La operación inmobiliaria del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y su esposa tenía una lógica económica impecable sobre el papel, demasiado bonito para ser verdad: comprar barato, un decir, un local en uno de los barrios más cotizados de Ibiza, reconvertirlo en vivienda al amparo de la Ley 3/2024, mudarse a su nueva Vivienda de Precio Limitado (VPL) y poner en alquiler el piso familiar en el mismo edificio a precio de mercado. La familia incrementa el patrimonio de forma exponencial sin necesidad de rascarse el bolsillo ya que la renta del piso alquilado es suficiente para financiar la operación. Jugada maestra.
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Sin embargo, lo que apuntaba a pelotazo se ha acabado convirtiendo en una ruina tras destapar la investigación de La Voz de Ibiza las irregularidades de la operación en el caso Triguerogate.
Para reingresar a la legalidad, cortar la sangría y evitar tener que irse a casa, el alcalde de Ibiza se sacó de la manga una coartada que nadie se cree, salvo sus acólitos cuyo sueldo depende en parte de su supervivencia política.
Ahora sabemos que cuenta con el apoyo también del Partido Popular, en virtud de las declaraciones del presidente insular de la formación, José Vicente Marí Bosó, en una reciente entrevista.
Triguero anunció por sorpresa el martes en su patética comparecencia sin preguntas antes los medios que pondrá en el mercado asequible la polémica VPL a la que se había mudado hace unas semanas. Esto significa buscar un inquilino por un precio muchísimo menor al que tenía pensado embolsar por la otra renta.
Se mire por donde se mire, la salida de Triguero es inverosímil, salvo que le pongas muchas ganas.
Coartada inverosímil
Si no había suficientes argumentos para no creerse que la intención de Triguero había sido desde el primer minuto una legítima inversión como quiso hacer ver el martes con el hecho de que la familia estuviera viviendo allí desde hacía semanas, que hubiera alquilado su anterior piso y, por lo tanto, abandonado su hogar sin tener al que ir, que hubiera tratado de hacer ver que cumplía con requisitos esenciales con una cesión cosmética de parte de su patrimonio a sus hijos en una operación dudosa cuando menos y que no hubiera dado esta explicación en la primera ocasión que tuvo cuando La Voz de Ibiza le preguntó por esta cuestión y su salida fuera «estoy muy tranquilo», los datos económicos son devastadores.
La operación es una ruina que dice bien poco de quien se supone que tiene algún conocimiento financiero, en tanto es empleado de banca en excedencia como delegado de la oficina de Caixa Colonya en Santa Eulària y con amplia experiencia en revisar operaciones de financiación para su clientes. Se mire por donde se mire.
La idea
Triguero y su esposa vivían con sus dos hijos pequeños en un piso de la segunda planta de un edificio del barrio de Can Misses, la zona residencial más cotizada de la ciudad de Ibiza. El piso es propiedad de la esposa al 100%.
En la planta baja del mismo edificio había un local comercial con un cartel de «se vende». Llevaba décadas vacío. Nadie lo quería. Las limitaciones urbanísticas lo convertían en un espacio fuera de mercado.
Pero la Ley 3/2024, de 3 de mayo, de medidas urgentes en materia de vivienda de las Islas Baleares abría una nueva vía: permitía reconvertir locales en viviendas de precio limitado.
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El Ayuntamiento que preside el propio Triguero había autorizado los cambios de uso en la zona de Can Misses desde noviembre de 2023 a partir de su validación en el pleno.
El matrimonio vio el cartel, llamó y se anticipó a otros dos vecinos interesados. Y empezó a hacer cuentas. La operación era redonda: comprar el local a precio de local, reconvertirlo en vivienda, mudarse a un bajo con un patio delantero de 45 metros cuadrados, otro trasero de 75 metros con acceso a un frondoso jardín y a la piscina comunitaria, y alquilar el piso de arriba.
Negocio redondo por donde se lo mire: comprar barato, vivir mejor, cobrar una renta.
La compra y la solicitud
En junio de 2025, Triguero y su esposa compraron el local al 50% cada uno, con una hipoteca de Cajamar de 208.000 euros sobre una tasación como local de 366.814 euros.
La operación de compra se cerró en torno a los 400.000 euros, a los que se sumaron unos 200.000 euros de reforma. En total, una inversión de aproximadamente 600.000 euros para hacerse con un bajo en uno de los barrios más exclusivos de Ibiza, un precio que en el mercado libre resultaría una ganga.
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El 1 de julio, se presentó ante el Ayuntamiento de Ibiza la solicitud de cambio de uso de local a vivienda. La nueva vivienda nacía con carácter permanente como Vivienda de Precio Limitado, sujeta a precios tasados y a requisitos de acceso durante toda su vida útil. Es la contrapartida que la ley exige a cambio de la recalificación urbanística.
Tramitación exprés y el primer error
Cinco meses después de la solicitud de cambio de uso, el matrimonio formalizó pactos sucesorios ante notario. Herencias en vida a favor de sus dos hijos menores, que no llegan a los diez años.
La esposa cedió su 50% del local, mientras que Triguero cedió su 50% de otra vivienda que tiene en Can Misses. Resultado: Triguero se quedó en exactamente el 50%, el umbral máximo que permite la ley para acceder a una VPL. Ni un punto más, ni un punto menos.
