El Consell Insular de Formentera ha aprobado la prórroga por cinco años del contrato de gestión del abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado que mantiene con la empresa Aqualia, pese a que los pliegos de licitación vigentes desde 2005 contemplaban únicamente prórrogas de carácter anual, hasta un máximo total de 25 años.
Esta decisión fue adoptada en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 28 de mayo de 2025, a propuesta de la consellera de Medio Ambiente y tras la solicitud formal de la concesionaria, registrada el 24 de marzo.
Aqualia solicitó la actualización del contrato, incluyendo un plan de inversiones que contempla mejoras clave en la infraestructura hidráulica de la isla, entre ellas la renovación del depósito de Es Pujols, la ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento en Sant Ferran y la mejora del suministro en alta hacia Ca Marí.
Una única prórroga de cinco años
Aunque el contrato original, firmado el 17 de mayo de 2005, establece una duración inicial de 20 años (con vencimiento en junio de 2025) y la posibilidad de extenderlo hasta cinco años más mediante prórrogas anuales, el Consell ha optado por una única prórroga de cinco años de duración.
Para ello, se ha basado en un informe jurídico encargado expresamente para valorar la viabilidad legal de esta opción.
Aunque los pliegos establecen prórrogas anuales, esta cláusula -según el análisis realizado- no se considera esencial, y por tanto, es jurídicamente válido optar por un período de extensión único siempre que no se supere el límite legal de 25 años de concesión pública y no se altere el objeto ni las condiciones del contrato original.
En tal sentido, el secretario del Consell, Ángel Custodio Navarro Sánchez, tras el desarrollo de diferentes jurisprudencias, concluye que “en este supuesto concreto que el hecho de que los pliegos prevean la posibilidad de aprobar las prórrogas del contrato año a año, es decir, por anualidades hasta un máximo de cinco años, no responde a ninguna motivación y/o razón que justifique que esta condición constituya una condición esencial del contrato y, por tanto, el órgano de contratación quedaría facultado para aprobar una prórroga por un plazo superior a la anualidad, hasta un máximo de cinco años, siempre teniendo en cuenta que la duración máxima de este contrato, junto con sus prórrogas, es de veinticinco años».
Según una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales recogida en el informe, la alteración “de los términos en que puede acordarse la prórroga prevista en los pliegos no es una modificación del contrato si no se modifica la duración del mismo”.
“La adecuación del término temporal de las prórrogas a las necesidades existentes, sin alterar la duración total de la mismas, no supone una modificación de un elemento esencial del contrato, en tanto que se mantendrían incólumes los dos elementos temporales esenciales del mismo, como son el plazo máximo por el que se puede prorrogar y el plazo total máximo de duración del contrato”, justifica el Consell.
En consecuencia, la concesión continuará hasta 2030, sin que ello implique cambios en el régimen tarifario ni en las obligaciones contractuales de Aqualia.
Justificación técnica
Además del aval jurídico, la decisión ha contado con la valoración técnica del Consell, que evaluó positivamente la propuesta de inversiones de Aqualia.
El informe concluye que las actuaciones previstas no implican nuevas prestaciones, sino que responden a necesidades urgentes de mantenimiento, mejora y ampliación de la red existente. De todas formas, el Consell establece un plazo máximo de un mes para que la empresa «presente un plan de actuación para afrontar las inversiones derivadas de las actuaciones anteriormente mencionadas».
También destaca que el plazo de cinco años permite una mejor planificación de las obras, evita retrasos administrativos recurrentes y asegura la continuidad del servicio sin interrupciones.
La posibilidad de renovar por un único periodo también está contemplada en la doctrina de la contratación pública, siempre que se mantenga el equilibrio económico del contrato y no se limiten los principios de libre concurrencia en futuras licitaciones.
Un contrato con historia
El contrato actual se remonta a 2005, cuando el entonces Ayuntamiento de Formentera (posteriormente Consell Insular) adjudicó el servicio a Aqualia por un periodo inicial de veinte años.
Desde entonces, la empresa ha ejecutado diversas obras de mejora y mantenimiento en la red, como la sustitución de colectores en Es Pujols, la instalación de sistemas de telelectura o la implementación de detectores de alivios en la red de saneamiento. La empresa también ha participado en la gestión del Fondo de Inversión del contrato, del que han salido numerosos proyectos financiados en colaboración con Abaqua.
En esta ocasión, Aqualia ha propuesto invertir en tres nuevas actuaciones valoradas positivamente por los técnicos del Consell. Se trata de proyectos que, según el acta oficial, no podrán repercutirse a los usuarios del servicio a través de las tarifas, tal como estipulan los pliegos originales y la ordenanza fiscal correspondiente.
Próximo horizonte: nueva licitación
La aprobación de esta prórroga no cierra el debate sobre la futura gestión del agua en Formentera. De hecho, el Consell ya tiene en marcha el expediente para una nueva licitación, con el objetivo de “garantizar un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades actuales y futuras de la isla”.
Según consta en el expediente administrativo, ya se ha elaborado una “memoria de valoración de la forma más sostenible y eficiente” para la próxima contratación, lo que apunta a que el contrato que sustituya al actual en 2030 podría tener nuevas condiciones, operadores y objetivos de sostenibilidad.
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