La supuesta garante de la legalidad en el Ayuntamiento de Sant Josep en virtud de su cargo como secretaria de la Corporación está siendo investigada por realizar obras ilegales en una vivienda propiedad de su familia ubicada en suelo rústico común de su propio municipio: María Domingo está bajo la lupa del Juzgado de Instrucción Nº3 de Ibiza en el marco de la operación iniciada en 2022 denominada Magister dixit por la Guardia Civil y que se llevó por delante la carrera política del entonces alcalde, el socialista Ángel Luis Guerrero Gelu.
Esta investigación se inició a partir de la denuncia de la arquitecta municipal Silvia Toldrá ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que fue la génesis de la Magister dixit: supuestas irregularidades facilitadas gracias a la contratación de informes externos contrarios a su criterio en la urbanización Vadella 64 y en dos construcciones de es Cubells y Cala Bassa.
Por este motivo, tanto el ex alcalde como la letrada de Urbanismo del Ayuntamiento, Carla García Martínez, están en el epicentro de la investigación.
A raíz de esta denuncia inicial, el Seprona obtuvo autorización judicial para intervenir las comunicaciones de los primeros investigados. A través de las escuchas telefónicas y de otros indicios, descubrió nuevos casos susceptibles de ser delitos contra la ordenación del territorio. A este delito, la investigación acabó añadiendo los delitos de cohecho y prevaricación administrativa, en este caso para los funcionarios y políticos implicados en el caso.
Registro y detenciones en Sant Josep
A partir de ellas se desencadenó el registro del Ayuntamiento de Sant Josep y de varios despachos profesionales implicados en los expedientes analizados.
Fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad el entonces alcalde en funciones y regidor de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, la letrada municipal, Carla García, y dos abogados, un aparejador y un constructor. Desde entonces, no se han producido nuevas detenciones, ni avances significativos en la investigación, tal como ha venido avanzando La Voz de Ibiza en los últimos días.
En estos momentos, se mantiene viva la última prórroga de seis meses decretada el 21 de febrero de 2025 por la magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín Montero, debido al “volumen, naturaleza y complejidad” de la causa. según el auto al que ha tenido acceso y que obra en poder de La Voz de Ibiza.
Una llamada intervenida
Las obras ilegales de María Domingo en su domicilio familiar fueron incorporadas a la investigación a raíz de una llamada telefónica entre la todavía secretaria municipal y la letrada de Urbanismo.
En la conversación, cuya transcripción obra en poder de La Voz de Ibiza y que obviamente forma parte del auto de la Guardia Civil y del sumario, los investigadores conocen las obras ilegales de Domingo.
Denuncia anónima
Las irregularidades habían sido objeto de una denuncia anónima ante el Consell de Ibiza, cuyo departamento de Ordenación del Territorio levantó acta sobre las mismas y traspasó el caso al Ayuntamiento de Sant Josep, en tanto que las irregularidades fueron ejecutadas en rústico común y, por lo tanto, terrenos de competencia municipal.
Según la Guardia Civil, tras la inspección del Consell de Ibiza Domingo “habría realizado gestiones para conocer el presumible curso del expediente derivado de la inspección”.
La tapadera
Para la Guardia Civil, en esa conversación interceptada el 30 de marzo de 2023 con la abogada de Urbanismo, la secretaria del Ayuntamiento de Sant Josep reconoce que esas obras “no están amparadas por la declaración (se desprende que comunicación previa) que posee”.
“Destacable resulta como conciertan ambas personas vinculadas al Ayuntamiento una estrategia para posiblemente beneficiar a una empleada pública en el marco del futuro expediente de disciplina urbanística que se instruiría en la entidad local, ya que acuerda esperar por el momento y no presentar todavía ninguna solicitud”, señala el informe de la Guardia Civil.
Estas evidencias acabaran con el nombre de María Domingo en la causa de Magister dixit. Y no por su trabajo como secretaria de la corporación y por lo tanto garante de que las contrataciones de los profesionales externos que emitieron informes y las licencias de obras concedidas posteriormente por la Junta de Gobierno, sino como promotora de obras ilegales en la finca propiedad de su hija.
María Domingo no respondió ayer al intento de La Voz de Ibiza de conocer su versión de los hechos. Su abogado y hermano, Manolo Domingo, simplemente se limitó a desmentir la información.
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