Pero ambos se reservaron la facultad de disponer de los bienes cedidos hasta que los hijos cumplan 35 años, con capacidad para vender, hipotecar y administrar sin rendir cuentas, y revertir la operación cuando quisieran, dado que los menores están representados por ellos mismos. Las cesiones son, en la práctica, cosméticas.
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Y cometieron un error de cálculo: los pactos sucesorios no tocaron el piso de la esposa. Ella sigue siendo propietaria al cien por ciento de la vivienda de la segunda planta del mismo edificio. El maquillaje cubría al marido. La mujer seguía incumpliendo.
Como publicó La Voz de Ibiza, seis fuentes jurídicas independientes coinciden en que los pactos sucesorios de Triguero no cumplen con el artículo 2.5 de la Ley 3/2024. Dos abogados en ejercicio, dos bases de datos jurídicas especializadas y un notario lo califican de fraude de ley «de libro» por sus similitudes con un alzamiento de bienes.
La licencia, mudanza y más errores
A principios de marzo, la familia se instaló en el bajo reconvertido, sin haber inscrito la vivienda en el Registro autonómico de viviendas de precio limitado ni haber presentado declaración responsable de beneficiarios, trámites obligatorios según la normativa.
La licencia de primera ocupación, que marca el final de la tramitación urbanística municipal, la recibió la esposa el 6 de marzo. Ella es la representante ante el Ayuntamiento, quien inició los trámites y quien recibe las notificaciones. Y es también quien no cumple los requisitos para residir en la vivienda que ha promovido.
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Casi en simultáneo, el 1 de marzo, el piso de la esposa en la segunda planta del mismo edificio se había puesto en alquiler. Los precios en la zona rondan los 3.000 euros mensuales. Como barato.
La ruina del plan: lo que cambia la investigación
Cuando La Voz de Ibiza destapó las irregularidades, Triguero debió maniobrar de urgencia para tapar el escándalo: anunció en una comparecencia pública que la VPL será comercializada en alquiler asequible. Y ahí es donde el plan financiero se derrumba.
La Ley 3/2024 y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de febrero de 2026 —publicado en el BOIB núm. 24 de esa misma fecha y con efectos desde el 1 de enero de 2026— fijan los precios máximos de alquiler para una VPL en Ibiza, que pertenece al grupo A de municipios, el más caro de Baleares.
Para una VPL tipo 1 (creadas en edificaciones existentes), el precio máximo de alquiler mensual oscila entre 9,83 y 12,04 euros por metro cuadrado útil, en función de la calificación energética del inmueble.
En términos prácticos, para una vivienda de entre 70 y 90 metros cuadrados útiles —el máximo que permite la ley para una VPL—, el alquiler máximo legal se situaría entre unos unos 700 euros en el peor escenario y un máximo de 1.084 euros en el mejor caso (90 m² útiles con etiqueta energética A).
En el caso de la VPL de Triguero, se trata de una vivienda de 90 metros cuadrados de cuatro estancias.
Por lo que podrá recibir un alquiler de poco más de 1.000 euros. Lo mismo que puede llegar a costar rentar una habitación en la isla. Pero, en este caso, por un piso de lujo, de cuatro habitaciones, un patio de 50 metros delante y otro de 70 detrás, en una finca con piscina comunitaria, amplio y frondoso jardín en el cotizado barrio residencial de Can Misses.
Muy lejos de los 3.000 euros que genera el piso de arriba en el mercado libre. Y a años luz de la rentabilidad que cabría esperar de una inversión de 600.000 euros, cuyo rendimiento razonable en el mercado inmobiliario ibicenco debería rondar el 8-9% anual, es decir, entre 4.000 y 4.500 euros mensuales.
Rentabilidad negativa
Los números no mienten. La familia Triguero invirtió aproximadamente 600.000 euros en la operación —unos 400.000 en la compra del local y otros 200.000 en la reforma—. Si alquila la VPL a precio máximo legal, dado que la vivienda tiene 90 metros cuadrados, el ingreso mensual rondaría los 1.000 euros, lo que supone 12.000 euros anuales.
Sobre una inversión de 600.000 euros, eso representa una rentabilidad bruta del 2% anual. Con una inflación en España que se ha situado entre el 2% y el 3% en los últimos años, la rentabilidad real de la operación es negativa o prácticamente nula: cada año que pase, la inversión pierde poder adquisitivo en términos reales.
Para comparar: en el mercado libre de Can Misses, un inmueble de esas características generaría fácilmente 3.000 euros mensuales, es decir 36.000 euros anuales, una rentabilidad del 6% sobre la misma inversión. El doble de la inflación. El triple de lo que permite la VPL.
Y lo más relevante: el régimen de Vivienda de Precio Limitado es permanente. No tiene fecha de caducidad. El techo legal del alquiler es para siempre.
Así, lo que nació como un pelotazo se ha convertido, por obra y gracia de la investigación periodística, en una carga económica de largo recorrido.
Sin que la VPL tenga expectativa de convertirse en una vivienda libre en algún momento y a través de la revalorización obtener plusvalías con las que cubrir el quebranto.
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