usado como turístico encubierto.
La Junta de Gobierno del Consell Insular aprobó el 24 de abril imponer 2.501 euros en penalidades a La Terraza de Pelaires S.L., adjudicataria del Lote 5 de la playa de Cavall d’en Borràs. El acta recoge que el socorrista no estaba «ni identificado ni presente» en el momento de la inspección, pero el Consell solo aplicó la falta leve por falta de identificación, ignorando que la ausencia física podría haberse calificado como falta muy grave.
La patronal reclama una rectificación y acusa a la institución de comunicar el reparto a solo 15 días del inicio de las restricciones. Sostiene que el retraso ha generado inseguridad jurídica y perjuicios a las empresas del sector.
Las compañías habían presentado 124 solicitudes para autorizar 24.112 coches, pero el Consell mantiene el límite aprobado para este verano, con 2.000 vehículos menos que en 2025. La decisión llega a poco más de dos semanas del inicio de las restricciones, el 1 de junio, tras las críticas del sector por el retraso en confirmar los cupos.
Baleval denuncia que las compañías siguen sin saber cuántos vehículos podrán operar desde el 1 de junio y advierte de que la demora puede afectar a turistas con vuelos y hoteles ya contratados.
La institución insular presentará alegaciones de forma urgente y recurrirá la decisión de la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, que recortó un tercio los servicios de playa. El Consell considera que, recolocando las instalaciones, todos los lotes son viables.
El caso más singular es el de Can Escarrer, cuya subvención cae por el debate sobre los límites entre agrocultura, degustaciones y actividad turística
El presidente insular, Vicent Marí, carga contra Aena y el PSOE por un proyecto de 229,7 millones que duplicaría las puertas de embarque del aeropuerto: “Deberían asesorarse e invertir en los que nosotros consideramos clave».
El grupo ecologista tilda de «demencial» el proyecto de Aena que pasará el aeropuerto de 17 a 32 puertas de embarque. Y exige a las instituciones baleares que emitan informes desfavorables. Considera que la infraestructura es ya «un monstruo sobredimensionado» para una isla con problemas crecientes de agua, vivienda y saturación.
Se trata de 42 plazas que actualmente tiene operativas el Consell en un inmueble propio y que, una vez adjudicado, serán gestionados por una empresa.
Marí celebra subidas de usuarios de hasta el 20% con la nueva red de autobuses y reclama más financiación para sostener un servicio que aspira a pasar de 5 a 9 millones de viajes anuales.
La institución defiende que el acuerdo permitirá salvar y reforzar el grado tras las advertencias de ANECA y limita las clases online a casos “puntuales”.
La institución insular muestra su apoyo a la víctima y pide justicia.
La red ampliará más de un 53% sus frecuencias, con más servicio en líneas troncales, rutas de playa y conexiones con el aeropuerto. El Consell ha reforzado además dos de los corredores con más demanda tras las reclamaciones registradas en las primeras semanas.
La institución insular atribuye a la concesionaria carencias en la comunicación previa, la señalización y parte de la información al usuario. Al mismo tiempo, desvincula de ese contrato buena parte de los problemas que arrastran los tótems y pantallas de las paradas.
Casi tres meses después del anuncio, el sistema no está operativo pese a que el Consell lo considera clave para frenar las citas fantasma y rebajar el atasco de la inspección técnica en la isla. La previsión oficial es que se ponga en marcha en el transcurso del próximo mes.
