El Grupo Municipal Socialista de Ibiza ha encabezado esta mañana una rueda de prensa en la plaza Joan Marí Cardona en donde ha brindado una valoración «sobre las presuntas irregularidades en la vivienda del alcalde de Eivissa, Rafa Triguero«, desveladas por una investigación de La Voz de Ibiza.
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Tal como avanzara este medio ayer, Triguero ha ignorado al menos cinco normas. La principal, la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda del Govern balear. Las otras normas que está incumpliendo Triguero son: la Ley de Propiedad Horizontal, el Reglamento de Urbanismo del Consell de Ibiza, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la Ley de Procedimiento Administrativo.
En ese contexto, desde el PSOE han considerado que «las informaciones publicadas sobre la situación del inmueble del alcalde son de una gravedad absoluta y demuestran claramente que el alcalde de Eivissa está preocupado por la vivienda, pero sólo por la suya».
La concejala socialista, Carmen Boned, ha afirmado que ‘consideramos que mientras Triguero se niega a chocar los precios del alquiler y se dedica a desahuciar a los más vulnerables, hoy parece que hacía uso de información privilegiada y cometía numerosas irregularidades para favorecer sólo su situación personal y familiar. Es intolerable y si no sale de inmediato a desmentir estas informaciones periodísticas queda absolutamente deslegitimizado para seguir ejerciendo su cargo”.
Además, han expresado que «es preocupante no sólo el fondo, sino también la forma». Es que el Grupo Municipal Socialista solicitó acceso a los expedientes de las obras para esclarecer los hechos y «el equipo de gobierno del PP ha incumplido su obligación de responder. Aún hoy esperamos la respuesta».
«Esta opacidad es una forma de obstaculizar el control por parte de este grupo y de impedir que la oposición ejerza su función», denunciaron. Ante esta situación, también han registrado un escrito en el Ayuntamiento de Vila denunciando formalmente esta falta de transparencia.
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«No aceptaremos que se bloquee el acceso a la información pública cuando hay dudas fundadas sobre actuaciones que afectan al interés general», ha afirmado Boned.
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«Queremos ser muy claros: en una isla donde miles de ciudadanos tienen serias dificultades para acceder a una vivienda, donde Triguero se dedica a desalojar a las personas de asentamientos mientras él se arregla una vivienda a precio limitado en el barrio de Can Misses, cualquier sospecha de uso indebido de una vivienda por parte de un cargo. Por todo ello, exigimos, el acceso inmediato y completo a los expedientes y que Triguero dé explicaciones claras y directas», concluyó Boned.
Por su parte el concejal Pep Tur, ha dicho que desde el PSOE se considera que «el alcalde habría dado una versión falsa sobre la situación legal de su vivienda. No es una situación nueva. Desde el inicio de la legislatura hemos denunciado que Triguero utiliza la mentira como una herramienta más».
Tur ha afirmado que «si Triguero ignora su propia comunidad de vecinos como pretendemos que sea capaz de gestionar los intereses de los ciudadanos de Eivissa. Y en todo ese periplo ha mentido sobre la situación en la que se encontraba la vivienda en cuestión en las reuniones mantenidas con el medio de comunicación que ha publicado esta investigación, cambiando de versión sobre la marcha. También ha mentido al propio Govern balear, ocultando la información de su HPL al no inscribirlo».
Desde PSOE manifestaron también que «Triguero vive en una vivienda protegida sin tener ningún derecho a hacerlo legalmente. Ya no son sólo las multas y consecuencias legales que puede tener toda esta actuación. Es la demostración de que Triguero no tiene ningún problema en saltarse toda la normativa vigente sobre vivienda en medio del drama con la vivienda que vivimos actualmente».
Tur concluyó afirmando que «también sabemos que Triguero y su mujer han alquilado la anterior vivienda en la que vivían, una situación que deja otra sospecha sobre si toda la operación de reconversión del local en vivienda no ha sido más que para poder especular con la anterior».
En esa línea, cuestionó que «el objetivo del decreto autonómico de vivienda era el de facilidad vivienda asequible a quien no la tiene. Con el drama social de la vivienda, Triguero recalifica un local como vivienda, que podría alquilar a un precio limitado, pero quizás prefiera ganar mucho más dinero alquilando su actual casa y pasar a vivir él a la de precio limitado. No podemos decir que sea muy ejemplar viniendo precisamente del alcalde de la principal ciudad de la isla con el principal problema de vivienda de todo el estado”.
