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agosto 2026
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La diputada Irantzu Fernández denunció que el alcalde de Ibiza actúa con «una mano» desmantelando asentamientos irregulares de trabajadores y con «la otra» comprando una VPL y alquilando sus propiedades a precio de mercado. El PP respondió calificando el caso de «falsa polémica política» y defendió que Triguero sigue «exactamente el mismo procedimiento» que cualquier ciudadano.

Los populares emplazan al gestor aeroportuario a explicar por qué duplica puertas de embarque, mostradores y zonas comerciales si, como sostiene, el proyecto no incrementará la presión sobre la isla. Y plantean alternativa: que la inversión del Estado se destine a infraestructuras hidráulicas, carreteras, movilidad, transporte público y refuerzo de la seguridad, incluida la aeroportuaria.

La Proposición No de Ley, firmada por la diputada Margalida Pocoví y por el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, sostiene que el modelo del DORA es «incompatible» con la contención turística votada en las islas y reclama al Gobierno paralizar el proyecto y acelerar en el Congreso la ley de cogestión. Unides Podem ha registrado el mismo día una iniciativa convergente.

El presidente insular del partido y portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, exige al Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique y consensúe el proyecto con las instituciones ibicencas. El senador autonómico Miquel Jerez vincula la ampliación con la subida de tasas aeroportuarias prevista en el DORA III. Y ambos increpan al PSOE local: «¿Dónde están los socialistas ibicencos?».

El proyecto aprobado por el Parlament le da a las administraciones Baleares (desde el Govern a los ayuntamientos) un mayor peso en decisiones sobre la infraestructura aeroportuaria. Las reformas que planea Aena incementarían en un 88% las puertas de embarque y han recibido numerosas críticas de ambientalistas. La cogestión aeroportuaria está pendiente de su tratamiento en el Congreso: la velocidad con la que se tramite podría ser determinante para el futuro de Es Codolar.

Con el cambio de ley, intentó comprar el local comercial ubicado en el bajo del complejo Resident Park 2 de Can Misses que finalmente el alcalde reconvirtió en Vivienda de Precio Limitado por el que estalló el escándalo. La mujer tuvo que irse de la isla al no poder hacer frente a la renta. Además, fue amenazada por un abogado por críticas contra Triguero en las redes sociales. 


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